La Unidad Central de Seguridad Privada se pronuncia sobre la caducidad o no de las habilitaciones de Seguridad Privada por periodo de inactividad como rezaba la ya derogada ley 23/1992 y su reglamento. A continuación el informe publicado por la UCSP:{source}<iframe...

Las medidas de protección y la vigilancia presente en los talleres de Metro Bilbao en Sopela frustraron el pasado fin de semana el ataque de un grupo de grafiteros que presuntamente pretendía pintar los trenes que permanecían estacionados en la localidad de Uribe...

El director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, denunció ayer que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía «interfieren» en el trabajo diario de la Policía vasca hasta el punto de que pueden llegar a perjudicar la persecución del delito. El responsable político de la Policía autonómica relacionó estas «disfunciones» con la «falta de voluntad» mostrada por sus máximos dirigentes a la hora de activar «herramientas de coordinación» entre los distintos cuerpos y, en segundo lugar, con el «excesivo» número de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) desplegados en Euskadi para las funciones que tienen atribuidas en un momento en el que la amenaza de ETA ha desaparecido. Gabirondo aseguró que esta situación genera intromisiones que pueden llevar al «fracaso» las investigaciones y que sólo «favorecen a los delincuentes».

Gabirondo realizó estas declaraciones a los periodistas después de comparecer en la ponencia parlamentaria que analiza las duplicidades e ineficiencias del entramado institucional vasco, celebrada a puerta cerrada. El director de la Ertzaintza profundizó con su intervención en la línea política marcada por el Ejecutivo vasco desde el comienzo de la legislatura. En su primera intervención en la Cámara vasca en febrero del pasado año, la consejera de Seguridad ya avanzó su intención de convertir el «repliegue» de las FSE en una de las prioridades de su mandato. Estefanía Beltrán de Heredia anticipó que trasladaría esta exigencia al Ministerio del Interior «con firmeza» y «cuantas veces haga falta».

La pena impuesta a nueve de los 24 acusados de figurar en un entramado que se dedicaba a falsificar certificados para vigilantes de seguridad y guardaespaldas, así como también nóminas para la obtención de créditos resolvieron penalmente con menos de cinco meses de prisión y el pago de multas que, en algunos casos, no llegan a los 600 euros. El fiscal del caso les rebajó en la primera sesión del juicio, celebrada en la Audiencia, la petición inicial al aplicarles dilaciones indebidas en el procedimiento. El asunto fue abierto en el año 2005 por un juzgado que ahora ya no existe.

De los 24 acusados, catorce «amañaron» la pena con el fiscal; dos están desaparecidos y otro fue ingresado en urgencias. Al tribunal de la Audiencia Provincial, que comenzó a juzgarles ayer, le quedan 8 para dictar sentencia, entre ellos un policía nacional de la comisaría de Lugo que, según el fiscal, aceptaría un ordenador a cambio de facilitar su nómina para luego ser falsificada.

España no es un país donde se trabaja poco y se gana más de la cuenta, como de vez en cuando dejan caer algunos dirigentes empresariales, especialmente desde que se desencadenó la crisis económica. Las estadísticas de la UE, de la OCDE y de otros organismos privados muestran todo lo contrario: los salarios están entre los más bajos de nuestro entorno y la jornada anual, entre las más altas. Por lo que se refiere al ámbito europeo, sólo Grecia, Portugal, Turquía y los antiguos países de la Unión Soviética presentan peores condiciones laborales que las vigentes hoy por hoy en España.

Según datos correspondientes a 2013, después de las rebajas practicadas durante los últimos años, el salario medio de los trabajadores españoles se sitúa en 26.027 euros brutos anuales, la mitad que en Dinamarca (53.061) o Luxemburgo (52.902), y muy inferior al registrado, por ejemplo, en Holanda (48.109), Bélgica (46.810), Alemania (45.170) y Francia (36.980). Por debajo de nosotros se encuentran Grecia (20.604), Portugal (17.335), Turquía (12.530), Estonia (11.664), la República Checa (11.500), Eslovaquia (10.015), Polonia (9.873), Hungría (9.817) o Letonia (9.065).

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.

El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.

Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.

La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.

El Tribunal Constitucional ha anulado parte del articulado de la Ley vasca de Seguridad Pública al considerar que invade la competencia estatal en esta materia. Uno de los preceptos invalidados hace referencia a la posibilidad de que los municipios pequeños puedan...

Los grafiteros han atacado de nuevo, pero esta vez en el metro de Bilbao. Si el sábado pasado fueron detenidos cuatro jóvenes por hacer pintadas en unidades de Euskotren, en la madrugada de este lunes han sido arrestados otros dos, de 22 y 23 años, por 'atacar' varios...