Juristas, policías y guardias civiles, divididos ante la nueva ley de seguridad privada

13 diciembre 2013

La nueva Ley de Seguridad Privada, cuyo proyecto obtuvo el visto bueno del Congreso este martes, ha levantado una polémica política y en los sindicatos y asociaciones que representan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las atribuciones que concede a los vigilantes privados para que, con la autorización pertinente, puedan identificar y detener en la vía pública.

Según el texto, que cuenta con el apoyo de PP, PNV y CiU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural, la norma permitirá a los vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, pero también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

«La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional«, argumentaba el diputado del PP Francisco Márquez este martes en el Congreso, y añadía que, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.

En esa misma línea abunda el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que asegura que estasa medidas ayudarán a la consolidación de un sector en pleo auge -da empleo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros al año- y que la futura ley alcanzará «la meta ambiciosa» de coordinar la seguridad pública con la privada.

«Conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez», ha sentenciado y afirma que esa es la guía del Gobierno para actualizar la normativa de seguridad privada, vigente desde 1992.

Sin embargo, esta legislación, que aún ha de pasar por el Senado, ha generado una fuerte polémica y división de opiniones entre asociaciones jurídicas y los representantes de Policía y Guardia Civil.

A quién pertenece el legítimo uso de la fuerza

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la novedad no es excesiva, porque en la práctica ya estaba ocurriendo que los vigilantes privados participaban en las detenciones, cosa que ahora la ley permite explícitamente. Mientras, Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Francisco de Vitoria han criticado este punto por considerar que solo el Estado debe ejercer el uso de la fuerza.

El presidente de la APM, Pablo Llarena, considera que la Ley de Seguridad Privada da»carta de naturaleza» a lo que establece el Artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual cualquier persona puede detener a otra en determinadas circunstancias (por ejemplo, a alguien que está cometiendo un delito, a un detenido o un preso que se fugue).

Habría, así, dos detenciones, por un lado, las «detenciones policiales que solo corresponde ejecutar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», y por otro, las detenciones particulares, con las que se habilita a «cualquier ciudadano» a detener, siempre amparado en «indicios» y para poner a disposición de los agentes al detenido, explica Antonio Labrado, de la Confederación Española de Policía (CEP).

De esta forma, «si un vigilante de seguridad procede a la detención de alguien -salvo que sea una detención a nivel particular- comete un hecho delictivo».

Por eso, entienden en la APM, el papel de un empleado de seguridad privada estará «sometido a un control por parte de los organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» (FCSE), a cuya disposición ha de ponerse al detenido y explicar los hechos que justifican la acción.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, en un Estado de Derecho el monopolio del uso de la fuerza sólo puede estar en manos de las  FCSE, y «no se puede privatizar el orden público» ni «garantizar la seguridad ciudadana con medios privados».

De hecho, augura conflictos de competencia en el futuro, algo que también prevé el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que advierte de que introducir a la seguridad privada en  el «laberinto policial español» -con hasta cinco cuerpos de seguridad incluyendo policías autonómicas- generará «riesgo de mayor descoordinación».

En este mismo sentido, la Asociación Francisco de Vitoria ha advertido de que la ampliación de las competencias de los vigilantes privados tiene «difícil encaje» con la Constitución y con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que establece que sólo estos pueden hacer funciones policiales.

Para Angel Dolado, de la Asociación Foro Judicial Independiente, además de las «disfunciones» con policías y guardias civiles, puede darse el caso de que las patrullas ciudadanas creadas en algunas localidades contraten a vigilantes de seguridad y, de esa forma, además de prevenir delitos pretendan detener al delincuente, algo que a su juicio deberían hacer sólo las FCSE.

División de opiniones en los cuerpos de seguridad

Los principales sindicatos policiales están divididos sobre las repercusiones de la Ley de Seguridad Privada, ya que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera «una barbaridad» la extensión de funciones de los vigilantes de seguridad, una posición que comparte por parte de la Guardia Civil la AUGC, mientras la CEP ve «acertada» la reforma.

La CEP ha señalado que es «tajantemente mentira» que los vigilantes privados puedan detener en la vía pública, «solo en su ámbito de protección, y luego para poner a disposición de los FCSE», pero niega que puedan realizar interrogatorios o cacheos. Eso sí, ha pedido al Gobierno que apueste más por la seguridad pública que por la privada.

Para el portavoz del SUP, José María Benito, con la nueva ley los vigilantes privados pasarán de colaborar con la Policía a «hacer de agentes», y más bien serán los efectivos policiales los que se convertirían en «colaboradores» de los vigilantes privados, puesto que «cada vez que los vigilantes privados lleven a cabo cualquier trámite» necesitarán a los policías para llevar a cabo las diligencias.

El SUP coincide en otra apreciación con la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), y es que piensan que «en vez de invertir y convocar nuevas plazas» para suplir las vacantes en las plantillas policiles, el Gobierno saca una ley para ahorrar dinero y potenciar al sector privado.

Según los datos que maneja la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en los últimos años Policía Nacional y Guardia Civil están sufriendo jubilaciones a  un ritmo de unas 4.000 al año, mientras que solo se convocan unas 500 plazas nuevas.

La UniónGC reprocha al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que «no permita que se repongan las vacantes en las plantillas policiales», lo que, en su opinión, justificaría la necesidad de otorgar competencias de seguridad pública a los vigilantes privados, como ocurre en el exterior de las cárceles, «cuando no le hace ninguna falta pues para esas funciones ha tenido hasta ahora a policías y guardias civiles».

«No nos engañemos, pretenden convertirlos en policías», afirma la UniónGC, que justifica su rechazo al recordar que los agentes policiales «se someten a un severo proceso de oposición y a una formación exigente que dura años», y no así los vigilantes, que «se pueden formar en un par de meses».

El portavoz nacional de la AUGC subraya que asignar tareas policiales a los vigilantes de seguridad es «como pedir a un enfermero que haga un trabajo de cirujano». «No se trata de darles más formación, es que es una carrera distinta», ha ilustrado.

Advierte, además, de que los vigilantes «están en manos privadas con intereses y planteamientos que nada tienen que ver con la seguridad pública«, lo que podría producir «actuaciones policiales oscuras», propiciadas por algún empresario de la seguridad privada.

Para el SUP, otro punto polémico de la ley es que se autorizan las cesiones de datos del Estado y de «bases de datos oficiales sujetas a un férreo control», para ponerse a disposición de empresas sin saber con qué objetivo.

Fuente: RTVE

Categoría: Noticias

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