El pasado 14 de junio el Gobierno aprobó el proyecto de ley de seguridad privada, que fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y en los próximos días este proyecto deberá ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados, donde CiU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad, según aseguró el parlamentario de esta formación, Jordi Jané i Guasch, en un seminario organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Jané aseguró que «CiU votará en contra del proyecto de ley de seguridad privada si la norma no se modifica en trámite parlamentario». El diputado de la formación catalanista, que es vicepresidente del Congreso, afirma que «las cifras en España nos demuestran que el sector de la seguridad privada puede crecer» y para ello recordó los datos del sector, en el que trabajan cerca de 1.500 empresas, donde hay en torno a 85.000 trabajadores, y cuya facturación el año pasado superó los 3.200 millones de euros. Todo esto, CiU lo tiene en cuenta, pero no convence entre los nacionalistas catalanes la forma en que se ha gestado este proyecto.
Por parte del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, consideró que este proyecto de ley es «necesario, oportuno y actual». Lo que más preocupaba en el Gobierno es que la anterior ley, que data de 1992, se había quedado obsoleta y había sido superada, como señaló Martínez Vázquez: «por una profusión de normas que la desarrollaban y que hacían que la materia resultara incomprensible».
Otra de las principales razones que arguyó el secretario de Estado en favor de la elaboración de este proyecto de ley es que se trata de «dinamizar un sector económico pujante que, además, proporciona un servicio esencial para los ciudadanos como es el de la seguridad». Martínez Vázquez apuntó que los puntos fuertes de esta ley son: su capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y la profesionalización, algo que confía que acabará con el intrusismo. «Se trata de un proyecto de ley de enorme calidad técnica, que aúna muchos esfuerzos y que cuenta con el consenso de miembros del sector y usuarios. En definitiva, es la ley de todos», subrayó.
Sin embargo, no es cierto que sea «la ley de todos». La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), rechaza frontalmente este proyecto de ley porque saben que la nueva norma permite a los vigilantes privados realizar tareas de control perimetral tanto en centros penitenciarios como en centros de internamientos de extranjeros (los llamados CIE).
Tampoco la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, aprueba la nueva legislación. El pasado miércoles, desde CSI-F, animaban a llevar a cabo una campaña de movilizaciones en toda España en protesta por el proceso de privatización en las cárceles, iniciado en principio con los agentes encargados de la seguridad exterior y la situación deficitaria de las plantillas.
Por tanto, aunque la nueva ley pretende conseguir un marco jurídico flexible y obtener la máxima eficacia con la máxima eficiencia en beneficio de la seguridad general. Aunque su objetivo es regular la coordinación y colaboración entre seguridad pública y privada, como señaló uno de los asistentes al seminario de la UNIR, «esto no parece la ley de seguridad privada, más bien parece la ley de las empresas de seguridad privada».
