El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes extender la contratación seguridad privada a todas las prisiones españolas. En Burgos la medida afectará a 80 guardias de civiles que realizan servicios en la cárcel, que podrían sufrir un traslado de destino forzoso. La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que si hay dinero para contratar empresas privadas, también lo hay para sacar una nueva oferta pública de empleo
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios del país, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de mayo la contratación de empresas de seguridad privada, consolidando un proyecto piloto iniciado el pasado año. Los vigilantes realizarán labores que hasta ahora eran responsabilidad de Guardia Civil y Policía Nacional, lo que supondrá, a juicio de la asociación, una reducción de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con traslados forzosos.
El proyecto piloto se puso en marcha en 21 de los 67 centros dependientes del Ministerio de Interior, con la contratación de 254 vigilantes y un presupuesto de 7 millones de euros. Con el nuevo contrato, el servicio se extiende a todas las prisiones españolas, ampliando el número de efectivos hasta 800 y con un coste de 33 millones de euros. De acuerdo con los datos facilitados por Jesús Pérez, secretario provincial de AUGC, en el centro penitenciario de Burgos se cuenta con 80 guardias civiles que realizan todo tipo de trabajos de seguridad, vigilancia y traslado de internos.
Reducción de plantilla
Los agentes no trabajan en exclusiva para la cárcel, sino que realizan labores similares en Subdelegación del Gobierno, Comandancia de la Guardia Civil y cuarteles, además de en el Aeropuerto y la Fábrica de la Moneda, de manera esporádica. Con la llegada de la seguridad privada, estos profesionales se dedicarían únicamente a traslado y custodia de penados e internos, quedando las labores de vigilancia, control de accesos y circuito cerrado de televisión para los nuevos contratados. Por ello, Pérez avanza que se producirán cambios de destino “forzosos y encubiertos”, aunque el Gobierno Central lo niegue.
La justificación del Ministerio de Interior se centra en asegurar que se busca destinar al mayor número posible de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional a “la realización de funciones exclusivas”, además de compensar la falta de personal ante una disminución de la Oferta Pública de Empleo. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles insisten en que estas razones se caen por su propio peso, puesto que si no hay dinero para la Oferta Pública de Empleo, tampoco lo tendría que haber para contratar servicios de seguridad privada por 33 millones de euros.
El contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, y Castilla y León se oferta junto con Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja, por un montante de 8,5 millones. La adjudicación será por un año y el servicio comenzará a prestarse el 22 de junio. Para la AUGC, el Gobierno Central pretende “rescatar a las empresas de seguridad privada” del país.
Fuente: Burgos Conecta
