El diputado del PSOE por Asturias en el Congreso de los Diputados, Antonio Trevín, ha anunciado este viernes la presentación de una enmienda al proyecto de ley de seguridad privada para impedir que los vigilantes privados puedan realizar tareas de control perimetral tanto en centros penitenciarios como en centros de acogida de extranjeros.

El proyecto, tal y como está redactado, sí permitiría que los vigilantes privados haciesen esas labores en esos dos ámbitos. Pero Trevín no lo considera adecuado y quiere que sean los funcionarios de prisiones, la Guardia Civil y la Policía los que sigan efectuando esa labor.

«La vigilancia en esos espacios concretos tiene que seguir siendo exclusivamente pública», ha comentado el diputado socialista, en una rueda de prensa ofrecida en la sede asturiana de UGT junto al secretario del sindicato de prisiones de FSP-UGT Asturias, Juan José Villar Cabrero, el secretario general de Unión de Guardias Civiles de Asturias (UGC), Ramón Rodríguez Prendes, y el secretario regional de Unión Federal de Policías de Asturias (UFP), Abel Boto.

Trevín ha dicho que no es comprensible que se cambie algo que se ha demostrado que funciona, mientras que Villar Cabrero, que es funcionario del Centro Penitenciario de Villabona, ha argumentado que no existen razones objetivas para «privatizar» la seguridad en las cárceles. «Defendemos un modelo público», ha manifestado.

Abel Boto, por su parte, habló de un proyecto normativo ccon «carencias» y «contradicciones». Ha indicado que se pretende que la seguridad privada pase a ser «complementaria» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha mostrado en contra.

El pasado 14 de junio el Gobierno aprobó el proyecto de ley de seguridad privada, que fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y en los próximos días este proyecto deberá ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados, donde CiU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad, según aseguró el parlamentario de esta formación, Jordi Jané i Guasch, en un seminario organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Jané aseguró que «CiU votará en contra del proyecto de ley de seguridad privada si la norma no se modifica en trámite parlamentario». El diputado de la formación catalanista, que es vicepresidente del Congreso, afirma que «las cifras en España nos demuestran que el sector de la seguridad privada puede crecer» y para ello recordó los datos del sector, en el que trabajan cerca de 1.500 empresas, donde hay en torno a 85.000 trabajadores, y cuya facturación el año pasado superó los 3.200 millones de euros. Todo esto, CiU lo tiene en cuenta, pero no convence entre los nacionalistas catalanes la forma en que se ha gestado este proyecto.

Por parte del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, consideró que este proyecto de ley es «necesario, oportuno y actual». Lo que más preocupaba en el Gobierno es que la anterior ley, que data de 1992, se había quedado obsoleta y había sido superada, como señaló Martínez Vázquez: «por una profusión de normas que la desarrollaban y que hacían que la materia resultara incomprensible».

Las empresas de seguridad privada de Cataluña han recibido la notificación por la cual sus vigilantes están obligados a llevar en este mes de septiembre la placa de Vigilante de Seguridad en catalán, aplicando así la orden de la Consejería de Interior de 17 de enero...

El vigilante de seguridad del hipermercado de Sevilla asaltado este viernes por miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Juan Manuel Sánchez Gordillo ha declarado a la Policía que recibió amenazas por parte del secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero.

Según han relatado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, el vigilante ha explicado a la Policía que intentó impedir que los sindicalistas se llevaran lo sustraído del hipermercado cuando éstos abandonaban el centro comercial. En ese momento, una persona que ha identificado como Diego Cañamero se dirigió a él y le dijo: «Estate quieto, chaval, que te vas a buscar un problema«.

Además de tomar declaración al vigilante de seguridad y a otros testigos presenciales de los hechos, la Policía está visionando todas las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para identificar y detener a quienes hayan participado en el asalto, así como determinar el grado de violencia empleado.

El SAT ha calificado el asalto, en el que han participado 200 sindicalistas, como una «protesta» para llamar la atención sobre la situación de los dos millones de andaluces en situación de pobreza y las 400.000 familias que «no reciben ningún tipo de ayuda ni prestación» y que tienen todos sus miembros en paro.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Seguridad Privada que presenta algunos cambios respecto el mismo anteproyecto que Interior presentó el pasado 12 de abril tras escucharse las sugerencias de las partes implicadas y de estudiar los informes consultivos. Entre las modificaciones más relevantes, el Gobierno ha accedido a que la empresas de seguridad privada no puedan llevar a cabo investigaciones porque, según ha indicado el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se podrían dar casos de «conflictos de intereses». Las agencias ya habían alertado de una invasión de sus competencias. Sin embargo, ha mantenido los objetivos iniciales de controlar más el sector de la investigación privada pese a que el propio ministro ha admitido que las agencias de detectives han mostrado su oposición a esos planes.

El ministro ha presentado el proyecto aprobado por el Gobierno en rueda de prensa, en la que ha adelantado que la nueva ley no va a incluir ninguna regulación específica sobre la videovigilancia de carácter privada en espacios públicos porque, por recomendación de los expertos, el ejecutivo tiene intención de presentar una ley específica a tal efecto. Jorge Fernández ha subrayado que, pese a ello, no va haber «vacío legal», ya que, «ya existe una importante doctrina en la que se basará la futura norma».

Juan Antonio Pérez Cano afrontó el pasado miércoles 19 de junio el juicio por los impagos de la empresa de seguridad Esabe. Fue uno de los denunciantes que destapó el caso de esta empresa, cuyos responsables llevaban una vida de lujo, viajaban en yates y en deportivos, pero lo hacían sin pagar las nóminas de sus empleados. Pérez Cano perdió su vivienda y tuvo que entregarla al banco, que aceptó la dación en pago y ahora le permite vivir en su casa cobrándole un alquiler social. El martes le reclamará a la empresa los casi 9.000 euros que se les adeudan.

A raíz de su denuncia, junto con la de un grupo de trabajadores de toda España, la Policía Nacional detuvo a diez miembros de la cúpula de Esabe y destapó la vida de lujo que llevaban. Sin embargo, el propietario y máximo responsable de la empresa, Juan José Prados del Pino, permanece en paradero desconocido.

La entidad adeuda más de 50 millones de euros a sus trabajadores entre salarios y horas extraordinarias. Los empleados ganan todos los juicios pero tardan en cobrar o lo hacen con muchas dificultades porque no hay ningún responsable que dé la cara. Nadie se presenta a los juicios y como mucho se les embarga algo. En un desguace de un municipio próximo a Sevilla, por ejemplo, hay furgones de Esabe que están embargados.

Mientras tanto, la situación de algunos de los empleados es desesperada. A Pérez Cano otra empresa de seguridad para la que trabajó le adeuda otros 30.000 euros. Lo tiene reconocido en una sentencia que ganó, pero no ha percibido un céntimo y ahora espera que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) le abone esta deuda o parte de la misma. Algunos de sus compañeros se han suicidado. Otros, como él, han perdido su piso. «Hay quien no tiene para comer porque no llega a ingresar ni 500 euros al mes. Yo al menos estoy trabajando ahora y, con lo que gano, que no es mucho, pago el alquiler y lo suficiente para comer. Este verano no veremos la playa ni en pintura, mientras los causantes de mi desgracia están todos en libertad y se han pegado la gran vidorra a costa de nosotros», lamenta este vigilante.

Por Pedro Rodríguez López de Lemus
Abogado especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías

Se ha convertido en algo habitual que en muchos de los lugares en los que nos encontremos estemos rodeados de cámaras que capturan nuestra imagen. La mayoría de ellas tienen como finalidad la vigilancia para garantizar la seguridad y protección de las personas y los bienes, aunque como veremos más adelante, no es la única finalidad con que se utilizan.

Pero, ¿cuál es el motivo de la proliferación de las cámaras con fines de vigilancia? La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en diversos factores, aunque de manera destacada pueden mencionarse tanto el desarrollo tecnológico de éstas, como una revitalización en nuestra sociedad de las medidas de control para alcanzar la seguridad.

Esta evolución tecnológica en el desarrollo de estos sistemas, además de acelerar su proliferación, está permitiendo un incremento sustancial de sus facultades, siendo ya accesible la instalación de múltiples cámaras conectadas entre sí con funciones de reconocimiento facial y de seguimiento. Así, los sistemas de videovigilancia son cada vez más eficaces, pero invaden de forma más intensa la privacidad de las personas cuyas imágenes son captadas, de ahí la importancia de encontrar un justo equilibrio entre el uso de estos sistemas y la privacidad de los ciudadanos.

Y, ¿cómo logramos este equilibrio? Pues a través de la normativa aplicable a estos sistemas de videovigilancia, la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, en adelante LOPD, ya que la información captada por estos sistemas, las imágenes, son consideradas datos de carácter personal al identificar o hacer identificables a los titulares de las mismas, y son tratadas de forma automatizada.

La Federación de Servicios Públicos de UGT de La Rioja mostró ayer su «total y absoluto rechazo» a la implantación en veintiún centros penitenciarios de la vigilancia exterior privada, «entre los que se encuentra en centro penitenciario de Logroño». Para este...

Manuel Sánchez Gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
Miembro experto de la Comisión Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior

SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD PRIVADA Y SOCIEDAD

Una vez más, hay que recordar que, en las sociedades democráticas, la seguridad de los ciudadanos es un derecho constitucional y su garantía una de las principales responsabilidades del Estado y del Gobierno, situación que hace necesaria una permanente dedicación y adecuación a las  demandas y cambios requeridos por la propia sociedad, teniendo en cuenta además que, en la actualidad, esta plasticidad se torna especialmente compleja para la Seguridad Ciudadana por los efectos negativos derivados del proceso de globalización.

Una Seguridad Ciudadana que está estructurada en dos grandes bloques: Un primer bloque, la Seguridad Pública, cuyo marco de referencia y desarrollo deriva, en general, de un mandato constitucional, y se desarrolla a través de las leyes y decretos que emanan del Estado. Y un segundo bloque, el correspondiente a la Seguridad Privada cuyo marco es el ser auxiliar, complementaria y subordinada de la Seguridad Pública y que, actualmente, se encuentra en momentos claves por cuanto la Seguridad Pública se siente limitada en sus recursos para cubrir las necesidades y exigencias de seguridad que demanda la sociedad, y la Seguridad Privada se encuentra limitada por indefiniciones o carencias reglamentarias que no permiten, por un lado, dar la cobertura necesaria y complementaria de la Seguridad Pública demandada por los ciudadanos y, por otro lado, ofrecer los  servicios que las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad plantean desde la perspectiva puramente privada.

Todo ello, sin perder el referente de que la seguridad es un objetivo y la prevención y protección son los medios para conseguir esa básica configuración de Seguridad Ciudadana. Es en el correcto diseño de su esquema general, donde se ha de abordar los conceptos principales a desarrollar para el establecer el modelo previsto de seguridad única.

Esta seguridad básica y única pasa por tener en cuenta y respetar las bases de su justificación, como son: los derechos constitucionales, la legislación y normativa aplicable, la implementación de medidas preventivas y de protección de carácter obligatorio y el desarrollo de una nueva cultura de prevención basada en el autocontrol y la autoprotección.