La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior.
Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.
Interior habla de «refuerzo» y no de sustitución. En un principio, «dos vigilantes de seguridad» por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. «En ningún caso supondrá una reducción de efectivos» de las unidades policiales, «tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial», por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.
Poca información y transparencia
Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se «pretende es que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad del Estado».
Los vigilantes actuarán como medio auxiliar de la Policía y Guardia Civil, tal como determina la ley 32/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. ¿Qué harán los escoltas en las prisiones?. Según la documentación de la Guardia Civil, «vigilancia de garitas, control de los accesos y de las cámaras de control. En esta primera fase nunca actuarían en solitario».
No obstante, el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que «la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», por lo que habría que cambiar este ley, algo que aún no se ha hecho. Quizás por ello, explican fuentes penitenciarias, aún no se ha adjudicado ningún contrato, sino que se ha invitado a empresas de seguridad que han formado una UTE a esta «experiencia piloto».
2.000 guardias civiles en seguridad ciudadana
El sindicato CSIF asegura que este proyecto también vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que «establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas».
La mayor asociación de la Guardia Civil, AUGC, no tiene ninguna duda sobre la intención final del Gobierno: «privatizar la seguridad en las prisiones», sobre todo teniendo en cuenta que las «Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo». «Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país». AUGC recuerda que el PP no llevaba este proyecto en su programa electoral. Para el principal sindicato de prisiones, Acaip, esta medida supone «un encarecimiento inexplicable del funcionamiento de las cárceles que no aporta ningún beneficio».
Como ya adelantó 20Minutos en enero de este año, Interior barajaba llevar la privatizacióna entre 15 y 21 prisiones. Finalmente los centros elegidos han sido: Alicante II, Algeciras, Puerto I y II (Cádiz), Castellón I y II, Córdoba, Pamplona I, Huelva, Teixeiro (A Coruña), León, Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Topas (Salamanca), Sevilla II, Valladolid, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).
Seis empresas en la UTE
De momento la UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajaban para el Gobierno vasco el ministerio del Interior suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica. Una fuente de Ombuds ha explicado que ellos aportarán más de 60 vigilantes en seis prisiones: Palencia: Castellón II, Salamanca, Huelva, Pamplona y Logroño.
«El personal que va a ir a prisiones está recibiendo una formación especifica, que se suma a la que ya tiene como vigilante privado o escolta», señalan desde UGT. Lo que está claro es que los escoltas reconvertidos en las prisiones ganarán menos que lo percibían cuando daban protección en el País Vasco, según las mismas fuentes, con sueldos que rondarán los 1.200-1.300 euros.
