En tres años han sancionado a medio centenar de personas por intrusismo laboral.
La futura Ley de Seguridad Privada que otorga a los vigilantes de seguridad nuevas competencias hasta ahora propias de las fuerzas de seguridad del Estado pone en el foco algunos de los graves problemas que afectan a este sector, como es el intrusismo. Personas que realizan tareas propias de vigilantes en obras, empresas o establecimientos, a pesar de no disponer del título oficial para ello. En este sentido, la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Castellón, servicio encargado de velar por el cumplimiento de esta legislación, ha intensificado los controles para detectar y frenar este problema.
En los tres últimos años han interpuesto casi medio centenar de denuncias en este sentido. La multa es de 3.000 euros para la persona implicada y de entre 30.000 y 60.000 para la empresa que contrata a una persona para hacer tareas de seguridad privada sin la acreditación correspondiente, que se obtiene tras realizar un examen que convoca el Ministerio del Interior.
“Realizamos inspecciones nocturnas a obras y fábricas para certificar que la persona que vigila está habilitada para hacerlo. No se puede colocar a cualquier persona a controlar porque supone un peligro”, explica el jefe y responsable de esta unidad, Roberto Vespa.
El año pasado esta unidad realizó 1.159 inspecciones en establecimientos de la provincia de Castellón, una cifra superior a las llevadas a cabo un año antes, cuando se situaron en 919. Se encargan desde supervisar la instalación de un cajero automático o de controlar el servicio de seguridad de un macrofestival de música.
