La Federación de Servicios a la Ciudadanía alerta de la mercantilización del derecho a la seguridad y del abandono de los requisitos constitucionales básicos que conlleva la Ley de Seguridad Privada, que hoy se somete a votación en el Congreso.
Esta nueva norma que sustituirá a la actual, en vigor desde el año 92, va a ser el complemento indispensable del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza).
El conjunto de enmiendas propuestas no van a cambiar sustancialmente nada de la ley, salvo algunos pequeños detalles. Por tanto, desaparece la actual subordinación de las empresas privadas a la corresponsabilidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El articulado de la nueva norma contempla, por ejemplo, que los vigilantes de seguridad van a poder patrullar por las vías públicas con la autorización pertinente, para “complementar” las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los guardas rurales. Se podrá implantar que determinadas actividades, obligatoriamente tengan seguridad privada y se eliminan como infracciones graves los abusos a la ciudadanía y la tolerancia de éstos por los mandos superiores, algo que sí se exige a los cuerpos policiales.
Situación agravada por la Reforma Local
Para CCOO, lo más preocupante de la Ley sigue en pie, pues las empresas privadas de seguridad son consideradas corresponsables de la seguridad y podrán asumir el 80% de las funciones que corresponden a una policía administrativa: infracciones administrativas, sanciones, y no solo en el ámbito local. Las posibilidades de privatización de un derecho constitucional a la seguridad pública se multiplican, por efecto de la desaparición de los servicios municipales provocados por Reforma de la Administración Local.
En el País Valenciano, de los 248 municipios con policía local, aproximadamente en un 36% de ellos se corre el riesgo de que los ayuntamientos opten por la disolución o supresión de los servicios públicos, al no tener obligación de prestar el servicio, ni la competencia en materia de seguridad en los espacios públicos retirada recientemente por la nueva Ley de Régimen Local.
El sindicato recuerda que España tiene el menor índice de criminalidad de Europa y la mayor cobertura de la seguridad pública mediante funcionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad. Nuestra Constitución estipula que quien garantiza el libre ejercicio de derechos y libertades de la ciudadanía son las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que la Ley de Seguridad Privada va en detrimento de la calidad democrática, y supondrá un desembolso económico totalmente innecesario.
Fuente: La Crónica Virtual – Valencia
