Fernando Lázaro – No son pocas las veces en que la letra pequeña (o la torcida) de los asuntos de seguridad no se incluye en los medios clásicos. En Bajos Fondos levantaremos alfombras aún sin sacudir y valoraremos comportamientos positivos de los agentes que nunca tienen espacio en las páginas habituales de información. Convertiremos en mayúscula la letra pequeña de su trabajo.Se han convertido en uno más, en una parte vital de la seguridad de España. Paso a paso, lustro a lustro, las empresas, los vigilantes, el sector es ya una pieza más del engranaje que da tranquilidad a los españoles. Son un ‘ejército’ y, como tal, necesitaban una legislación actualizada, metida en el siglo XXI. Aún pervivían bajo normas del 92.
Ahora, el Ejecutivo ha puesto en danza un nuevo marco normativo, con el que trata de acompasar este importante sector a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Ahora, el trabajo hombro con hombro con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado estará más fijado. Porque son más de 110.000 los ojos que el Estado también puede y debe utilizar. De hecho, ya utiliza. Las estadísticas de la evolución del sector son impresionantes.
Hoy no trato de diseccionar la nueva legislación. No. Trataré de dibujar como es. Y para ello, datos y más datos. Trataré de hacerlos digeribles. Las estadísticas son tercas y demuestran una potente evolución de un sector que, además, tiene un gran predicamento a nivel internacional, que sus empresas tienen un reconocido servicio tanto en Europa como en América.
Según los datos del Ministerio del Interior, al cierre del pasado año existían un total de 1.496 empresas de seguridad autorizadas. Además, el Departamento de seguridad de Estado tiene registradas 3.099 licencias concedidas a detectives privados un sector que, pese a que ha saltado a la opinión pública por un caso muy concreto asociado a una empresa de Barcelona, cuenta con un alto nivel de preparación y una actividad incesante y discreta. «Cuanto menos se hable de nosotros siempre, mejor», comenta un veterano del sector.
Quizá, el común de los mortales, visualiza en la seguridad privada solo a guardas uniformados. Pero la seguridad privada es mucho más que eso, es un alto nivel de protección electrónica: las alarmas. Eso también es seguridad y eso también es seguridad privada.
En cuanto al personal de seguridad, en activo, la cifra anual que Interior estimaba a finales de 2013 era de 110.000 agentes en activo; un verdadero ejército. Durante el pasado año, el Ministerio del Interior concedió 10.512 nuevas habilitaciones de vigilantes de seguridad. En este sector están los vigilantes de seguridad propiamente dichos, los agentes que custodian explosivos, entre otros.
El servico de escoltas, de protección de personas también está inmerso en el sector privado. De hecho, en los últimos años su labor fue fundamental para complementar la seguridad de concejales del País Vasco y Navarra cuando ETA les tenían en su punto de mira de manera prioritaria.
Esta es la parte del entramado privado que más ha notado el alto el fuego etarra. Para muestra… En 2007 había 2.042 servicios operativos de escoltas. El pasado año, la cifra se redujo hasta los 647 servicios, según consta en las estadísticas oficiales.
Quizá, las cifras más relevantes que incluyen la estadísticas oficiales se refieren a los episodios de colaboración del sector privado con el público, de las relaciones de suma entre agentes de seguridad y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Durante 2013 se registraron 8.586 «informaciones», 30.519 actuaciones de «auxilio y colaboración» y otras 3.302 «llamadas a la sala operativa», de avisos.
¿Y en dónde se detecta una mayor colaboración? Hay de todo. La gran mayoría, información sobre hurtos: más de 5.300 el pasado año. Pero también ha sido clave el sector en identificaciones de sospechosos, advertencias sobre vehículos robados, estafas, robos con violencia, amenazas, falsificación de moneda… Y todo aquello que el funcionamiento de las alarmas ha evitado, que no se puede cuantificar.
Las estadísticas destacan también la fuerte implantación de estos dispositivos en empresas y domicilios; un sector controlado por las empresas privadas. Según los datos oficiales, en 2012 había dadas de alta un total de 1.434.912 contratos de alarma.
Pero, pese a la importancia del sector, no se escapa a la revisión y a la sanción administrativa del Estado cuando se incumplen normas. Según estas estadísticas, durante el pasado año, el Ministerio del Interior fue sancionado con multas por valor de casi 5,5 millones de euros.
Policía Nacional, Guardia Civil … hay ‘ejército’ de privados. Ahora si son las tres patas del un banco.
