Desde CISPE venimos advirtiendo desde hace años de una realidad incómoda: las agresiones a los vigilantes de seguridad en Euskadi no son casos aislados, sino un problema estructural y preocupante que no hace más que crecer. Lo que ocurrió anoche en la estación de Metro de Urduliz es el último y brutal ejemplo.

Dos compañeros de I-SEC Aviation Security fueron atacados por un grupo de nueve grafiteros cuando intentaban impedir que pintaran un convoy. El resultado, previsible cuando se actúa sin medios y sin respaldo: patadas, puñetazos, golpes con botes de spray, una brecha en la cabeza que requirió grapas, dos dedos rotos, tendones afectados y múltiples contusiones. A uno de ellos le rompieron las gafas y le rociaron la cara con pintura. Si no llega a llevarlas puestas, hoy estaríamos hablando de lesiones oculares graves.

No es un «altercado menor». Es una agresión violenta y múltiple. Y podría haber sido cualquiera de nosotros.

Un problema que no se resuelve con buenas palabras

Como ya explicamos en su momento, las causas de estas agresiones son diversas: desde el consumo de alcohol o drogas hasta la percepción errónea de los vigilantes como una «autoridad opresiva». Pero también hay factores que son responsabilidad directa de las empresas y las administraciones: falta de medios, ausencia de protección jurídica, formación genérica no adaptada a cada servicio y, sobre todo, una normativa que deja a los vigilantes desprotegidos en el ejercicio de sus funciones.

Mientras no se aborden estos problemas de raíz, las agresiones seguirán ocurriendo. Y cada vez serán más graves.

¿Qué exigimos desde CISPE? Cambios normativos, medios reales y responsabilidades claras

No nos vale con que las empresas o las administraciones «condenen» la agresión en un comunicado. Exigimos hechos:

• Un cambio normativo que proteja jurídicamente a los vigilantes de seguridad en el ejercicio de sus funciones. No puede ser que defenderse ante una agresión pueda acabar en sanción o en un procedimiento judicial para el compañero agredido.
• Dotación de medios y equipación actualizados, acordes a los riesgos específicos de cada servicio. En el caso de Metro Bilbao, esto incluye, como mínimo, spray de gel, protocolos operativos de verdad y plantillas suficientes. Dos vigilantes contra nueve es una ecuación que no sale.
• Formación específica y adaptada al lugar de prestación del servicio, no cursos genéricos que no sirven para el día a día. Los vigilantes necesitan saber intervenir en situaciones de riesgo reales, con procedimientos claros y actualizados.
• Colaboración real y efectiva con los cuerpos de seguridad pública. No sobre el papel. Cuando ocurre una agresión, la respuesta tiene que ser rápida y coordinada. Y eso requiere que la parte pública conozca y respete la normativa del sector.

Responsabilidades: ni Metro Bilbao ni I-SEC pueden lavarse las manos

En este caso, hay dos responsables directos que no pueden limitarse a emitir un comunicado de «condena» y seguir igual.

Metro Bilbao es el titular de la instalación. Es quien diseña el servicio, quien fija los medios y quien contrata la seguridad. Si los vigilantes no tienen spray de gel, si las plantillas son insuficientes, si la formación no está adaptada a los riesgos reales de una estación de metro, la responsabilidad es suya. Y la agresión de Urduliz demuestra que ese diseño del servicio es deficiente y peligroso.

I-SEC Aviation Security es la empresa adjudicataria. Es quien asigna los turnos, quien pone a los compañeros en el puesto y quien tiene la obligación legal de evaluar los riesgos y dotar de los medios necesarios. Si dos vigilantes se enfrentan solos a nueve agresores, algo falla en la planificación. Y si no hay un protocolo claro de actuación y respaldo, la empresa está dejando a sus trabajadores desprotegidos.

Desde CISPE exigimos responsabilidades a ambas partes. Que no busquen excusas. Que asuman lo que les toca. Y que expliquen por qué, después de tantas agresiones, siguen sin adoptar las medidas que llevamos años reclamando.

A nuestros compañeros de I-SEC

Desde CISPE os decimos claramente: no estáis solos. Contáis con nuestra defensa jurídica, con nuestro apoyo y con un sindicato que no va a mirar para otro lado. Deseamos vuestra pronta recuperación, tanto física como profesional, y estaremos atentos a que la empresa y la administración asuman sus responsabilidades.

Conclusión

La agresión de Urduliz no es un caso aislado. Es un síntoma de un problema más profundo que requiere atención y acción inmediata. Desde CISPE seguiremos denunciando cada agresión, cada carencia y cada decisión que ponga en riesgo a los vigilantes de seguridad. Y seguiremos exigiendo los cambios normativos y materiales que son necesarios para ejercer nuestra profesión con garantías.

Basta ya de promesas. Basta ya de parches. Nos merecemos respeto, medios y protección jurídica.