La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI•F, alerta de que el Gobierno Central “está privatizando la seguridad de las prisiones sin atender a más criterios que una dudosa rentabilidad económica”.
Así lo han manifestado los portavoces del sindicato en la protesta que ha tenido lugar esta mañana frente a las puertas de la Subdelegación de Gobierno de Castellón, donde aproximadamente un centenar de representantes y trabajadores de los penales provinciales han mostrado su preocupación porque “se frivoliza con puestos de vigilancia que requieren un gran compromiso y una formación específica amén de una información muy sensible sobre la seguridad de los centros que estará en manos de vigilantes privados”.
Según el portavoz de CSI-F, esta semana han empezado a trabajar más de una veintena de vigilantes privados en las prisiones de Castellón y Albocàsser, todo ello “sin ningún tipo de negociación, echando de su puesto a los miembros de la Guardia Civil que tendrán que cambiar de lugar de trabajo y sobre todo, vulnerando el artículo 63 del Real Decreto 190/96 que estipula que “la seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas”.
En opinión de los representantes de Instituciones Penitenciarias, además de vulnerar la legalidad, “la privatización de la vigilancia de la prisión apunta a ser el preámbulo de una privatización a mayor escala de las cárceles” y no tienen dudas al denunciar que “la intención es que estos establecimientos se conviertan en negocios privados”. El Gobierno “apuesta – explican- por un nuevo modelo de cárceles sin funcionarios donde la empresa privada gana más dinero cuantos más presos vigila”. Añaden que además de engañar al vigilante de seguridad privada que “rápidamente será sustituido por sistemas de seguridad informáticos y mecánicos, cuando no mal pagado” se menosprecia y banaliza el trabajo de la Guardia Civil y se desmantela un modelo de seguridad penitenciaria ejemplar.
En este sentido CSI-F insiste en que “la vigilancia penitenciaria implica formación ante fugas, altercados o motines” y concluye que seguirán con las movilizaciones para mostrar su rechazo a esta privatización llevada a cabo “con nocturnidad y alevosía”.
