Ramón está a un mes de agotar la prestación por desempleo, sufre ansiedad y recurre a pastillas para poder conciliar el sueño. Iñaki tampoco tiene trabajo, está en trámites de separación de su esposa y se ve obligado a alojarse en casa de un amigo para mantener a sus dos hijos. Marcos tiene reconocida incapacidad profesional, tiene su vivienda embargada y recibirá cualquier día la notificación con la fecha del desahucio. Todos ellos comparten un nexo de unión. Ramón, Iñaki y Marcos, nombres ficticios, trabajaban hasta hace poco tiempo como escoltas privados y protegían la vida y la integridad de dirigentes y cargos políticos amenazados por ETA. El ex diputado general de Álava, Ramón Rabanera, el actual alcalde de Vitoria, Javier Maroto, su antecesor en el cargo Patxi Lazcoz, o los parlamentarios Carmelo Barrio y Laura Garrido son algunos de ellos.
La situación personal, laboral y de salud de estos escoltas no puede ni debe generalizarse a todo el colectivo, pero constituye una fotografía real de las dificultades de todo tipo que están atravesando un número importante de los profesionales que permitieron a los partidos vascos, y especialmente a los no nacionalistas, ejercer la política durante los últimos veinte años en unas condiciones mínimas de seguridad y libertad.
Algunos de estos escoltas, incluso, no pudieron hacer frente a estas dificultades y decidieron quitarse la vida como vía para huir de sus problemas.
Los escoltas privados que protegieron durante las dos últimas décadas a los ciudadanos vascos amenazados por el terrorismo de ETA atraviesan una situación personal y laboral muy difícil. La mayoría se encuentra en paro sin alternativas efectivas para reincorporarse al mercado de trabajo y muchos padecen problemas psicológicos y dependen de ansiolíticos para poder dormir.
El Gobierno de España planteó la posibilidad recolocarles como personal de seguridad en la red de centros penitenciarios –el Ministerio de Interior puso en marcha hace siete meses un proyecto piloto y contrató a 95 escoltas– o los pesqueros españoles que faenan en aguas peligrosas por la presencia de piratas. Ninguna de estas vías ha logrado por ahora absorber a los miles de escoltas en desempleo.
Una oferta de dos años
¿Cuál es la situación de estos profesionales? La casuística es variada: algunos han conseguido mantener su puesto de trabajo y protegen a víctimas de violencia machista o han encontrado alternativas laborales fuera del País Vasco, pero un porcentaje importante continúa en paro meses e incluso años después de haber perdido su empleo y no son pocos los que sufren estrecheces económicas serias y problemas de carácter psicológico.
Tres escoltas en situación de desempleo o incapacidad laboral reconocida que trabajaron entre diez y quince años protegiendo la vida de amenazados en Vitoria cuentan su experiencia. Estas personas formaban parte de un grupo más amplio integrado por unos treinta profesionales y relatan su situación personal, así como la que están viviendo otros compañeros con los que mantienen contacto habitual.
Ramón está casado y tiene tres hijos de 3, 6 y 12 años. Ejerció hasta principios de 2012 como escolta, se encuentra desde entonces en paro y agotará dentro de un mes su prestación por desempleo sin haber sido capaz de encontrar un nuevo trabajo. Ha enviado más de 300 currículum a diferentes empresas, tanto de seguridad como de otros sectores, y todas las empresas de trabajo temporal de la ciudad en la que reside tienen sus datos. La única oferta que ha recibido hasta el momento fue para encargarse de la vigilancia del almacén de explosivos de una cantera de Giipuzkoa por 800 euros al mes y tuvo que rechazarla debido a que el ya de por sí raquítico salario se quedaba en menos de la mitad una vez descontados los gastos en gasolina y peajes, y el mantenimiento del coche para viajar diariamente a su puesto. Ramón vive en Vitoria. Su conclusión es que las empresas de seguridad «no nos quieren porque saben que estamos bien formados y vamos a exigir unas condiciones como mínimo dignas» y el resto de empresas «nos descartan cuando ven cuál fue nuestro anterior trabajo. La sociedad no nos quiere, no encajamos, nuestra presencia les recuerda a ETA, nos miran y ven a ETA, y no quieren vernos para no recordar lo que ha pasado aquí». «Llegué a redactar un currículum obviando toda mi experiencia como profesional de la seguridad y escolta para ver si haciéndome el tonto me contrataba alguien aunque fuera para repartir propaganda, pero mi mujer no me dejó enviarlo», añade.
Ramón recuerda que se levantaba de madrugada todos los días antes que su mujer para revisar el coche con el que ella llevaba a los niños al colegio y cerciorarse que «no había más regalos al margen del ‘txakurra’ (perro en euskera) escrito en el parabrisas. Me he cambiado doce veces de casa en diez años, me han insultado por la calle y me han escupido, a mis hijos también, y he tenido que soportar como se negaban a servirme en un bar…». «¿Y ahora qué? Nos decían que éramos vitales para la democracia y ahora no podemos trabajar en nada. Me siento abandonado», añade.
Prejuicios
Iñaki también está en paro y, como su compañero, cree que sus dificultades para encontrar trabajo están relacionadas con «prejuicios. Mucha gente cree que vinimos aquí a forrarnos, que ganábamos mucho, y piensan que ahora nos tenemos que fastidiar. Teníamos un sueldo bueno, de unos 2.500 euros, pero trabajábamos una media diaria de 16 horas, arriesgábamos continuamente nuestra vida y no veíamos prácticamente a nuestra familia». «Hay que tener en cuenta además que la mayoría venimos de fuera del País Vasco y teníamos que pagarnos el alquiler de una casa y luego muchos gastos como trajes, comer fuera todos los días e incluso determinados peajes… No nos hemos hecho ricos», asegura este padre de dos hijos de 4 y 11 años. Su situación económica es delicada debido a que durante el último año y medio de trabajo cobró aproximadamente la mitad de su salario por negarse a realizar partes «falseados» con menos horas de las realmente trabajadas. Este conflicto entre el trabajador y la empresa acabó con un despido y el inicio de un tortuoso proceso judicial por despido improcedente que le está costando miles de euros y cuyo desenlace todavía es incierto. En su caso se añade además la circunstancia de que su mujer inició hace meses los trámites para la separación y su prestación por desempleo de 1.070 euros no le llega para alquilarse un piso –tiene que pagar todos los meses una hipoteca de más de 500 euros– y reside temporalmente en la vivienda de Marcos, un compañero de profesión que la acoge sin pedir nada a cambio. «Si no fuera por él me tendría que haber ido ya del País Vasco».
Y eso que Marcos no está mejor. Este hombre, separado y con un niño de 5 años, dejó de trabajar como escolta hace más tiempo, en 2010, por problemas psicológicos asociados al estrés y tiene reconocida por ello la incapacidad laboral, pero tiene la casa embargada y no tiene dinero ni siquiera para pagar el gas natural necesario para disponer de agua caliente y encender los radiadores en invierno. «Funciono con radiadores de aceite, que me hacen pagar grandes facturas de luz, y me voy a duchar a los centros cívicos», expone.
Ansiedad e insomnio
Los problemas psicológicos están a la orden del día entre los escoltas privados en paro. Ramón sufre de ansiedad y síntomas de depresión, toma diariamente un miligramo de Lorazepam para poder dormir y estuvo durante siete meses en tratamiento con un psiquiatra que pagó de su bolsillo. Él achaca su enfermedad a una mezcla de fracaso personal por perpetuarse dos años en el paro y frustración por tener la sensación de «haber sido utilizado primero y olvidado y abandonado después». «Dejas de trabajar y percibes que la sociedad no te quiere y los políticos, incluso a los que has protegido, pasan de ti. Hace poco me cruce con un protegido y me giró la cara para no saludarme un protegido para no saludarme. Eso me fue generando cada vez más ansiedad y más ansiedad, y me obligó a tratarme». «Ves que has dedicado diez años de tu vida en cuerpo y alma a esos hombres y mujeres, que has pasado una semana sin ver despiertos a tus hijos cuando cuidaba de los suyos, y ni siquiera se ofrecen a hacerte una carta de recomendación». Algunos escoltas no están en condiciones ni siquiera de volver a trabajar en el sector de la seguridad por inestabilidad mental como es el caso de Manuel. Manuel, de 43 años de edad, vive actualmente en casa de sus padres en el sur de España y llegó a entregar en un momento de desesperación una bolsa de plástico con su arma a una patrulla de la Ertzaintza que se encontraba en la calle por miedo a utilizarla. Más dramático fue el desenlace de dos escoltas que decidieron directamente quitarse la vida para huir de las deudas y los conflictos familiares, el último hace apenas dos meses mediante una ingesta masiva de pastillas. «La verdad que visto lo visto, teniendo en cuenta que no trabajo, vivo en casa de un compañero y me estoy separando creo que lo estoy llevando de manera digna. Yo ni siquiera tomo pastillas y recurro a la meditación, la relajación y las infusiones, aunque me miro al espejo y no me reconozco: se me ha quedado cara de vinagre», comenta Iñaki.
Cáncer e inhibidores
Dos elementos muy presentes en la vida de este grupo de escoltas son los divorcios, y el cáncer. Algunos profesionales acumulan hasta dos rupturas matrimoniales, que achacan tanto a las duras condiciones de vida que tenían que asumir sus familias en el pasado como a su situación de paro y escasos ingresos actuales, y casi es una excepción el que ha conseguido conservar su relación de pareja a salvo durante estos años. En cuanto al cáncer cuatro personas del grupo lo sufrieron. Tres de ellos han fallecido por cáncer de vejiga, pulmón e hígado, y el cuarto ha conseguido superar un cáncer testicular.
«No nos parece normal esta elevada tasa de incidencia entre nosotros y pensamos que las ondas de los inhibidores de frecuencia que llevábamos colgados de los cinturones pueden tener algo que ver«. «Curiosamente todos los cánceres afectan a órganos que se encuentran cerca de dónde llevábamos esos aparatos», subraya Iñaki. Ramón termina la conversación con un llamamiento a las instituciones para que les ayuden a «reciclarnos laboralmente para poder trabajar. No queremos que nos den más que a otros pero tampoco menos e igual que anuncian en la prensa el lanzamiento de planes de formación dirigidos a empresas que sufren EREs o a las personas que quedaron en paro por la crisis de Fagor… Podían ofrecernos una oportunidad».
Fuente: El mundo
