El Senado rechaza los 5 vetos de la oposición a la Ley de Seguridad Privada

El Senado rechaza los 5 vetos de la oposición a la Ley de Seguridad Privada

El pleno del Senado ha rechazado los cinco vetos presentados por la oposición a la Ley de Seguridad Privada, que será aprobada esta noche en la Cámara alta con el voto mayoritario del PP para su devolución al Congreso al haberse enmendado en este trámite parlamentario.

El Senado ha tumbado con el rechazo de los populares los vetos presentados por el Grupo Mixto, Entesa y los socialistas y debate ahora las enmiendas parciales al articulado, de las que cincuenta de las cien que permanecían vivas han sido aceptadas por el grupo mayoritario de la cámara, según ha dicho su senador Luis Aznar.

En un debate en que algunos portavoces han reprochado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no haya acudido al pleno a defender su proyecto, Aznar y su compañero de grupo Santiado López Valdivielso han negado que la nueva ley vaya a suponer una privatización de la seguridad. La tramitación en la Cámara alta ha permitido la modificación de un número importante de preceptos sobre el proyecto inicial que presentó el Ministerio del Interior, especialmente aquellos artículos más polémicos que hacen referencia a las competencias de los vigilantes privados.

Entre los retoques dados al texto a través de enmiendas pactadas entre PP y CiU, destaca la limitación de los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar servicio, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales como la de Preciados, en Madrid, o las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba previsto.

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Un escáner para aeropuertos más ágil y discreto

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La investigación sobre la misteriosa desaparición de un avión de la compañía Malaysia Airlines ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas de seguridad en los aeropuertos.

Los viajeros se han acostumbrado a llegar con antelación para pasar los controles antes de acceder a la zona de embarque, pues a menudo hay que esperar colas debido a la lentitud del proceso y a la frecuencia con la que los arcos que detectan objetos metálicos dan falsas alarmas que obligan a realizar cacheos. Por otro lado, los escáneres corporales digitales implantados sobre todo en EEUU permiten detectar también objetos no metálicos, pero han suscitado críticas porque los detalles de la anatomía del pasajero quedan expuestos a las miradas del personal de seguridad.

Un escáner que está siendo desarrollado por un consorcio liderado por la compañía española Alfa Imaging y financiado por la Comisión Europea, intenta dejar atrás los inconvenientes de los sistemas implantados en la actualidad.

Menos falsas alarmas

Por un lado, este escáner denominado TeraScreen pretende agilizar los controles al reducir las falsas alarmas y requerir menor atención por parte de los vigilantes. Por otro, ofrece una imagen genérica computerizada del individuo, que ni muestra detalles anatómicos ni queda registrada para respetar su privacidad.

«Nuestro sistema se basa en la tecnología de las ondas milimétricas. A diferencia de otros escáneres, como los que usan rayos X, no emite radiación nociva para la salud», sostiene Fernando Allona, consejero delegado de la empresa Alfa Imaging.

No se trata de una tecnología nueva pues desde los años 70 se usa para ver en condiciones de baja visibilidad, por ejemplo, para que los helicópteros puedan aterrizar en el desierto si hay tormentas de arena.

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LSP – Aprobado por el Senado

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Ratificado acuerdo alcanzado en el SIMA

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El pasado 28 de febrero de 2014, se volvió a reunir la comisión paritaria del convenio para ratificar el acuerdo alcanzado en el SIMA, entre las patronales, APROSER, UAS, FES y los sindicatos Fes-UGT y FTSP-USO. Con la ratificación de este acuerdo se inaplican las...

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SIMA – Acta del acuerdo sobre el convenio

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El TS anula los servicios mínimos de seguridad privada que fijó Interior en la huelga general

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El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación que presentó la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los servicios mínimos en la seguridad privada decretados por Interior para la huelga general del 29 de marzo de 2012.

El Supremo ha anulado dicho fallo y ha estimado plenamente el recurso de UGT por la falta de justificación de la esencialidad de los servicios de seguridad privada en hospitales, juzgados y tribunales y dependencias de la Administración Pública y la ausencia de motivación de los porcentajes de servicios mínimos fijados por el Ministerio del Interior.

En concreto, para la huelga general del 29 de marzo, se determinaron unos servicios mínimos de entre el 50% y el 100% para el personal de seguridad privada adscrito a servicios considerados esenciales por el Gobierno, para lo que había tenido en cuenta la «amenaza constante» de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública.

Así, Interior consideraba servicios esenciales las denominadas «infraestructuras críticas», como el transporte, la energía, la salud, la información y las telecomunicaciones, y la alimentación y las finanzas, y se defendía un nivel básico de actividad en la prestación del servicio de seguridad privada en hospitales, juzgados, tribunales y dependencias de las administraciones públicas.

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El Gobierno da marcha atrás y suaviza la ley de Seguridad Privada

El Gobierno da marcha atrás y suaviza la ley de Seguridad Privada

El PP se propone limar en el Senado algunos de los aspectos más polémicos del proyecto de ley de Seguridad Privada. El grupo popular de la Cámara alta presentó a última hora del martes, e instantes antes de concluir el plazo de adminisión, doce enmiendas al proyecto. Una de ellas establece que los vigilantes jurados no puedan realizar detenciones en la vía pública, uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa, y cuya retirada era exigida por las fuerzas de la oposición. Con el cambio, solo podrán retener a las personas en espacios delimitados de los establecimientos comerciales.

Según el texto que salió del Congreso, y que contó con el apoyo de PP, CiU y PNV, los vigilantes privados podían detener a los presuntos delincuentes en «zonas comerciales peatonales». Según denunció entonces la oposición, esta disposición permitía que un vigilante detuviera e identificara a los supuestos autores de un delito en la vía pública más allá de su espacio de trabajo, por ejemplo en una calle de establecimientos comerciales. Eso sí, siempre con la obligación de poner a esa persona bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de forma inmediata. De aprobarse los cambios propuestos ahora por el grupo popular, como todo parece indicar que sucederá debido a su mayoría absoluta en el Senado y Congreso, desaparecerá de la ley la definición de «zona comercial peatonal» y se sustituirá por «complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», una acotación que en la práctica viene a excluir la vía pública salvo contadas excepciones.

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