Los trabajadores y encargados de seguridad del establecimiento que Carrefour explota en la plaza Santos Juanes de Bilbao no quitan el miedo del cuerpo. A principios del pasado mes de enero relataban a este periódico que vivían «un auténtico infierno». En tres días,...
La incorporación de profesionales de seguridad privada en labores de vigilancia de las cárceles de Mansilla de las Mulas (León), Topas (Salamanca), Dueñas (Palencia)y Villanubla (Valladolid) se va a demorar. La idea inicial era que desde el 1 de abril comenzaran a...
Artículo de opinión de Cristina López Schlichting
En estos tiempos de «polémica Parot» van cayendo los andamios del edificio que se alzó contra el terrorismo. Desde las leyes para perseguir el asesinato, hasta los diques contra la entrada de los terroristas en las instituciones, pasando por la lengua, que vuelve a designar el asesinato como incidente «político». El muro frontal contra ETA lo trabaron los cuerpos de los amenazados, que estallaron por miles.
Y con ellos, delante y detrás, los escoltas. Algún día habrá que escribir la crónica de los miles de muchachos que durante veinte años se empeñaron en ponérselo difícil a los terroristas ¿Dónde están ahora? Hace unos días entró en mi facebook uno de ellos. El paro se está cebando con fiereza entre los que no son de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En el mejor de los casos, se colocan como vigilantes por mil euros, pero son muchos los que, pasados los cincuenta años, tras veinte de servicio, no tienen para mantener a sus familias. Es interesante que se refieren a una especie de síndrome de Vietnam: «En el País Vasco somos apestados, desde luego, pero fuera también nos cubre un manto de silencio. La gente no quiere que le recuerden malos tiempos».
María no empezó a temer de verdad por su vida hasta que una noche, al salir del bar en el que trabajaba, encontró varios folios pegados en el contenedor en el que todos los días depositaba las bolsas de basura: «Eres una hija de puta. No mereces vivir. Zorra». Desde que decidió romper con Iván, María ya había recibido muchas señales a las que, sin embargo, no dio la «importancia que tenían». Tal vez, porque pensaba que el joven vizcaíno con el que había convivido casi dos años acabaría por aceptar que su relación había terminado. Su particular «infierno» empezó con fotos rotas en el portal, llamadas intempestivas y, lo peor de todo, por la sensación de sentirse «permanentemente acosada». Iván conocía al dedillo sus rutinas y le esperaba siempre en las mismas esquinas al salir de casa, del trabajo. Día tras día, se dedicaba a seguirla mientras le lanzaba todo tipo de insultos.
Tras varios meses confiando en que el tiempo enfriaría las cosas, María (algunos datos personales están cambiados por motivos de seguridad) se decidió a denunciar por «acoso» a su expareja. La Justicia condenó a Iván en primera instancia y le puso una orden de alejamiento. Al mismo tiempo establecieron unas medidas de protección para esta joven andaluza, que llegó con su hija a Bilbao hace siete años con un contrato de trabajo bajo el brazo. Básicamente, las medidas seguridad consistían en que «un coche patrulla de la Ertzaintza con agentes uniformados le escoltaban cuando iba y volvía del trabajo».
Lejos de solucionar sus problemas, esta joven de 37 años asegura que las medidas de protección acabaron volviéndose contra ella. Para empezar, no evitaron que Iván siguiese acosándola. Simplemente tuvo que modificar sus rutinas. «Cuando veía el coche patrulla no venía. Pero en cuanto desaparecían los agentes volvía a las andadas. Le he denunciado más de 20 veces. Y llamaba a la Policía, pero cuando venían ya no estaba», relata.
El sindicato tacha la medida de “irresponsable” y la considera como un primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios.
El Ministerio del Interior ha iniciado el proceso de privatización de la seguridadexterior en varios centros penitenciarios entre los que se encuentra la cárcel de Huelva (además de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca y Castellón), según ha podido saber el sindicato CSI-F. Tanto el Ministerio como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han negado a la Central Sindical esta información pero la organización asegura que tiene constancia, a través de fuentes indirectas, de que la seguridad de los centros penitenciarios mencionados ha sido adjudicada a la empresa Ombuds.
De hecho, vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en el País Vasco ya han sido contactados para realizar estas labores. CSI-F teme que, en principio, éste sea el primer paquete de una serie de adjudicaciones más amplias en las que participarán otras empresas. En este sentido, José Miguel Huertas, delegado de CSI-F en la cárcel de Huelva, asegura que “una vez más el Ministerio del Interior subestima la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vulnerando sistemáticamente el Reglamento Penitenciario donde se recoge de forma expresa que la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a este cuerpo de seguridad”.
Siguiendo con este argumento, la Central Sindical subraya que el Estatuto Básico del Empleado Público establece específicamente que “al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia del interés general del Estado y de la Administraciones Públicas”.
Ignorando esta normativa -lamenta José Miguel Huertas- Instituciones Penitenciarias comenzará en breve en el centro penitenciario onubense la sustitución de agentes de la Guardia Civil por empleados de empresas privadas para hacerse cargo de la seguridad exterior.
La juez Mercedes Alaya ha decretado el ingreso en prisión de dos de los principales implicados en el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT y supuesto ‘conseguidor’, y Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia. Por su parte, Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración ante la juez.
El auto se ha conocido ya de madrugada, dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.
Ha sido sobre las 6.50 horas cuando la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha comunicado a Albarracín y a Juan Lanzas el auto de ingreso en prisión tras la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó dicha medida de privación de libertad al entender, en el caso del ex directivo de Vitalia, que su patrimonio «creció mucho» durante el periodo temporal en el que trabajó para Vitalia, entre los años 1995 y 2011.
A Lanzas, que se ha acogido a su derecho a no declarar, la Guardia Civil le ha encontrado 82.000 euros escondidos bajo un colchón en casa de sus padres en Jaén. Su abogado, Pablo Luna Quesada, ha dicho a los periodistas que Lanzas puede justificar los 82.000 euros que los perros adiestrados de la Guardia Civil encontraron el miércoles en una maleta bajo la cama de sus padres, ya que era un dinero que había sacado para que su familia pudiese vivir en previsión de su ingreso en prisión.
Un vigilante de seguridad de la firma Seguriber, contratada la noche de la tragedia del Madrid Arena, ha decidido romper el silencio y revelar a la Justicia los trapos sucios de su empresa, aun a riesgo de perder el puesto. El operario, cuyo nombre e incluso iniciales este medio prefiere esconder pese a que él se ha personado públicamente en el caso Madrid Arena, ha trasladado al juez Eduardo López Palop las “diversas y muy graves irregularidades que se producen en los centros de seguridad de los recintos feriales de la Casa de Campo y la Caja Mágica desde hace varios años”. Según él, esas irregularidades eran fruto de una conchabanza entre un directivo de Seguriber y otro de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa propiedad del Ayuntamiento.
Seguriber es la empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. El trabajador ha denunciado a su superior, el “inspector” Iván Somontes, ante la Agencia de Protección de Datos. En el escrito que dirige al juez incluido en la instrucción sumarial, achaca esas irregularidades a Somontes y al coordinador de Seguridad, José Francisco Caamaño. “Visionan y extraen imágenes del circuito cerrado de televisión –como el que funcionaba en el Madrid Arena durante la tragedia en la que murieron cinco chicas jóvenes- sin orden judicial, amenazando a los operadores que en ese centro de control prestamos servicio con echarnos a la calle si denunciamos dichos delitos tipificados tanto en la Ley de Seguridad Privada como en la Ley de Protección de Datos”.
El trabajador acusa a Somontes de tirar pruebas a la basura. “Los soportes DVD, CD y USB son extraídos y enseñados como trofeos a personas incluso ajenas a la seguridad”, dice en otro párrafo. “Una vez que ya no les interesan, son tirados a la basura sin ni siquiera destruirlos”. De hecho, el operario presenta pruebas en formato CD que dice haber obtenido tras rebuscar entre las inmundicias. “En las imágenes que aporto hay todo tipo de personalidades, como la Casa de su Majestad el Rey”. No sé sabe si se refiere a Juan Carlos I o al séquito que le acompaña.
Ante las declaraciones efectuadas por el delegado del Gobierno de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, en referencia a la inminente sustitución de la Guardia Civil por personal de seguridad privada de “forma experimental”, el sindicato UGT ha mostrado su total...
La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.
Comisiones Obreras y UGT coinciden en subrayar la “menor cualificación de los vigilantes privados en comparación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, un asunto que admiten en Interior y por el que aseguran que la labor del nuevo cuerpo se desarrollará “en las zonas perimetrales de los centros penitenciarios y no en el interior de los mismos”.
Sin embargo, para la AUGC esto no es consuelo. “La vigilancia del recinto es competencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y no por casualidad sino porque legalmente somos los únicos autorizados a realizar identificaciones o detenciones, ya sea en el exterior de las cárceles, en el metro o los aeropuertos”.
Con respecto a la legislación, a finales de 2012, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunció la necesidad de una nueva ley de Seguridad Privada que presumiblemente aumentará las competencias de los vigilantes y cuya elaboración esta ya «muy avanzada», porque la actual normativa está «superada por el tiempo».
Privatización de la seguridad pública
La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Benemérita, que ya ha mostrado su oposición a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato mayoritario en el Cuerpo: “Es un intento claro de privatizar la seguridad pública, igual que está sucediendo con la sanidad y la educación”, denuncia uno de sus portavoces.
La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior.
Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.
Interior habla de «refuerzo» y no de sustitución. En un principio, «dos vigilantes de seguridad» por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. «En ningún caso supondrá una reducción de efectivos» de las unidades policiales, «tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial», por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.
Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se «pretende es que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad del Estado».
