Se llama José Miguel Montoro, trabajó en la UGT hasta que le despidieron, hace ocho años y no tiene ningún problema en autoinculparse con tal de sacar a la luz las irregularidades del sindicato. «Tengo un título de un curso de técnico en prevención de riesgos laborales, de 300 horas presenciales, al que no asistí». revela el ex sindicalista, quien también acusa a la organización de pagar en B.

«Yo me autoinculpo y digo cómo se hacían las cosas». José Miguel Montoro Ruiz Míchel, 55 años, habla sin tapujos con EL MUNDO de las presuntas irregularidades que se cometen en el seno de la UGT. El sindicato le despidió hace ocho años y Míchel acudió a un tribunal para denunciarlo, pero sin éxito. Incluso, remitió un escrito a la Agencia Tributaria para dar detalles de una presunta contratación fraudulenta por parte de UGT, pero nunca tuvo respuesta de este organismo.

Llamadas anónimas

Míchel empezó a recibir llamadas de teléfono anónimas y tuvo que abandonar su hogar en Novelda (Alicante) -tiene mujer y tres hijos- para emigrar a otro pueblo, del que prefiere no revelar su nombre y donde lleva dos años viviendo. «Desde entonces, nuestra vida no ha ido nada bien. Estoy en una lista negra y no puedo trabajar en ninguna empresa de la construcción, porque en el momento que aparece mi nombre salta una alarma y me dicen que no puedo seguir».

Este sindicalista fue secretario de Organización de MCA-UGT en la comarca del Valle del Vinalopó y la Montaña, en Alicante, además del responsable de Acción Sindical y el encargado de organizar cursos de formación para delegados sindicales. Estuvo vinculado a UGT durante 22 años y presenció «muchas, muchas situaciones irregulares».

– ¿Se cometían irregularidades en la realización de los cursos?

– Sí, claro. Los cursos conllevaban unos gastos y había veces que terminábamos a mediodía y no nos quedábamos a comer. Pero como había que justificar una serie de gastos, yo, cuando iba a un restaurante, pedía una nota por 30 o 40 menús, cuando estaba comiendo yo solo. Esa nota se pasaba a Madrid.

José Miguel responde sin miedo, pese a haber sido el responsable de la programación de esos cursos. Es más, reconoce que, a veces, se buscaban personas de confianza para que actuasen como alumnos y poder justificar las ayudas que llegaban para formación.

«El hecho es que hay ocasiones en las que no se hacían todos los cursos solicitados, y para no devolver el dinero conseguido se buscaba a afiliados de otras comarcas para que cumplimentaran la información, ya que si no justificas la ayuda, el dinero hay que devolverlo».

– ¿Por qué permitía que se firmasen cursos que no se realizaban?

Inmerso en un ‘mercadeo’

– Porque estaba en un engranaje donde todas las piezas tenían que encajar. Si tú eras díscolo y esa pieza no encajaba bien, lo que se hacía era apartar la pieza, es decir, cambiar la pieza por una nueva. Estabas inmerso en ese mercadeo.

– El dinero que llegaba para esos cursos ¿era dinero público?

– Por supuesto. Podían venir financiados por el Gobierno autonómico, por el Gobierno central, incluso se podía dar la paradoja de que viniesen financiados por la Unión Europea. Al sindicato de Valencia se le llegó a pedir la devolución de dinero porque no podía justificarlo.

Míchel cuenta que por cada curso podía haber 15 alumnos y que, «a veces, se hacía la jornada continua y se terminaba a las tres [del mediodía] para evitar gastos», ya que «cuanto más justifiques, pero menos gastes, el beneficio siempre es mayor», advierte.

Las ganancias

– ¿Cuánto se puede sacar por un curso de formación sindical?

– Mucho dinero.

– ¿Eso cuánto es?

– Depende del curso. Por ejemplo, técnico en prevención de riesgos laborales, nivel intermedio, es un curso de unas 600 horas. Yo tengo un título de este curso, de 300 horas presenciales, y yo no he asistido. Este curso no es verdad. Yo no he estado allí presente para tener esta titulación, pero la tengo. A mí se me dijo: ‘Aquí tienes una plaza, si quieres el título, firma como si hubieses venido todos los días y lo tienes’. Me tiré una tarde firmando papeles de días y días. El curso se financió con fondos de la Unión Europea.

«Este curso tenía un coste importante», prosigue Míchel, que detalla que por cada alumno que terminara el curso eran unas 266.000 de las antiguas pesetas, es decir, unos 1.600 euros por cada persona. El curso se realizó en la sede de UGT de Alicante, en junio de 2003.

– En estos años que tuvo un cargo en el sindicato, ¿se cometieron más irregularidades?

– Sí, por supuesto. Tener personas contratadas a media jornada que estaban trabajando todo el día. Una parte del salario se les pagaba en limpio, con la nómina, y la otra parte se les pagaba en negro, más unos complementos.

Dinero negro

– Ese presunto dinero en negro ¿de dónde salía?

– De muchos sitios, pero hay que pensar que salía de la formación.

El proceso de contratación dentro del sindicato se basa en buscar a personas «muy allegadas, un familiar o un amigo, alguien de confianza que después no pudiera irse de la lengua y contar las intimidades y lo que se hacía», denuncia Montoro, que asegura que «cuando se hacía este tipo de irregularidades se usaba a gente así, gente que no pudiera hablar».

Míchel optó por hablar y contar lo que sabe y lo que vio cuando estuvo en UGT. En este sentido, no pasa por alto el caso de los ERE destapado en Andalucía. «A mí no me suena de nuevas, porque eso ya se estaba haciendo», asegura. «Lo que está saliendo a la luz en Andalucía es algo que se está haciendo en otros sitios y se ha hecho en otros sitios, aunque no a ese nivel tan elevado y con tantas personas implicadas. Hay gente que dentro de esa negociación se lleva siempre un dinero. Es una práctica habitual y cotidiana».

– ¿Cómo permitía todo esto?

– Si no lo hacía, no podía continuar.

‘Quien diga que no sabe, miente’

«Estoy convencido de que las conoce». Así responde ‘Míchel’ cuando se le pregunta si cree que Cándido Méndez es consciente de las presuntas irregularidades que afloraron en el seno de UGT. Es más, no duda al asegurar que «cualquier persona que haya estado en el sindicato durante un tiempo, con un cargo de responsabilidad, sabe lo que se está haciendo dentro. Y quien diga que no, está mintiendo». Este ex sindicalista reconoce que UGT «tiene una estructura bastante compleja, donde cada sindicato se supone autónomo, pero todo se supedita a lo que dictamina el confederal». La comunicación en la estructura de UGT se rige de la siguiente manera, atendiendo a la descripción que realizó a este diario José Miguel Montoro: «Se canaliza como en un régimen militar, de una escala inferior, a una superior. Del sindicato comarcal pasa al regional -en este caso, el valenciano-; de ahí, a los máximos responsables de la organización en Madrid; y de ahí, al confederal». «Es como una dictadura. Nadie sale del sillón, todos mueren en la cama y Cándido Méndez dice que morirá en la cama».

Fuente: El Mundo