Los vigilantes de seguridad que trabajan para una contrata dependiente del departamento antifraude de Euskotren y del tranvía de Bilbao llevan dos meses sin cobrar sus nóminas.
Los empleados pertenecen a la compañía Bizala, que el pasado 7 de noviembre entró en concurso de acreedores por las deudas que acuciaban su tesorería. La firma cuenta actualmente con una plantilla de 225 personas, de las que 159 desarrollan su labor en Bizkaia.
Además de en los ferrocarriles del Gobierno vasco, la mercantil mantiene encomiendas públicas en Osakidetza, Euskal Trenbide Sarea (ETS) o las obras del TAV.
«Nadie ha abierto la boca, ni siquiera los representantes de los trabajadores, hasta que nosotros abrimos la caja de los truenos. Bajo engaños y promesas, nuestros compañeros siguen trabajando sin cobrar»
