Una vigilancia un tanto laxa y no por falta de empeño, sino de medios. Los juzgados y otras dependencias judiciales de la provincia de Alicante sufren una serie de carencias que el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha puesto de manifiesto con la presentación dos escritos ante la Dirección General de Justicia y ante la Guardia Civil provincial y autonómica para que pongan freno a esta situación de precariedad. En los documentos la formación sindical describe de forma detallada las infraestructuras que deberían funcionar mejor o simplemente funcionar, de modo que en caso de que algo ocurra «se puedan pedir responsabilidades» a la persona responsable de la Dirección General.
Se trata de escáneres empleados a modo disuasorio, cámaras de vigilancia que graban bien poco o falta de ‘walkie talkies’ para los agentes de la Benemérita y de la empresa adjudicataria de la seguridad de la Conselleria de Justicia. De tal modo que en el Palacio de Justicia de Benalúa, denuncia el sindicato, el escáner y el detector de metales «están rotos», y así lo hace constar en su escrito. Por ello, desde el STAJ recalcan que la seguridad de los trabajadores y usuarios de los edificios judiciales, tales como magistrados, fiscales, secretarios, funcionarios y ciudadanos en general, «es inexistente».
Y no se trata de una situación exclusiva de Benalúa, en Alicante, a tenor de lo relatado por la agrupación de funcionarios. Así, las instalaciones de Pardo Gimeno, ubicadas frente al palacio judicial alicantino, «carecen de escáner». Mientras, cuentan que la cámara de seguridad «no funciona ni en el exterior ni en el garaje», el sistema de grabación «está roto», pues se difumina la imagen, «con lo que no se ven las matrículas» de los vehículos que acceden libremente al ‘parking’.
Esto es así, la libertad de acceso, «porque recordemos que el brazo automático de la puerta está estropeado». Cabe destacar que desde el aparcamiento se puede entrar en el edificio. Echando un vistazo por la provincia, el sindicato advierte de que el grado de vulnerabilidad a «riesgos y amenazas al que se ven sometidos instalaciones, bienes» y, sobre todo, «vidas humanas» se debe a que «la Dirección General de Justicia de la Comunitat no cumple con la normativa de seguridad en los edificios públicos ni de Alicante, Torrevieja, Orihuela ni de Novelda».
Hacia el sur de la provincia, en Orihuela hay que reparar de nuevo en sistemas de tipo audiovisual. Nuevamente se recoge en el escrito que en los juzgados oriolanos la cámara «está rota desde hace años» y se queda fija en un punto que el sistema de grabación no recoge, debido a que tampoco graba como debería.
A pocos kilómetros, en Torrevieja, el STAJ señala que el Palacio de Justicia no cuenta con escáner. A la vez que la parte de las oficinas quedan sin protección audiovisual, al encontrarse la cámara de vigilancia fuera de funcionamiento. Del mismo modo, «no hay control sobre los garajes» por disponer de un sistema de grabación averiado, por lo que «se necesita un cambio urgente».
Una vez virado el rumbo hacia el noroeste, el sindicato da cuenta de las necesidades que también requieren los edificios judiciales de Novelda en materia de seguridad, que siguen la línea de los anteriores casos.
De vuelta a la capital de la provincia, en los juzgados de primera instancia número 9 y 12, ubicados en un edificio separado del Palacio de Justicia de Benalúa, se encuentran sus señorías, el personal de la administración y los ciudadanos bajo la protección «de un único agente de la Guardia Civil que carece de medios electrónicos y de terminales telefónicos para solicitar ayuda».
Fuente: LasProvincias.es
