Juan Antonio Pérez Cano afrontó el pasado miércoles 19 de junio el juicio por los impagos de la empresa de seguridad Esabe. Fue uno de los denunciantes que destapó el caso de esta empresa, cuyos responsables llevaban una vida de lujo, viajaban en yates y en deportivos, pero lo hacían sin pagar las nóminas de sus empleados. Pérez Cano perdió su vivienda y tuvo que entregarla al banco, que aceptó la dación en pago y ahora le permite vivir en su casa cobrándole un alquiler social. El martes le reclamará a la empresa los casi 9.000 euros que se les adeudan.
A raíz de su denuncia, junto con la de un grupo de trabajadores de toda España, la Policía Nacional detuvo a diez miembros de la cúpula de Esabe y destapó la vida de lujo que llevaban. Sin embargo, el propietario y máximo responsable de la empresa, Juan José Prados del Pino, permanece en paradero desconocido.
La entidad adeuda más de 50 millones de euros a sus trabajadores entre salarios y horas extraordinarias. Los empleados ganan todos los juicios pero tardan en cobrar o lo hacen con muchas dificultades porque no hay ningún responsable que dé la cara. Nadie se presenta a los juicios y como mucho se les embarga algo. En un desguace de un municipio próximo a Sevilla, por ejemplo, hay furgones de Esabe que están embargados.
Mientras tanto, la situación de algunos de los empleados es desesperada. A Pérez Cano otra empresa de seguridad para la que trabajó le adeuda otros 30.000 euros. Lo tiene reconocido en una sentencia que ganó, pero no ha percibido un céntimo y ahora espera que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) le abone esta deuda o parte de la misma. Algunos de sus compañeros se han suicidado. Otros, como él, han perdido su piso. «Hay quien no tiene para comer porque no llega a ingresar ni 500 euros al mes. Yo al menos estoy trabajando ahora y, con lo que gano, que no es mucho, pago el alquiler y lo suficiente para comer. Este verano no veremos la playa ni en pintura, mientras los causantes de mi desgracia están todos en libertad y se han pegado la gran vidorra a costa de nosotros», lamenta este vigilante.
Esabe facturó mucho porque competía siempre a la baja con otras empresas. Si la mayoría pagaba 20 ó 25 euros la hora del vigilante, Esabe rebajaba su oferta a 15. Podía hacerlo porque luego no pagaba y los 15 euros que cobraba por el servicio eran limpios de polvo y paja para los dueños de la empresa», dice, y apunta las sospechas que tiene un grupo de empleados acerca de que los dueños de Esabe hayan montado otra empresa de seguridad que esté funcionando actualmente.
Además de la deuda con los trabajadores, la Policía calcula que Esabe ha podido defraudar más de 150 millones de euros, tanto a la Seguridad Social como a Hacienda. En la operación policial que acabó con el arresto de los directivos de la empresa, se descubrió que, a través de sus empresas, Prados del Pino poseía cinco yates, un jet privado, un Ferrari, un Jaguar, un Audi A8 y hasta una saca de esmeraldas. Entre los detenidos hay un hijo de Prados del Pino, pero no se ha podido localizar ni al padre ni a la mujer de éste.
La Policía ha propuesto que se condecore con la cruz al mérito policial con distintivo rojo -la máxima distinción que se entrega a un policía en vida y que conlleva una pensión- a los investigadores que detuvieron a la cúpula de Esabe. «No lo puedo entender. Que se les condecore por eso, cuando el principaldelincuente sigue fugado, las víctimas las estamos pasando canutas y algunos compañeros han pagado hasta con su vida. Nosotros, los trabajadores, le pusimos la investigación en bandeja mandándole continuos correos y denunciando irregularidades. De momento tienen media medalla. La otra mitad que se la den cuando yo vea al Pipa -apodo de Prados del Pino- en la cárcel».
Pérez Cano agradece la ayuda que le está prestando el Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A) y su responsable, Antonio Fernández Acacio. «Saben cómo estamos los trabajadores de Esabe y nunca nos han reclamado ni una cuota. Eso es de agradecer. Yo he hecho el primer pago hace unos días, cuando llevo un año afiliado», dice, y critica el trato que recibió del anterior sindicato al que pertenecía, CCOO. «En vez de ayudarme vinieron a presionarme para que pagara las cuotas, como si fuera una empresa de recobro. Me dieron de baja y quisieron que firmara ante notario un acta para que ellos dispusieran del dinero en caso de que ganáramos el pleito. Lógicamente me negué, pero esa actitud dista mucho de los ideales de un sindicato».
Fuente: diariodesevilla.es
