El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha avisado hoy que el anteproyecto de ley de seguridad privada del Gobierno supone un «paso atrás» en materia competencial y ha reivindicado que la Generalitat ejecute la autorización, inspección y sanción en seguridad privada, como prevé el Estatut.
En declaraciones a los periodistas, Espadaler ha avisado que desde su departamento batallarán para que la normativa que impulsa el Gobierno no invada competencias autonómicas o prive a la Generalitat de desarrollar las funciones previstas en el Estatut de Cataluña, que no se recogen en el borrador del ejecutivo central. Según el conseller, el «horizonte óptimo» sería que la Generalitat pasara a controlar todos los aspectos relativos a la seguridad privada, de acuerdo con el artículo 163 del Estatut, que no fue recurrido y, por lo tanto, tiene plena vigencia.
En concreto, el Estatut subraya que a la Generalitat le corresponde la ejecución de la legislación del Estado en la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en Cataluña y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio. El artículo 163 el Estatut también otorga a la Generalitat la ejecución de la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en Cataluña, así como la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas de los Mossos d’Esquadra y las policías locales.
Por contra, Espadaler ha subrayado que el borrador del Gobierno recoge elementos positivos que parten de iniciativas de la Generalitat, como autorizar que la vigilancia privada se encargue de la seguridad en los perímetros de las prisiones o que se otorgue la condición de «autoridad pública» a los vigilantes, por ejemplo de los transportes públicos.
