La incorporación de profesionales de seguridad privada en labores de vigilancia de las cárceles de Mansilla de las Mulas (León), Topas (Salamanca), Dueñas (Palencia)y Villanubla (Valladolid) se va a demorar.
La idea inicial era que desde el 1 de abril comenzaran a incorporarse trabajadores de empresas privadas a las labores de vigilancia de los cuatro centros penitenciarios de Castilla y León. Una medida experimental, según el Gobierno, que ha levantado una gran oposición entre los sindicatos y también entre los guardias civiles, que denuncian además la falta de información sobre una medida prevista desde hace un año pero que se ha conocido hace un par de semanas. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior se justifica la entrada de seguridad privada en las cárceles como parte de un plan para recuperar escoltas del País Vasco y Navarra que, ante el anuncio del fin del terrorismo de ETA, se han quedado sin ocupación. Así, el año pasado eran 789 los profesionales pertenecientes a la seguridad privada que hacían labores de protección en España, pero ahora el número se ha reducido hasta los 365 empleados.
En total serán diez los puestos de trabajo creados para los profesionales llegados desde la seguridad privada en Castilla y León, según los datos manejados por los sindicatos, dos en las cárceles de Mansilla de las Mulas (León), Topas (Salamanca) y Palencia, mientras que en el caso de la prisión de Villanubla (Valladolid) serán cuatro. No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León han insistido en que la contratación de personal externo no mermará las plantillas de los centros penitenciarios a los que se destinen los nuevos efectivos de seguridad privada.
Fuente: ElNortedeCastilla.es
