La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha condenado a la Conselleria de Justicia a pagar 2.865.606 euros a una de las contratas de vigilancia de los juzgados durante los años 2002 y 2009, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La empresa de vigilancia, Grupo Cetsa, reclamaba a la Generalitat 3.237.882 euros. La firma denunció a la Conselleria de Justicia en 2007 porque la Generalitat no le había pagado desde el año 2006.
Grupo Cetsa firmó el contrato con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas el 30 de septiembre de 2002. El acuerdo fue prorrogado expresamente hasta el 30 de septiembre de 2004 y de forma tácita hasta el 17 de febrero de 2005. El 2 de marzo de 2005 rubricaron otro contrato con vigencia hasta el mes de marzo de 2009.
El director general de Justicia y Menor, según precisa el fallo, admitió una deuda con la empresa por los servicios prestados entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de marzo de 2009 por un importe total de 2.739.399 euros. La Generalitat abonó en julio de 2009 dos facturas por valor de 133.237, quedando la deuda en 2.472.925 euros.
El fallo de la sentencia especifica que de los 2.865.606 euros que debe desembolsar la Generalitat Valenciana, 2.472.925 euros corresponden a la deuda principal, 377.681 euros son intereses y 15.000 euros de costes de cobro. La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ estima parcialmente la demanda y reconoce la relación contractual que unía a la empresa de vigilancia con la Conselleria de Justicia. Los jueces han tenido en cuenta el contrato firmado y la admisión de la deuda que hizo en el año 2009 el director general de Justicia. El TSJ ha rebajado los intereses que pedía la empresa y los costes de cobro.
