El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Seguridad Privada que presenta algunos cambios respecto el mismo anteproyecto que Interior presentó el pasado 12 de abril tras escucharse las sugerencias de las partes implicadas y de estudiar los informes consultivos. Entre las modificaciones más relevantes, el Gobierno ha accedido a que la empresas de seguridad privada no puedan llevar a cabo investigaciones porque, según ha indicado el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se podrían dar casos de «conflictos de intereses». Las agencias ya habían alertado de una invasión de sus competencias. Sin embargo, ha mantenido los objetivos iniciales de controlar más el sector de la investigación privada pese a que el propio ministro ha admitido que las agencias de detectives han mostrado su oposición a esos planes.
El ministro ha presentado el proyecto aprobado por el Gobierno en rueda de prensa, en la que ha adelantado que la nueva ley no va a incluir ninguna regulación específica sobre la videovigilancia de carácter privada en espacios públicos porque, por recomendación de los expertos, el ejecutivo tiene intención de presentar una ley específica a tal efecto. Jorge Fernández ha subrayado que, pese a ello, no va haber «vacío legal», ya que, «ya existe una importante doctrina en la que se basará la futura norma».
Respecto a la ley presentada este viernes, el titular de Interior ha actualizado los datos de 2012 sobre el sector de la seguridad privada para resaltar la importancia de este tipo de regulación. Según Jorge Fernández, las 1.500 empresas del sector facturaron un volumen de 3.500 millones de euros y emplearon a 85.000 personas.
Interior ha modificado su propuesta inicial y no permitirá finalmente que las empresas del sector realicen labores de investigación, reservadas a los detectives. De este modo, la regulación en este aspecto queda como en la ley todavía vigente y solo los detectives privados podrán realizar investigaciones «en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancias de parte».
No obstante, la nueva ley les controlará más que hasta ahora a las agencias y los detectives -unos 1.500 en toda España- deberán dar cuenta al ministerio de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos. Además, deberán destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe. Las agencias de investigación privada deberán además inscribirse en un nuevo registro creado para la ocasión llamado Registro Nacional de Seguridad Privada. También deberán enviar al ministerio de Interior una memoria anual de sus actividades.
El ministro ha admitido la oposición del sector a este tipo de regulación, algo que ha considerado comprensible porque «la actual regulación es muy limitada y está muy dispersa». Jorge Fernández Díaz asegura que el objetivo es «sistematizar todas estas normas y darles rango legal» teniendo en cuenta que «estas activivades afectan a derechos fundamentales, como la inviolabilidad de las comunicaciones o la intimidad personal». Cabe recordar que esta regulación llega después de que las agencias de detectives estén en el ojo del huracán por distintos casos de espionaje político o empresarial, relacionados muchos de ellos con la empresa Método 3.
En el ámbito de la seguridad privada, la ley también prevé una liberalización de ciertas actividades hasta ahora reservadas solo a este tipo de empresas. Se trata de actividades de consultoría de seguridad que, gracias a la nueva ley, podrán ser realizadas por otro tipo de sociedades.
Pese a ello, el ministro ha indicado que durante los trámites de audiencia, el sector de la seguridad privada se ha mostrado muy satisfecha con la nueva ley, que amplía los casos en los que podrán colaborar con las fuerzas públicas.
Asimismo, el titular de Interior ha asegurado que se ha hecho un esfuerzo para que la nueva ley quede bien encajada en el corpus jurídico y no entre en colisión con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
Fuente: lavanguardia.com
