Prisión para dos de los principales implicados en el caso de los ERE

26 marzo 2013

La juez Mercedes Alaya ha decretado el ingreso en prisión de dos de los principales implicados en el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT y supuesto ‘conseguidor’, y Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia. Por su parte, Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración ante la juez.

El auto se ha conocido ya de madrugada, dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.

Ha sido sobre las 6.50 horas cuando la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha comunicado a Albarracín y a Juan Lanzas el auto de ingreso en prisión tras la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó dicha medida de privación de libertad al entender, en el caso del ex directivo de Vitalia, que su patrimonio «creció mucho» durante el periodo temporal en el que trabajó para Vitalia, entre los años 1995 y 2011.

A Lanzas, que se ha acogido a su derecho a no declarar, la Guardia Civil le ha encontrado 82.000 euros escondidos bajo un colchón en casa de sus padres en Jaén. Su abogado, Pablo Luna Quesada, ha dicho a los periodistas que Lanzas puede justificar los 82.000 euros que los perros adiestrados de la Guardia Civil encontraron el miércoles en una maleta bajo la cama de sus padres, ya que era un dinero que había sacado para que su familia pudiese vivir en previsión de su ingreso en prisión.

 

El letrado ha rechazado los argumentos de la juez para ordenar la prisión de Lanzas ya que «nunca ha pretendido sustraerse a la acción de la Justicia y no puede destruir pruebas o influir sobre otros imputados porque el proceso está tan avanzado que todas las fuentes de prueba están en el juzgado«.

Las investigaciones que la Guardia Civil realizaba desde noviembre pasado, cuando la juez decretó el secreto del sumario, han localizado un total de 5,8 millones de euros cobrados por Lanzas, de los que 2,8 millones están ocultos y no han aparecido y otros cinco millones proceden de los ERE de Nueva Rumasa.

El segundo acusado que ha ingresado en prisión es Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia acusado de apropiarse de 3,7 millones de euros y cuya esposa fue detenida el pasado miércoles en Madrid y se encuentra aún en los calabozos de Sevilla a la espera de pesar en las próximas horas a disposición de Alaya.

La juez ha enviado a Antonio Albarracín a la cárcel de Morón de la Frontera, mientras que Juan Lanzas será conducido a la de Sevilla-I.

De igual modo, ha decretado la puesta en libertad con cargos de Daniel Ponce, para quien el fiscal no pidió el ingreso en prisión, aunque le impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes en el Juzgado.

Más declaraciones

La juez tenía previsto tomar declaración este jueves tanto a Juan Francisco Trujillo, ex chófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, como a la mujer del ‘conseguidor’ de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas. Sin embargo, se ha visto obligada a posponerlas hasta debido a que las declaraciones anteriores se han prolongado más de lo previsto.

Hay que recordar que, dentro de esta misma investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, la magistrada instructora ya ordenó, por segunda vez, el ingreso en la cárcel de Sevilla-I del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, mientras que en enero ingresó en prisión el presunto ‘testaferro’ de los ERE Juan Francisco Algarín, a quien la Audiencia Provincial dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros, cantidad que a día de hoy no ha podido reunir.

Según los autos de prisión, el ex director general constituía el centro de una trama convertida en «un verdadero negocio» en la que percibía «dádivas o presentes a cambio de las cuales omitiría la celebración de licitación pública para la designación de las consultoras» que se encargaban de tramitar los ERE financiados por la Junta.

Las investigaciones de la Guardia Civil indican que Guerrero y su esposa llegaron a percibir 249.000 euros en transferencias de menos de 3.000 euros de las mediadoras en los ERE, han informado a Efe fuentes del caso.

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