“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.
El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.
“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS en marzo
Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.
La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.
LA TARTA DE LOS CURSOS
21.000 millones en 10 años
El mundo de la formación mueve miles de millones de euros cada año. Desde 2005 hasta ahora se han destinado en total de 21.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese dinero sale fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a la Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial. El resto lo hace de la administración central y de los fondos europeos. Las proporciones varían cada año, pero la mayor parte del dinero la aportan las cuotas destinadas a la Seguridad Social. Por ejemplo, en 2010, año en el que se destinaron 2.594 millones para la formación, el 84% procedía de la Seguridad Social, Europa dio un 10% (250 millones) y el Estado, un 6% (149 millones).
El dinero lo gestionan las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que sacan todos los años convocatorias para subvencionar cursos de formación. Estas se conceden según un sistema de puntos que trata, supuestamente, de atender las demandas laborales. Sindicatos, patronales y asociaciones empresariales piden la mayor parte de esas ayudas, pero no suelen impartir directamente los cursos. Estos son subcontratados a academias y consultoras. Es en este punto cuando se reparte el pastel y empiezan los problemas.
ALUMNOS FALSOS
La estafa
Con pequeñas diferencias a lo largo de los años, el modus operandi de las academias y consultoras que defraudan es siempre el mismo, según señalan los policías que llevan años investigando este tipo de estafas. Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos de personas reales para que consten como participantes. Esa es la forma de justificar luego ante las administraciones el gasto del dinero. La experiencia de los policías es que en la mayoría de los casos solo se impartía una pequeña parte de los cursos para dar una apariencia de legalidad. El resto eran falsos.
Alonso Tezanos, presidente de Cecoma, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, en la firma de un convenio con Fedecam
¿Cómo se consigue que nadie se percate de que la mayoría de los alumnos son falsos? Es ahí donde entran en juego los cómplices y la colaboración de un sistema lleno de irregularidades. Para empezar, las consultoras devuelven parte del dinero a las entidades que han recibido las subvenciones de la administración. La ley permite que se devuelva a una patronal, por ejemplo, un 10% de la subvención en forma de gastos asociados a los cursos (la contratación de una telefonista que llama a los alumnos o los gastos de un aula si el curso se da en la sede propia). Bajo cuerda, las consultoras pueden retornar mucho más dinero con facturas falsas. La patronal en este caso encuentra así una forma de financiación a través de las ayudas públicas.
Un ejemplo de todo esto es el caso Aneri. Según la investigación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, la trama de los cursos de Madrid desmantelada en marzo repartía así la subvención. Imaginemos que era de 100 euros. De ellos, 20 se destinaban a mordidas para algunas asociaciones empresariales. Otra porción (10 euros) se destinaba a pagar el coste de la infraestructura: empleados, oficinas, plataformas, publicidad… El resto (70 euros) era ganancia neta para la consultora, aunque Aneri repartía también algo en fajos de billetes a los intermediarios de algunas asociaciones, según la investigación.
“HOY VIENE EL INSPECTOR”
Colaboración administrativa
La otra pata que ha de funcionar para cerrar el círculo es que la administración no se dé cuenta de lo que ocurre. En algunos casos, la policía ha descubierto sobornos a funcionarios, inspectores de Trabajo y políticos. Pero en la mayoría de las ocasiones no hace falta tal grado de implicación. Es suficiente con que la Administración mire para otro lado. Funcionarios públicos han denunciado a este diario la falta de controles sobre los cursos. “Cuando los inspectores van a un curso para ver si se está realizando, no cogen a nadie por sorpresa. Las academias saben siempre cuando van a llegar”, señala una de esas fuentes, que pide anonimato, como la mayoría de las personas consultadas para esta información.
Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos
Trabajadores de una organización empresarial madrileña implicada en el caso Aneri han corroborado este último punto a EL PAÍS: “Hoy viene el inspector de la Comunidad, nos decían, y sabíamos que iba a estar todo preparado para que ese día hubiera gente en los cursos”.
Hay otro problema añadido. La vida de las ayudas públicas es de tres años. Una subvención para cursos que se convoca, por ejemplo en 2010, no se ejecuta hasta el año siguiente, es decir, los cursos se tienen que impartir en 2011. El momento de justificar y entregar todos los papeles que acrediten la veracidad del curso no llega hasta el año siguiente, 2012. Si la administración no detecta irregularidades, solo cabe que sean los tribunales de cuentas los que evalúen la gestión. Si lo hacen, suelen tardar algunos años más en revisarlo todo.
LOS ORÍGENES
Un sistema perverso
Es imposible saber cuánto de todo el dinero concedido desde que se inició el sistema de la formación ha sido defraudado, pero los casos se han ido repitiendo año tras año. El sistema empezó a fraguarse en el año 1984. Patronal y sindicatos firmaron entonces el Acuerdo Económico y Social, un documento en el que se diagnosticaba que la causa del deficiente mercado laboral era la falta de formación de los trabajadores. La solución fue fijar unas cuotas que trabajadores y empresarios aportarían a la Seguridad Social y que se destinarían a cursos de formación.
Para gestionar ese dinero y todo lo relacionado con la formación se creó en 1993 la Forcem (Fundación para la formación continua), un ente en el que estaban los sindicatos y las patronales. Además de administrar las subvenciones estatales, la Forcem también recibía fondos europeos. El sistema empezó a dar problemas desde el principio.
Los casos de corrupción empezaron a sucederse. En Madrid, saltó el caso del Imefe en 1998, en el que redes empresariales del PP con escasa o nula plantilla docente se habían hecho desde 1996 con 8,41 millones. En 1999, dos profesores de las academias de Fidel Pallerols denunciaron una estafa con el uso de fondos comunitarios para formación de parados en Cataluña. Pallerols recibía fondos europeos a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. En Galicia, el presidente de la patronal gallega, Antonio Ramilo, tuvo que dimitir en 2000 tras detectarse el desvío de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) de subvenciones para sufragar gastos corrientes de la organización que presidía.
Esas investigaciones fueron la antesala del caso Forcem (2002), el más famoso de la época y el que más recuerdan los investigadores. La Policía Judicial confirmó un fraude a la Unión Europea de unos 100 millones de euros en miles de cursos. La Audiencia Nacional llamó como imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT. La Audiencia archivó la causa contra los sindicalistas y remitió el resto del caso a diferentes juzgados de instrucción. En algunos casos los delitos acabaron prescribiendo. “Después de la Forcem, pensé que nunca más vería un caso igual. Y ya ves”, dice un policía experto en este tipo de fraudes.
LOS ROBOTS DE ANERI
Los alumnos perfectos
El sistema se cambió, la Forcem se sustituyó por la Fundación Tripartita, en la que además de los sindicatos y patronales estaba también el Estado. Pero los fraudes han seguido ocurriendo. En Andalucía, existen sospechas de que el sindicato UGT ha defraudado parte de los fondos públicos recibidos, unos siete millones de euros. En total se investigan 19 expedientes de 2008 a 2012.
En Madrid, la policía destapó las irregularidades que había cometido Aneri en los cursos que hacía para varias organizaciones regionales y nacionales. La estafa en este caso era más sofisticada. Los cursos se hacen ahora en plataformas de Internet. Y ahí el descontrol es aún mayor. Cada vez que los técnicos se metían en las plataformas de Aneri, detectaban claves de alumnos que supuestamente hacían los cursos. Pero detrás no había nadie. En realidad era un programa informático el que multiplicaba los alumnos. El problema es que estos eran demasiado perfectos, poco humanos. Los alumnos reales suelen ajustarse al porcentaje de ejercicios exigidos para aprobar el curso, un 75%. Pero los alumnos imaginarios de Aneri los hacían todos.
HERRAJES PARA CABALLOS
La utilidad de los cursos
Un vistazo rápido a algunos de los cursos que se ofrecen desde plataformas online demuestra que, aun sin fraudes, el sistema no cumple su cometido de formar a los trabajadores. La Confederación del Taxi de España, que firmó acuerdos con Aneri por los que cobraba mordidas del 20% de la subvención, organizaba cursos a distancia con los que se pretendía enseñar a los taxistas mecánica para conductores o el uso del GPS. Pero también se ofrecían cursos online para auxiliar de herrador de caballos. “Lo de la teleformación es una mentira. Lo sabe todo el mundo”, dice David M., un empresario de formación de Sevilla. “Lo primero que hacen las empresas informáticas cuando vienen a venderte una plataforma digital para dar cursos es decirte que la suya es fácilmente manipulable para falsear alumnos”, asegura el empresario.
OTRA VUELTA DE TUERCA
La nueva reforma
Los últimos casos de corrupción —el más reciente en Málaga, donde la UDEF investiga a 20 empresas que recibieron 1,7 millones del Gobierno andaluz— coinciden con la negociación que el Ministerio de Empleo ha abierto con sindicatos y patronal para la enésima reforma de los cursos.
En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral
Francia modificó en marzo su normativa tras un escándalo de 2007 en la gestión de los fondos de formación por una patronal metalúrgica que malversó unos 20 millones. Se creó una comisión parlamentaria, se elaboró un informe muy crítico y diseñaron un sistema de financiación transparente de los agentes sociales separado de la formación.
En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral. Allí, el gasto público tiene poca importancia en los programas. Los costes directos los paga el participante. Y, desde 2007, existe un programa adicional de financiación por el que los beneficiarios están obligados a invertir al menos el mismo dinero que reciben.
España quiere ahora aplicar una adjudicación de cursos por concurso público y un sistema en el que participen directamente, sin intermediarios, tanto organizaciones sin ánimo de lucro como consultoras privadas. El tiempo dirá si es el cambio definitivo o una vez más todo cambia para que todo siga igual.
En una primera versión de este artículo se decía que en el caso Forcem (2002), un fraude de unos 100 millones de euros de los fondos europeos en miles de cursos, la Audiencia Nacional llamó como imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT y que los delitos acabaron prescribiendo. El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional dictó un auto en junio de 2006 en el que se archivaba la causa para los seis sindicalistas imputados. La Audiencia remitió el resto del caso a diferentes juzgados de instrucción. Hubo más investigaciones relacionadas con el caso Forcem que afectaron a sindicalistas. La secretaria de la Administración de la Comisión Ejecutiva Provincial de FET-UGT en Cádiz fue condenada por la Audiencia Provincial como autora de un delito de falsedad en concurso y malversación a la pena de dos años y tres meses de prisión. El Tribunal Supremo, en una sentencia del 29 de diciembre de 2009, anuló la sentencia previa de la Audiencia Provincial y resolvió que la acusada, al no tratarse de una funcionaria pública, no podía incurrir en el tipo de malversación de caudales públicos, aún cuando hubiera gestionado subvenciones públicas. Ciñó sus delitos a una práctica de apropiación indebida, delito para el que sí habían prescrito los hechos.
Fuente: El País
