El PP se propone limar en el Senado algunos de los aspectos más polémicos del proyecto de ley de Seguridad Privada. El grupo popular de la Cámara alta presentó a última hora del martes, e instantes antes de concluir el plazo de adminisión, doce enmiendas al proyecto. Una de ellas establece que los vigilantes jurados no puedan realizar detenciones en la vía pública, uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa, y cuya retirada era exigida por las fuerzas de la oposición. Con el cambio, solo podrán retener a las personas en espacios delimitados de los establecimientos comerciales.
Según el texto que salió del Congreso, y que contó con el apoyo de PP, CiU y PNV, los vigilantes privados podían detener a los presuntos delincuentes en «zonas comerciales peatonales». Según denunció entonces la oposición, esta disposición permitía que un vigilante detuviera e identificara a los supuestos autores de un delito en la vía pública más allá de su espacio de trabajo, por ejemplo en una calle de establecimientos comerciales. Eso sí, siempre con la obligación de poner a esa persona bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de forma inmediata. De aprobarse los cambios propuestos ahora por el grupo popular, como todo parece indicar que sucederá debido a su mayoría absoluta en el Senado y Congreso, desaparecerá de la ley la definición de «zona comercial peatonal» y se sustituirá por «complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», una acotación que en la práctica viene a excluir la vía pública salvo contadas excepciones.
Los populares también eliminan en la cámara alta una de las aportaciones añadidas en el Congreso. Se trata del artículo 41.4 que abre la vía a que los guardias privados puedan prestar servicios en lugares distintos a los establecidos en la ley si se cuenta con la autorización pertinente. Este punto está considerado por la oposición como una puerta de atrás para extender la actuación de estos profesionales a todos los ámbitos de la vía pública. Ahora quedará sin efecto.
Los populares justifican la enmienda en la necesidad de delimitar con mayor precisión los casos en los que los vigilantes privados pueden prestar servicio en el exterior, algo que en cualquier caso se da como un hecho excepcional.
Solo anotarán los datos
Otro de los aspectos que se quiere pulir en la Cámara alta es el de fijar los datos que podrán exigir los guardias jurado a las personas que detengan. Ya en el texto original del proyecto de ley se establece que en ningún caso se podrá interrogar al detenido, si bien no se considera como tal «la averiguación, comprobación o anotación de los datos personales» con el fin de dar esta información a las fuerzas de seguridad. Ahora, el PP aboga por limitar esta prerrogativa solo a la anotación de los datos personales.
Ante la polémica surgida tras la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros y su inicio de tramitación en el Congreso, el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó que la posibilidad de que los vigilantes privados lleven a cabo detenciones fue aprobada en 1992 con el socialista José Luis Corcuera como ministro. Interior fue más allá en la defensa del texto original y justificó que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, cualquier ciudadano está legitimado para detener a otro si lo sorprende cometiendo un delito.
Pese a los cambios introducidos por el PP, parece muy improbable que la norma pueda recabar más apoyos que el de los nacionalistas catalanes y vascos. El proyecto ha sido objeto de 302 enmiendas y de cinco propuestas de veto en el Senado. Tanto PSOE como IU han denunciado que la intención del Gobierno es privatizar la seguridad, que de aprobarse la ley pasará a convertirse en una «oportunidad de negocio», según afirmó el portavoz de Interior socialista, Antonio Trevín.
Fuente: Hoy.es
