La Audiencia Nacional ha anulado la obligación de que las tarjetas identificativas de los vigilantes de seguridad privados lleven el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que «pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad».

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y la Unión Nacional de Trabajadores contra la disposición de una orden del Ministerio del Interior de 2011 sobre personal de seguridad privada.

La Audiencia Nacional da la razón a los recurrentes, que consideraban que el hecho de que el número de tarjeta de identificación profesional de los vigilantes coincida con su número de DNI o NIE es contrario a la legislación de protección de datos, ya que es un dato de carácter personal. La orden exige a los vigilantes que exhiban la tarjeta de identificación profesional (no el DNI) cuando se les requiera, pero el hecho de que en ella figure dicho número supone, según los recurrentes, «un riesgo añadido para los trabajadores de seguridad privada al tener que exhibir su numero de DNI a delincuentes y personas de todo tipo».

Los vigilantes de seguridad privada se reivindican. Durante los últimos días, con motivo de la nueva ley que se está tramitando en el Congreso –que les concede más competencias en detrimento de Policía y Guardia Civil–, su figura ha sido objeto de burlas y desprecios...

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido este jueves que la futura Ley de Seguridad Privada proporcionará «cobertura legal» a situaciones hasta ahora reales que estaban fueran de la ley, como la actuación de vigilantes privados en urbanizaciones o zonas comerciales peatonales. Fernández Díaz se ha referido así en un desayuno informativo a la futura Ley de Seguridad Privada, aprobada esta semana en el Congreso y que será remitida al Senado, y que ha suscitado polémica en torno a la actuación de los vigilantes privados en espacios públicos.

Fernández Díaz ha dejado claro que la futura norma, apoyada por CiU y PNV, no difiere sustancialmente de la vigente de 1992, y ha tranquilizado a quienes creen que se pretende privatizar la seguridad pública y sustituir a policías y guardias civiles en las calles por vigilantes privados.

Y ha subrayado que la nueva ley dará cobertura de legalidad a lo que ya era una realidad «consolidada y asumida con toda normalidad», como es la presencia de vigilantes privados en urbanizaciones y zonas peatonales.

Soy Vigilante de Seguridad Privada, no soy "guarda jurado", " segurata",ni "chaqueta roja"... SOY VIGILANTE DE SEGURIDAD Soy Vigilante de Seguridad, y en el tiempo que llevo en esta profesión he tenido que hacer frente a muchas situaciones difíciles: agresiones,...

La nueva Ley de Seguridad Privada, cuyo proyecto obtuvo el visto bueno del Congreso este martes, ha levantado una polémica política y en los sindicatos y asociaciones que representan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las atribuciones que concede a los vigilantes privados para que, con la autorización pertinente, puedan identificar y detener en la vía pública.

Según el texto, que cuenta con el apoyo de PP, PNV y CiU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural, la norma permitirá a los vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, pero también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

«La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional«, argumentaba el diputado del PP Francisco Márquez este martes en el Congreso, y añadía que, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.

En esa misma línea abunda el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que asegura que estasa medidas ayudarán a la consolidación de un sector en pleo auge -da empleo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros al año- y que la futura ley alcanzará «la meta ambiciosa» de coordinar la seguridad pública con la privada.

«Conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez», ha sentenciado y afirma que esa es la guía del Gobierno para actualizar la normativa de seguridad privada, vigente desde 1992.

Sin embargo, esta legislación, que aún ha de pasar por el Senado, ha generado una fuerte polémica y división de opiniones entre asociaciones jurídicas y los representantes de Policía y Guardia Civil.

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El PP ha logrado con los votos a favor de CiU y PNV aprobar en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Seguridad Privada que será remitida al Senado para continuar su tramitación. Este proyecto ha recibido la oposición del PSOE, UPyD e Izquierda Plural, que acusan a los ‘populares’ de avanzar en la privatización del sector de la Seguridad. Los socialistas van más allá y acusan al PP abrir la puerta a que los vigilantes de seguridad privados puedan identificar, cachear y detener a los ciudadanos en la vía pública.

Los socialistas basan sus críticas en la redacción del artículo 32 de la Ley sobre «Vigilantes de seguridad y su especialidad» en la que se recogen las funciones de los vigilantes. Entre ellas se contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, «llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión». Los socialistas entienden que esa alusión a los «registros» abre la puerta que los ciudadanos puedan ser cacheados.

En ese mismo artículo se otorga a los vigilantes la potestad de «efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades».

En cuanto a la posibilidad de practicar detenciones por parte de los vigilantes de seguridad, la Ley aprobada dice que «en relación con el objeto de su protección o de su actuación» pueden «detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes». «No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades», añade el artículo.

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