Adif ha sacado a concurso el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad en las estaciones de tren y el resto de sus instalaciones por un importe total de 63,60 millones de euros. El contrato contempla la prestación durante dos años (2014-2016) de...

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Entrará en vigor en dos meses desde su publicación. A continuación el boletín: {source}<iframe class="scribd_iframe_embed"...

 Publicación en el BOE de la TABLA SALARIAL 2014  y la modificación de los artículos 41 Y 42 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. {source}<iframe class="scribd_iframe_embed"...

Fernando Lázaro – No son pocas las veces en que la letra pequeña (o la torcida) de los asuntos de seguridad no se incluye en los medios clásicos. En Bajos Fondos levantaremos alfombras aún sin sacudir y valoraremos comportamientos positivos de los agentes que nunca tienen espacio en las páginas habituales de información. Convertiremos en mayúscula la letra pequeña de su trabajo.

Se han convertido en uno más, en una parte vital de la seguridad de España. Paso a paso, lustro a lustro, las empresas, los vigilantes, el sector es ya una pieza más del engranaje que da tranquilidad a los españoles. Son un ‘ejército’ y, como tal, necesitaban una legislación actualizada, metida en el siglo XXI. Aún pervivían bajo normas del 92.

Ahora, el Ejecutivo ha puesto en danza un nuevo marco normativo, con el que trata de acompasar este importante sector a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Ahora, el trabajo hombro con hombro con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado estará más fijado. Porque son más de 110.000 los ojos que el Estado también puede y debe utilizar. De hecho, ya utiliza. Las estadísticas de la evolución del sector son impresionantes.

Hoy no trato de diseccionar la nueva legislación. No. Trataré de dibujar como es. Y para ello, datos y más datos. Trataré de hacerlos digeribles. Las estadísticas son tercas y demuestran una potente evolución de un sector que, además, tiene un gran predicamento a nivel internacional, que sus empresas tienen un reconocido servicio tanto en Europa como en América.

El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.

Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado.

En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.

Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía alerta de la mercantilización del derecho a la seguridad y del abandono de los requisitos constitucionales básicos que conlleva la Ley de Seguridad Privada, que hoy se somete a votación en el Congreso.

Esta nueva norma que sustituirá a la actual, en vigor desde el año 92, va a ser el complemento indispensable del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza).

El conjunto de enmiendas propuestas no van a cambiar sustancialmente nada de la ley, salvo algunos pequeños detalles. Por tanto, desaparece la actual subordinación de las empresas privadas a la corresponsabilidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El articulado de la nueva norma contempla, por ejemplo, que los vigilantes de seguridad van a poder patrullar por las vías públicas con la autorización pertinente, para “complementar” las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los guardas rurales. Se podrá implantar que determinadas actividades, obligatoriamente tengan seguridad privada y se eliminan como infracciones graves los abusos a la ciudadanía y la tolerancia de éstos por los mandos superiores, algo que sí se exige a los cuerpos policiales.

El Parlamento Vasco ha rechazado "abiertamente" el proyecto de ley de seguridad privada , que hoy ha sido aprobado en el Congreso, al estimar que en él "subyace un claro intento de expandir la privatización en este ámbito". La Cámara de Vitoria ha aprobado en el pleno...

1. Vigilantes en manifestaciones. El Ministerio de Interior podrá contratar seguridad privada en cualquier evento. 2. Detenciones en espacios públicos. Los vigilantes podrán interceptar a las personas en caso de delitos flagrantes, siendo ellos los que evalúen qué es...

El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la «participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial». Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan de plano la nueva legislación, que consideran que «privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales comerciales.

Sin embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.

La Ley de Seguridad Privada se ha aprobado tras su último debate en el Congreso. En su paso por el Senado se han eliminado alguno de los puntos e introducido ó aclarado otros por las enmiendas presentadas. A continuación el Boletín de las Cortes Generales - Congreso...