El diputado nacional del PP de La Rioja Conrado Escobar, ha señalado que el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada "pretende regular esta materia de manera integral, para que la seguridad privada sea un sector subordinado, complementario y coordinado de la seguridad...
Es evidente que todos los imputados que han ido desfilando por el Juzgado de Instrucción número 51 para prestar declaración ante el instructor del caso Madrid Arena se han culpado unos a otros a la hora de asumir responsabilidades, sobre todo en materia de seguridad. Ya van muchas horas de declaraciones (a una media de tres horas por imputado) y ante tantas concreciones y precisiones sobre quién ordenó o quién ejecutó tal orden aquella noche, el juez Eduardo López Palop solicita al Ministerio Fiscal en una providencia del pasado lunes que se pronuncie acerca de la posibilidad de realizar careos entre algunos imputados.
En concreto, para aclarar quién fue el que abrió o, mejor dicho, quién ordenó abrir el famoso portón situado en cota 0 por el que entraron miles de jóvenes directamente a la pista central. En este punto, los encargados de la seguridad del recinto (Seguriber) y los responsables del pabellón (Madridec) difieren, quizás porque el responsable de esa decisión también podría serlo de un delito de homicidio si se demuestra, como cree el juez Palop, que ese gesto tiene relación directa con la muerte de las cinco chicas.
Tanto Raúl Monteverde, jefe de equipo de Seguriber, como José París Nalda, coordinador de vigilantes de la misma empresa, acusan a Francisco del Amo (coordinador de operaciones y proyectos de Madridec) de ser el encargado de dar esa orden. El magistrado baraja volver a citar a Del Amo o «practicar nuevas diligencias para esclarecer este importante extremo, como pudiera ser un careo», dado que el próximo día 26 vuelve a declarar un miembro de Seguriber, Antonio Díaz Romero, a quien el jefe de equipo de la empresa de seguridad acusa de abrir el portón tras recibir órdenes de Madridec. También recoge este punto de la providencia que José Ruiz Ayuso, responsable de Madridec (quien cargó contra su jefe Del Amo), afirmó que son los trabajadores de Seguriber y no los de Madriec quienes únicamente tienen el mando de apertura del portón.
El conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha avisado hoy que el anteproyecto de ley de seguridad privada del Gobierno supone un "paso atrás" en materia competencial y ha reivindicado que la Generalitat ejecute la autorización, inspección y sanción en seguridad...
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha informado a la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) de la intención de recurrir a la seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles,...
Recientemente el Ministro del Interior presento al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que os adjuntamos integramente así como la valoración de la iniciativa y observaciones al articulado del texto por parte del Colectivo.
La juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha confirmado la imputación en esta causa del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, por su «intervención» en la inclusión de un ‘intruso’ en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox.
En un auto dictado el pasado mes de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el alto cargo de CCOO-A contra el auto dictado el 27 de enero de 2012, en el que lo imputaba después de reconocer ante la Guardia Civil «su intervención» en la introducción de Antonio Fernández Garzón en Calderinox.
La juez pone de manifiesto que, con su inclusión en la póliza de Calderinox, este ‘intruso’ «percibiría una renta de 199.299,96 euros, cuando la única indemnización a la que tenía derecho por la extinción de su relación laboral de la empresa Litalsur, a la cual pertenecía realmente, era de 27.976,44 euros». Así, y según la documentación remitida por Litalsur, este ‘intruso’ «recibió de dicha empresa en el año 2008 la cantidad neta de 27.025,23 euros, equivalentes a 27.976,44 euros brutos, en concepto de indemnización por cese de su relación laboral».
La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A «no puede negar dos hechos», como son que «ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona», ni tampoco que «era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo», la inclusión del ‘intruso’ «en una póliza que era ajena» al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.
Una vigilancia un tanto laxa y no por falta de empeño, sino de medios. Los juzgados y otras dependencias judiciales de la provincia de Alicante sufren una serie de carencias que el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha puesto de manifiesto con la presentación dos escritos ante la Dirección General de Justicia y ante la Guardia Civil provincial y autonómica para que pongan freno a esta situación de precariedad. En los documentos la formación sindical describe de forma detallada las infraestructuras que deberían funcionar mejor o simplemente funcionar, de modo que en caso de que algo ocurra «se puedan pedir responsabilidades» a la persona responsable de la Dirección General.
Se trata de escáneres empleados a modo disuasorio, cámaras de vigilancia que graban bien poco o falta de ‘walkie talkies’ para los agentes de la Benemérita y de la empresa adjudicataria de la seguridad de la Conselleria de Justicia. De tal modo que en el Palacio de Justicia de Benalúa, denuncia el sindicato, el escáner y el detector de metales «están rotos», y así lo hace constar en su escrito. Por ello, desde el STAJ recalcan que la seguridad de los trabajadores y usuarios de los edificios judiciales, tales como magistrados, fiscales, secretarios, funcionarios y ciudadanos en general, «es inexistente».
Y no se trata de una situación exclusiva de Benalúa, en Alicante, a tenor de lo relatado por la agrupación de funcionarios. Así, las instalaciones de Pardo Gimeno, ubicadas frente al palacio judicial alicantino, «carecen de escáner». Mientras, cuentan que la cámara de seguridad «no funciona ni en el exterior ni en el garaje», el sistema de grabación «está roto», pues se difumina la imagen, «con lo que no se ven las matrículas» de los vehículos que acceden libremente al ‘parking’.
Adjuntamos resolución de la Dirección General de Empleo donde figura la orden de la inscripción del convenio en el Registro de convenios y dispone su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) ha valorado positivamente el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en el que entre otras cosas se reconoce el carácter complementario de la seguridad privada con...
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó hoy al Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada con un régimen sancionador exigente.
La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.
España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE.
En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.
