La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.
Comisiones Obreras y UGT coinciden en subrayar la “menor cualificación de los vigilantes privados en comparación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, un asunto que admiten en Interior y por el que aseguran que la labor del nuevo cuerpo se desarrollará “en las zonas perimetrales de los centros penitenciarios y no en el interior de los mismos”.
Sin embargo, para la AUGC esto no es consuelo. “La vigilancia del recinto es competencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y no por casualidad sino porque legalmente somos los únicos autorizados a realizar identificaciones o detenciones, ya sea en el exterior de las cárceles, en el metro o los aeropuertos”.
Con respecto a la legislación, a finales de 2012, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunció la necesidad de una nueva ley de Seguridad Privada que presumiblemente aumentará las competencias de los vigilantes y cuya elaboración esta ya «muy avanzada», porque la actual normativa está «superada por el tiempo».
Privatización de la seguridad pública
La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Benemérita, que ya ha mostrado su oposición a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato mayoritario en el Cuerpo: “Es un intento claro de privatizar la seguridad pública, igual que está sucediendo con la sanidad y la educación”, denuncia uno de sus portavoces.
En Interior aseguran que el desembarco de personal de seguridad privada en los centros penitenciarios españoles “no sería en ningún caso sustitutiva, sino complementaria”. Es decir, que el actual personal de prisiones seguirá en su puesto y los vigilantes privados serán una “extra” en el actual modelo.
Por su parte, la Guardia Civil denuncia el “abandono” que está sufriendo el Cuerpo, donde se producen anualmente una media de 5.000 jubilaciones y únicamente entre 200 y 300 ingresos. “Si lo que quieren (el Ministerio) es reforzar nuestra labor, que permitan la promoción de más agentes”, demandan en la AUGC ante estas cifras. A su juicio, la opción de la seguridad privada es perjudicial para la eficacia del servicio ya que empeorará la coordinación. “Llevamos 30 años luchando por unificar la base de datos de la Policía y la Guardia Civil sin éxito. ¿Y ahora pretenden que nos pongamos de acuerdo tres instituciones diferentes?”, preguntan irónicos.
Una medida sin ahorro
“Las colaboraciones público-privadas, por lo general, nunca son sinónimo de ahorro”, analiza Ángel Moreno, secretario general de CCOO Instituciones Penitenciarias. Por eso las sospechas de los sindicatos recaen sobre posibles intereses privados y particulares. “Las únicas beneficiadas serán las empresas de seguridad privada que hayan conseguido las concesiones y que no conocemos, ya que alegando que es una cuestión de seguridad no se han hecho públicas”, señala Jesús Otin, miembro del Sindicato de Prisiones de UGT.
“Interior vende la medida como un plan piloto, pero mucho nos tememos que este es el primer paso de una sustitución progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por miembros de seguridad privada”, lamenta el portavoz de la AUGC, que recuerda haber vivido la misma experiencia en los aeropuertos. “Ojalá nos equivoquemos, pero la sombra de la privatización en este país es cada vez más alargada”.
