El Ministerio del Interior probará durante nueve meses la vigilancia privada en el exterior de las cárceles, con el fin de determinar si cabe generalizar este sistema para ahorrar costes. Por el momento, la “experiencia piloto” sobre esta protección privada se lleva a cabo en centros como los de Zuera y Daroca, en Zaragoza.

Interior se refiere a este asunto en una respuesta parlamentaria que ha enviado al Congreso y a la que ha tenido acceso Servimedia. El Gobierno respondía a una pregunta de la diputada socialista Susana Sumelzo, quien se interesó sobre “previsiones acerca de modificar el Reglamento Penitenciario que contempla que la seguridad exterior de las prisiones corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la medida del Ministerio del Interior de incorporar vigilancia privada en las cárceles”.

A este respecto, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz explica que “los vigilantes de seguridad privada realizan funciones de apoyo -visionado de monitores, vigilancia en garitas y control de acceso exterior- en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca desde el pasado 6 de mayo”.

En concreto, los vigilantes privados ocupan en Daroca un total de cinco puestos durante las veinticuatro horas del día, mientras que en la cárcel de Zuera este personal externo se encarga de dos puestos, también durante toda la jornada.

Interior asegura que “el plan pretende optimizar los recursos humanos y materiales asignados y hacer un uso más eficiente de los mismos, sin pérdida de las condiciones de seguridad”. El Ministerio afirma que “la experiencia piloto tendrá una duración de nueves meses y permitirá determinar si la misma es o no extrapolable al resto de los centros penitenciarios y sus resultados desde el punto de vista de optimización de los recursos disponibles”.

El Gobierno Vasco aprobó este martes la concesión de una subvención de 1.396.148,15 euros a los armadores de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma Vasca, ante el riesgo de ataques por parte de piratas en aguas del Océano Índico. En el...

El próximo 30 de octubre se celebra en el Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao, el I Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, un foro que reunirá al sector de la Seguridad en una jornada de trabajo en la que se analizarán los nuevos retos a los que se enfrenta la Seguridad Privada en el País Vasco, y donde los profesionales podrán compartir e intercambiar conocimientos y puntos de vista, así como analizar los asuntos de más actualidad.

El Congreso, el primero de esta naturaleza que se organiza en el País Vasco, está organizado por Peldaño y cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras entidades.

El Congreso, el primero de esta naturaleza que se organiza en el País Vasco, está organizado por Peldaño y cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y otras entidades.

Bajo el lema «Nuevos tiempos para la seguridad», el Congreso cuenta con un amplio programa de ponencias donde se abordaran los siguientes temas:

• Espacios de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada en Euskadi, donde se analizarán aspectos como la colaboración entre ambas seguridades en general, la colaboración entre distintas administraciones, así como la colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Nuevo escenario normativo: proyecto de Ley de Seguridad Privada y su impacto en el marco legislativo actual de Euskadi. Competencias en materia de Seguridad Privada.
• Planes de Seguridad y Gestión de Crisis: programas de cooperación para la Seguridad y Gestión de Crisis, protección de Infraestructuras Críticas, seguridad en la industria, y seguridad en Entidades Financieras.
• Nuevos retos y amenazas: terrorismo y seguridad, ciberataques y espionaje industrial, y crimen organizado.

Estos son los puntos más destacados que incluye el proyecto de reforma del Código Penal impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Se añaden novedades en el castigo de la corrupción o la piratería y otros aspectos muy destacados como la prisión permanente revisable.

Corrupción

Se contempla la creación de un nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Revisa los tipos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.

En los delitos de malversación y administración desleal ya no será preciso acreditar un enriquecimiento sino que bastará con probar que ha existido una conducta «desleal» con perjuicio para el patrimonio público. Ahora se perseguirá penalmente a los responsables de firmar contratos por un precio desorbitado o pagar por servicios no prestados.

Prisión permanente revisable

Se aplicará a los homicidios terroristas o contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros.

En ciertos crímenes que causan especial repulsa social, cuando la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, cuando exista también delito contra la libertad sexual o a los cometidos por miembros de una organización criminal.

La pena establece un cumplimiento íntegro de la condena, pero tras un tiempo establecido -de 25 a 35 años- se aplicará un sistema de revisión, cada dos años.

«Parece que nunca pasa nada». Pero en realidad los vigilantes de seguridad de grandes superficies y de establecimientos comerciales en núcleos urbanos se enfrentan cada día a mil y una intervenciones. A.O.R., de 35 años, es uno de ellos y en los ocho años que lleva trabajando para Prosegur ha tenido que acudir a un centenar de juicios por haber interceptado a ladrones. «Soy muy activo y me exijo mucho», dice.

La noche del pasado miércoles, cuando se encontraba en la salida de una de las grandes tiendas de Megapark, vio cómo un supuesto cliente, «algo más mayor que yo y con aspecto de drogodependiente», se iba con un gran bulto en un carro sin pasar por caja. Se trataba de un equipo de aire acondicionado valorado en unos 600 euros.

Tras comprobar sus sospechas en las imágenes de las cámaras de seguridad salió corriendo detrás de él, que empujaba un carrito, y le alcanzó en el parking. Allí le estaba esperando «un cómplice con un coche para escapar». Al ver al uniformado, el vehículo se dio a la fuga.

UGT, CCOO y CSIF convocarón una concentración el pasado día 12 de Septiembre a la entrada del centro penitenciario de Cáceres, entre otros del país, en protesta por el plan del Ministerio del Interior de sustituir funcionarios por vigilantes de empresas privadas en...

Pedro Gómez Damborenea

Hace solo dos años Euskadi era una zona de alto riesgo sencillamente por pensar diferente. Hace un año aún vivía con escoltas. Durante tres años cada movimiento que hacía fuera de mi casa era acompañado. Tenía siempre dos personas que me cuidaban y garantizaban que hoy pueda seguir opinando. Solo puedo darles las gracias. Su trabajo era protegerme, se les pagaba por ello, lógicamente, y arriesgaban su vida. Hoy le hemos abandonado. Tenemos una deuda con ellos.

Me repatea oír al secretario de relaciones institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, referirse a los escoltas como chóferes. Por un lado, hace ver que no eran necesarios y, por otro, degrada su labor. Estoy seguro de que el señor Mediavilla no ha tenido nunca escoltas o ha vivido en esa asquerosa ambigüedad escondida bajo el término conflicto que, aunque no justificaba, daba una lectura política al terrorismo de ETA.

Mis escoltas llegaban a mi casa al menos media hora antes de mis salidas y revisaban los contenedores y la zona. Me dejaban en casa y se quedaban un rato por los alrededores. Les pagaban por cuidarme y lo hacían muy bien. Me llevaban en el coche y yo hubiera preferido que no estuvieran, pero no eran mis chóferes. Sus jornadas eran largas, más que la mías. Estoy seguro que ha habido escoltas poco profesionales, pero no más que políticos, carniceros, periodistas, empresarios, funcionarios, médicos,…

El diputado del PSOE por Asturias en el Congreso de los Diputados, Antonio Trevín, ha anunciado este viernes la presentación de una enmienda al proyecto de ley de seguridad privada para impedir que los vigilantes privados puedan realizar tareas de control perimetral tanto en centros penitenciarios como en centros de acogida de extranjeros.

El proyecto, tal y como está redactado, sí permitiría que los vigilantes privados haciesen esas labores en esos dos ámbitos. Pero Trevín no lo considera adecuado y quiere que sean los funcionarios de prisiones, la Guardia Civil y la Policía los que sigan efectuando esa labor.

«La vigilancia en esos espacios concretos tiene que seguir siendo exclusivamente pública», ha comentado el diputado socialista, en una rueda de prensa ofrecida en la sede asturiana de UGT junto al secretario del sindicato de prisiones de FSP-UGT Asturias, Juan José Villar Cabrero, el secretario general de Unión de Guardias Civiles de Asturias (UGC), Ramón Rodríguez Prendes, y el secretario regional de Unión Federal de Policías de Asturias (UFP), Abel Boto.

Trevín ha dicho que no es comprensible que se cambie algo que se ha demostrado que funciona, mientras que Villar Cabrero, que es funcionario del Centro Penitenciario de Villabona, ha argumentado que no existen razones objetivas para «privatizar» la seguridad en las cárceles. «Defendemos un modelo público», ha manifestado.

Abel Boto, por su parte, habló de un proyecto normativo ccon «carencias» y «contradicciones». Ha indicado que se pretende que la seguridad privada pase a ser «complementaria» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha mostrado en contra.

El pasado 14 de junio el Gobierno aprobó el proyecto de ley de seguridad privada, que fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y en los próximos días este proyecto deberá ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados, donde CiU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad, según aseguró el parlamentario de esta formación, Jordi Jané i Guasch, en un seminario organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Jané aseguró que «CiU votará en contra del proyecto de ley de seguridad privada si la norma no se modifica en trámite parlamentario». El diputado de la formación catalanista, que es vicepresidente del Congreso, afirma que «las cifras en España nos demuestran que el sector de la seguridad privada puede crecer» y para ello recordó los datos del sector, en el que trabajan cerca de 1.500 empresas, donde hay en torno a 85.000 trabajadores, y cuya facturación el año pasado superó los 3.200 millones de euros. Todo esto, CiU lo tiene en cuenta, pero no convence entre los nacionalistas catalanes la forma en que se ha gestado este proyecto.

Por parte del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, consideró que este proyecto de ley es «necesario, oportuno y actual». Lo que más preocupaba en el Gobierno es que la anterior ley, que data de 1992, se había quedado obsoleta y había sido superada, como señaló Martínez Vázquez: «por una profusión de normas que la desarrollaban y que hacían que la materia resultara incomprensible».

Las empresas de seguridad privada de Cataluña han recibido la notificación por la cual sus vigilantes están obligados a llevar en este mes de septiembre la placa de Vigilante de Seguridad en catalán, aplicando así la orden de la Consejería de Interior de 17 de enero...