Era uno de los principales argumentos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para justificar el plan de privatización de la seguridad de las prisiones. Los escoltas que habían prestado servicio de protección en el País Vasco cuando ETA estaba activa debían ser compensados con una salida digna. Una vez que la banda terrorista no mataba, su labor carecía de importancia y tenían que ser recolocados.
Los guardaespaldas que pertenecían a las fuerzas de seguridad (guardias civiles y policías) lo tenían fácil, pues podían pasar a otras unidades de sus respectivos cuerpos. De hecho, venía bien que fueran reubicados para reforzar plantillas que estaban experimentando una reducción de efectivos a causa de la disminución de la oferta de empleo público desde 2010 provocada por la crisis económica.
El problema eran, por lo tanto, los escoltas que no pertenecían a ningún cuerpo de seguridad público. El Gobierno anunció entonces el plan de apoyo a guardias civiles y policías en el control de las prisiones con el fin de recolocar en esos puestos a los guardaespaldas que se habían quedado en el paro tras el fin de ETA.
Sin embargo, los datos no corroboran la justificación argumentada por el Ministerio del Interior para poner en marcha el programa que ha llevado a la incorporación de 800 vigilantes a las cárceles. Según ha podido saber El Confidencial, apenas el 10% de esos agentes de seguridad privada ejercían como escoltas cuando la banda terrorista estaba activa.
Por lo tanto, no llega a un centenar el número de guardaespaldas que han sido recolocados, una cifra insignificante en comparación con los más de 3.000 profesionales privados que operaban en el País Vasco y Navarra antes de la desaparición de ETA, según datos ofrecidos en su día por la Asociación Española de Escoltas.
El número contrasta con el declarado hace un mes por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien dijo que uno de cada tres escoltas que protegía a amenazados por ETA se había integrado en el plan del Ministerio del Interior para controlar los centros penitenciarios. Guardaespaldas y Gobierno habían firmado «un pacto de caballeros» para «no dejar tirados» a quienes habían hecho tanto por la democracia.
El pasado octubre Interior activó la segunda fase del plan de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios (denominado programa de apoyo por el Gobierno). Fue en ese mes cuando el proyecto piloto que se había probado durante el año anterior en 21 prisiones se extendió al resto de cárceles del territorio nacional.
Un total de 800 vigilantes se incorporaron a los centros penitenciarios para llevar a cabo labores de apoyo a guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones. En muchos casos, los agentes privados han ido asumiendo más responsabilidades y actualmente incluso se encargan de determinadas zonas o tareas sin ser supervisados por los guardias civiles ni por los funcionarios de prisiones.
Fuente: El Confidencial
