Los amos de los guardianes

Los amos de los guardianes

A muchos, el nombre de Michael Larson les sonará, literalmente, a sueco…, a literato sueco. Pero no, Larson no escribe libros; desde una pequeña oficina de Seattle, este ejecutivo lleva dos décadas comprando y vendiendo empresas por todo el mundo en nombre de Bill Gates. Hace un mes se supo que el fondo Cascade, liderado por Larson había adquirido entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, una operación de la que, por cierto, no hay rastro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues Gates no supera el 3% del capital que obliga a informar al regulador.

En España, hay un guardián del orden por cada 144 personas. La cuenta sale de que, según los últimos datos de la patronal del ramo, hay 82.150 vigilantes privados en activo (unos 223.000 con licencia), a los que hay que añadir otros 241.791 agentes públicos, entre guardias civiles y policías nacionales, locales y autonómicos.

Esa proporción da la pista a los asesores de Bill Gates y al resto de inversores de que a la industria de la seguridad le queda mucho recorrido. A medida que desaparecen los bedeles, los funcionarios de prisiones, los ordenanzas, los porteros de finca, los guardeses, los civiles que cachean en los aeropuertos, los celadores sanitarios, los taquilleros del Metro, los ujieres de los juzgados e, incluso, los manitas de los centros de enseñanza… se abren paso los guardias jurado y la industria acorazada de videovigilancia, escáneres…, a los que pronto se unirán otros artilugios como los drones o las googleglass.

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Escoltas, entre el paro y la depresión

Escoltas, entre el paro y la depresión

Ramón está a un mes de agotar la prestación por desempleo, sufre ansiedad y recurre a pastillas para poder conciliar el sueño. Iñaki tampoco tiene trabajo, está en trámites de separación de su esposa y se ve obligado a alojarse en casa de un amigo para mantener a sus dos hijos. Marcos tiene reconocida incapacidad profesional, tiene su vivienda embargada y recibirá cualquier día la notificación con la fecha del desahucio. Todos ellos comparten un nexo de unión. Ramón, Iñaki y Marcos, nombres ficticios, trabajaban hasta hace poco tiempo como escoltas privados y protegían la vida y la integridad de dirigentes y cargos políticos amenazados por ETA. El ex diputado general de Álava, Ramón Rabanera, el actual alcalde de Vitoria, Javier Maroto, su antecesor en el cargo Patxi Lazcoz, o los parlamentarios Carmelo Barrio y Laura Garrido son algunos de ellos.

La situación personal, laboral y de salud de estos escoltas no puede ni debe generalizarse a todo el colectivo, pero constituye una fotografía real de las dificultades de todo tipo que están atravesando un número importante de los profesionales que permitieron a los partidos vascos, y especialmente a los no nacionalistas, ejercer la política durante los últimos veinte años en unas condiciones mínimas de seguridad y libertad.

Algunos de estos escoltas, incluso, no pudieron hacer frente a estas dificultades y decidieron quitarse la vida como vía para huir de sus problemas.

Los escoltas privados que protegieron durante las dos últimas décadas a los ciudadanos vascos amenazados por el terrorismo de ETA atraviesan una situación personal y laboral muy difícil. La mayoría se encuentra en paro sin alternativas efectivas para reincorporarse al mercado de trabajo y muchos padecen problemas psicológicos y dependen de ansiolíticos para poder dormir.

El Gobierno de España planteó la posibilidad recolocarles como personal de seguridad en la red de centros penitenciarios –el Ministerio de Interior puso en marcha hace siete meses un proyecto piloto y contrató a 95 escoltas– o los pesqueros españoles que faenan en aguas peligrosas por la presencia de piratas. Ninguna de estas vías ha logrado por ahora absorber a los miles de escoltas en desempleo.

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Interior subraya que, en 13 años, sólo ha impuesto 86 sanciones a vigilantes de seguridad por abuso de autoridad

Interior subraya que, en 13 años, sólo ha impuesto 86 sanciones a vigilantes de seguridad por abuso de autoridad

El Ministerio del Interior considera que el sector de la seguridad privada funciona adecuadamente pues, en los últimos trece años, sólo ha tenido que imponer 86 sanciones a vigilantes por abuso de autoridad.

Así se pronuncia el Gobierno ante una serie de preguntas planteadas por el portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, registradas en el Congreso a raíz de la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Privada que otorga nuevas atribuciones a los vigilantes jurados.

«Cabe señalar que la actividad de los servicios de seguridad privada, que engloba miles de actuaciones diarias, se desarrolla con normalidad», resume el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press. Concretamente, subraya que «entre los años 2001 y 2013, solamente se han impuesto 86 sanciones por ejercicio abusivo de funciones o falta de respeto a los ciudadanos durante actuaciones de vigilantes de seguridad».

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BOE – Tabla Salarial 2014

BOE – Tabla Salarial 2014

 Publicación en el BOE de la TABLA SALARIAL 2014  y la modificación de los artículos 41 Y 42 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. {source}<iframe class="scribd_iframe_embed"...

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Radiografía de la seguridad privada: El otro ‘Ejército’

Radiografía de la seguridad privada: El otro ‘Ejército’

Fernando Lázaro – No son pocas las veces en que la letra pequeña (o la torcida) de los asuntos de seguridad no se incluye en los medios clásicos. En Bajos Fondos levantaremos alfombras aún sin sacudir y valoraremos comportamientos positivos de los agentes que nunca tienen espacio en las páginas habituales de información. Convertiremos en mayúscula la letra pequeña de su trabajo.

Se han convertido en uno más, en una parte vital de la seguridad de España. Paso a paso, lustro a lustro, las empresas, los vigilantes, el sector es ya una pieza más del engranaje que da tranquilidad a los españoles. Son un ‘ejército’ y, como tal, necesitaban una legislación actualizada, metida en el siglo XXI. Aún pervivían bajo normas del 92.

Ahora, el Ejecutivo ha puesto en danza un nuevo marco normativo, con el que trata de acompasar este importante sector a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Ahora, el trabajo hombro con hombro con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado estará más fijado. Porque son más de 110.000 los ojos que el Estado también puede y debe utilizar. De hecho, ya utiliza. Las estadísticas de la evolución del sector son impresionantes.

Hoy no trato de diseccionar la nueva legislación. No. Trataré de dibujar como es. Y para ello, datos y más datos. Trataré de hacerlos digeribles. Las estadísticas son tercas y demuestran una potente evolución de un sector que, además, tiene un gran predicamento a nivel internacional, que sus empresas tienen un reconocido servicio tanto en Europa como en América.

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Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF

Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF

El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.

Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado.

En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.

Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.

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CCOO advierte que Ley de Seguridad Privada privatiza el ámbito público

CCOO advierte que Ley de Seguridad Privada privatiza el ámbito público

La Federación de Servicios a la Ciudadanía alerta de la mercantilización del derecho a la seguridad y del abandono de los requisitos constitucionales básicos que conlleva la Ley de Seguridad Privada, que hoy se somete a votación en el Congreso.

Esta nueva norma que sustituirá a la actual, en vigor desde el año 92, va a ser el complemento indispensable del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza).

El conjunto de enmiendas propuestas no van a cambiar sustancialmente nada de la ley, salvo algunos pequeños detalles. Por tanto, desaparece la actual subordinación de las empresas privadas a la corresponsabilidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad.

El articulado de la nueva norma contempla, por ejemplo, que los vigilantes de seguridad van a poder patrullar por las vías públicas con la autorización pertinente, para “complementar” las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los guardas rurales. Se podrá implantar que determinadas actividades, obligatoriamente tengan seguridad privada y se eliminan como infracciones graves los abusos a la ciudadanía y la tolerancia de éstos por los mandos superiores, algo que sí se exige a los cuerpos policiales.

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