El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para la contratación de vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA, para asumir la seguridad exterior de los centros penitenciarios. Varias empresas del sector de la seguridad han presentado su petición para hacerse con este servicio, si bien el Gobierno central no ha adjudicado todavía ningún contrato.
Como ya anunciaron fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, Interior pondrá en marcha un plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones. Los vigilantes privados sustituirán de esta forma a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos «auxiliares» como la vigilancia del perímetro exterior de estos centros penitenciarios o el control de las cámaras de seguridad. En ningún caso, explicaron, los refuerzos se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles, agentes que seguirán al mando del servicio de vigilancia de las cárceles y de sus instalaciones.
Interior ofreció esta opción a alrededor de 400 escoltas privados que estaban contratados en Euskadi y Navarra, pero que desde el pasado mes de marzo se encuentran sin trabajo tras la puesta en marcha del plan de reordenación de los servicios de protección. Iniciativa esta última adoptada después del cese de la actividad armada decretado por ETA el 20 octubre de 2011.
No obstante, en un comunicado, el sindicato de funcionarios de prisiones CSIF tildó de «irresponsable y kafkiana» la contratación de vigilantes privados, una decisión que, según advirtieron, supone el primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios.
Fuente: El Correo
