El PSOE veta en el Senado la Ley de Seguridad Privada porque «abre la puerta» al negocio y «burla» la Constitución

11 febrero 2014

El PSOE ha presentado este martes en el Senado un veto a la nueva Ley de Seguridad Privada, porque según los socialistas está redactada con el único objetivo de «abrir la puerta» al negocio privado y que además, según denuncian los socialistas, «se ha utilizado de manera torticera para burlar un poco la Constitución».
 
Para el PSOE, esta legislación, que sustituye a una anterior de 1992, debería haberse aprovechado para «cualificar» la profesión de la vigilancia privada. Y sin embargo cree que se ha utilizado como un paso más en la «ofensiva neoliberal» del Gobierno para «abrir nuevos nichos de mercado mediante la privatización de servicios públicos».
 
Los senadores Enrique Cascallana y José María Ángel Batalla han explicado el veto presentado por el Grupo Socialista para devolver la Ley al Congreso y las más de 60 enmiendas registradas. «La ley responde a intereses ideológicos del Gobierno y del PP. Dado que privados son los bienes y los derechos a proteger, privada ha de ser su protección para quien pueda pagarla», ha denunciado Cascallana.
 
Algunos de los aspectos más polémicos de la legislación son la posibilidad de que los vigilantes privados puedan encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles, así como la facultad que les otorga para detener, cachear e identificar a ciudadanos en la vía pública.
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El PSOE ha denunciado que estos aspectos van contra la Constitución, que encomienda al Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) el «monopolio» de la defensa de la libertad. Además, mientras que en la Ley de 1992 la seguridad privada estaba «subordinada» a la pública, ahora queda como «auxiliar o complementaria» a ella y «esconde un equilibrio entre ambas».

Según han alertado los senadores socialistas, esto abre además la puerta a una sucesión de conflictos entre vigilantes privados y Policía o Guardia Civil por su actuación ante los ciudadanos, con el único objetivo de «dar cobertura al negocio y las empresas».
 
Pero además, han avisado de que, cuando habla de ampliación de los posibles ámbitos de actuación de los servicios de seguridad privada, establece que se decidirá «lo más conveniente» en función de efectos presupuestarios y del mayor o menor coste que pueda tener. «Esto lleva a decidir en función del montante y no de quién garantiza mejor la seguridad», ha alertado Cascallana.

RENUNCIA A LA FORMACIÓN

Para el PSOE es especialmente relevante el apartado de la formación de los vigilantes privados, que cree que no queda resuelto en la nueva legislación porque renuncia a «apostar por una fomación reglada con la intervención de las autoridades académicas o a reforzar la formación continua que tienen que ofrecer las empresas».

«Para ser miembro de las fuerzas de seguridad se requiere un largo periodo de formación. Pero no para formar parte de la seguridad privada y en cambio se atribuyen las mismas responsabilidades», ha denunciado el senador socialista, que cree que el Gobierno adopta esta medida para contrarrestar las bajas tasas de reposición de empleo público.
 
«Se dibuja un sistema de seguridad privada que por una parte rebaja el estándar constitucional en relación con la seguridad y, por otra, a través de conceptos jurídicos indeterminados, abre la posibilidad a una ampliación de las competencias a la seguridad privada desbordando el modelo actual», denuncia el veto de los socialistas.
 
El Grupo Socialista también ha manifestado sus críticas al artículo 15 de la nueva Ley, que autoriza la cesión de datos y la creación de bases de datos de la ciudadanía con criterios de seguridad.

PREOCUPANTE DERIVA DE INTERIOR

El PSOE ve esta nueva Ley de Seguridad Privada dentro de una «preocupante deriva» del Ministerio del Interior de «recorte de libertades», y la ha unido a la Ley de Seguridad Ciudadana que «sigue la senda de restricción de derechos fundamentales y el endurecimiento de condenas».
 
«Hay una involución democrática», ha lamentado Cascallana, que ha acusado al Gobierno de querer «limitar la protesta social» y «establecer límites a los derechos» a través de «descalificaciones a todo el que protesta y una restricción de libertades».
 
Fuente: EuropaPress

Categoría: Noticias

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