El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha informado a la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) de la intención de recurrir a la seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles, algo que este sindicato rechaza y que, avisa, impugnará por tratarse de contratos «nulos de pleno derecho».
El sindicato ha señalado que prepara una denuncia para «en breve» impugnar los contratos que Instituciones Penitenciarias firme con miembros de las empresas de seguridad privada al entender que «contradicen el ordenamiento jurídico». Además, asegura que presentará las «oportunas quejas o denuncias» cada vez que se produzca un fallo o incidencia derivado de la decisión del Ejecutivo.
Acaip ha detallado que Yuste les explicó en la reunión que los contratos afectarían a 21 centros penitenciarios y que supondrían la contratación de 250 efectivos de la seguridad privada en un proyecto «experimental» que se aplicará durante nueve meses y que rechaza el sindicato al entender que «debilita el sistema de seguridad y en ningún caso supone un ahorro, más bien suculentos beneficios para las empresas afectadas».
Este contrato, según el sindicato, entrará en vigor «en breve» y del mismo se encarga la Secretaría de Estado de Seguridad. «Se tratará de personal sin armas que estarán bajo la dependencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad», abunda Acaip, que añade que, según el responsable de Prisiones, esto «en ningún caso supondrá que se ocupen puestos de trabajo establecidos para el personal penitenciario».
