Ante las declaraciones efectuadas por el delegado del Gobierno de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, en referencia a la inminente sustitución de la Guardia Civil por personal de seguridad privada de “forma experimental”, el sindicato UGT ha mostrado su total rechazo a una medida que «incumple la legislación penitenciaria y que será fuente de numerosos problemas».
Así, aseguran que la medida mermará la seguridad de los establecimientos penitenciarios, al estar realizada por trabajadores de escasa cualificación, que «evidentemente no es la misma que poseen las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. «En caso de que hubiera que identificar o detener a alguna persona en el exterior del establecimiento penitenciario, habría que avisar en nuestro caso a la Guardia Civil que es lo que correspondería según la legislación penitenciaria vigente».
Estas medidas, que el Gobierno quiere presentar como de «tipo económico» no «ahorran ningún coste y solo benefician a empresas de seguridad que presumimos relacionadas con el gobierno actual y sin que sepamos que se haya realizado ningún tipo de concurso para su adjudicación dad el secretismo con que se ha llevado todo el proceso».
Por tanto, el sindicato se ha preguntado «quién esta detrás de estas empresas y qué condiciones han cumplido para que se les otorgue dicha servicios de seguridad». «En definitiva otra vuelta de tuerca más por parte de este Gobierno, que tiene declarada la guerra a todo lo público y que solo busca la privatización de forma más o menos encubierta de todos los sectores y que posiblemente, al igual que en sanidad y educación, pueda ser el inicio de la privatización de las instituciones penitenciarias».
