La juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha confirmado la imputación en esta causa del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, por su «intervención» en la inclusión de un ‘intruso’ en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox.
En un auto dictado el pasado mes de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el alto cargo de CCOO-A contra el auto dictado el 27 de enero de 2012, en el que lo imputaba después de reconocer ante la Guardia Civil «su intervención» en la introducción de Antonio Fernández Garzón en Calderinox.
La juez pone de manifiesto que, con su inclusión en la póliza de Calderinox, este ‘intruso’ «percibiría una renta de 199.299,96 euros, cuando la única indemnización a la que tenía derecho por la extinción de su relación laboral de la empresa Litalsur, a la cual pertenecía realmente, era de 27.976,44 euros». Así, y según la documentación remitida por Litalsur, este ‘intruso’ «recibió de dicha empresa en el año 2008 la cantidad neta de 27.025,23 euros, equivalentes a 27.976,44 euros brutos, en concepto de indemnización por cese de su relación laboral».
«No puede negar dos hechos»
La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A «no puede negar dos hechos», como son que «ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona», ni tampoco que «era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo», la inclusión del ‘intruso’ «en una póliza que era ajena» al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.
A juicio de la instructora, dicha «insistencia o influencia en cadena» tuvo un resultado «positivo», pues, «efectivamente, se le incluyó en un suplemento de la póliza de Calderinox», según reza el auto consultado por Europa Press. «En vez de influir para el encaje anómalo» de este ‘intruso’, «lo que debió hacer» el imputado «si consideraba que Fernández Garzón tenía derecho a la prestación de algo menos de 28.000 euros reflejada en el acta final del periodo de consultas, y no los casi 200.000 euros» que finalmente se le fijaron en la póliza, fue «aconsejar a dicho trabajador a que formulara una solicitud de subvención sociolaboral, para que tras la tramitación correspondiente existiese una resolución al efecto por parte de la autoridad laboral en la que la Junta estimase si debía concederle la misma».
Larga trayectoria profesional
En lugar de eso, y pese a su «larga trayectoria profesional», el imputado «pretendió incluirle en una póliza en la que claramente él no pertenecía al ‘Grupo asegurable’, formado exclusivamente por el conjunto de personas que han prestado servicio activo en Calderinox, y curiosamente como beneficiario de una renta notoriamente superior al acuerdo alcanzado en el proceso de liquidación de Litalsur». Ante los «indicios de criminalidad» existentes, la juez Mercedes Alaya confirma la imputación de Enrique Jiménez García, quien hasta el momento no ha prestado declaración ante la instructora en una causa que, actualmente y desde el pasado mes de noviembre, se encuentra bajo secreto de sumario.
En la causa de los ERE también permanece imputado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, todo ello después de que el citado ‘intruso’ declarara ante la Policía Judicial que fue el sindicalista «quien lo llamó por teléfono para decirle que lo iban a incluir en la póliza» de Calderinox.
