El fenómeno ‘okupa’ no es exclusivo de la Costa del Sol Occidental y la capital costasoleña pues casos como el de un bloque de viviendas en Torre de Benagalbón atestiguan que boom del ladrillo y la consiguiente explosión de la burbuja inmobiliaria siguen alargando sus efectos en núcleos poblacionales que a priori escaparon mejor parados a este fenómeno.

Y es que las dificultades para acceder a alquileres sociales y la exposición prolongada de promociones terminadas y sin vender de aquel auge siguen atrayendo a familias cuasi nómadas y que ya son ‘familiares’ a estas tácticas de ocupación, denuncia consiguiente de los propietarios y posterior desalojo. Justificaciones o recriminaciones al margen, la tendencia no desaparece pese a que los bancos, propietarios de muchas de estas construcciones ‘abandonadas’ donde se instalan, perjuran que se están deshaciendo poco a poco de sus posesiones para salvar esta desagradable consecuencia.

El área de seguridad privada de CSIF ha manifestado hoy su "desconcierto y descontento" por las afirmaciones efectuadas desde CCOO sobre el coste de la seguridad privada en edificios de la Administración Foral. Mientras que, según CCOO, si estas labores edificios del...

La Asociación de Policía Local de Cantabria (APL) ha denunciado el papel «testimonial» que se ha reservado a la Policía Local de Santander en la vigilancia del Mundial de Vela y critican que se haya contratado a empresas privadas para realizar tareas de seguridad. A su juicio, se trata del «inicio del proceso de privatización» de la Policía Local de Santander . Junto a ello, denuncian una disminución de plantilla, que , dicen, les situará a niveles de 1970.

Como prueba , apuntan a que el sector del Mundial de las calles La Unión, Castelar, Gamazo y Carrero Blanc está siendo vigilado y custodiado por un «gran número» de vigilantes de seguridad, mientras la Policía Local tiene un papel «meramente testimonial con la presencia de una sola pareja de agentes en los accesos».

Hace unos días nos levantamos con la noticia publicada en prensa sobre que un pasajero del suburbano había sido detenido por propinar un cabezazo a un Vigilante de Seguridad y proferir amenazas contra el servicio de seguridad. Pues bien, desde el CISPE queremos...

La Unidad Central de Seguridad Privada se pronuncia sobre la caducidad o no de las habilitaciones de Seguridad Privada por periodo de inactividad como rezaba la ya derogada ley 23/1992 y su reglamento. A continuación el informe publicado por la UCSP:{source}<iframe...

Las medidas de protección y la vigilancia presente en los talleres de Metro Bilbao en Sopela frustraron el pasado fin de semana el ataque de un grupo de grafiteros que presuntamente pretendía pintar los trenes que permanecían estacionados en la localidad de Uribe...

El director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, denunció ayer que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía «interfieren» en el trabajo diario de la Policía vasca hasta el punto de que pueden llegar a perjudicar la persecución del delito. El responsable político de la Policía autonómica relacionó estas «disfunciones» con la «falta de voluntad» mostrada por sus máximos dirigentes a la hora de activar «herramientas de coordinación» entre los distintos cuerpos y, en segundo lugar, con el «excesivo» número de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) desplegados en Euskadi para las funciones que tienen atribuidas en un momento en el que la amenaza de ETA ha desaparecido. Gabirondo aseguró que esta situación genera intromisiones que pueden llevar al «fracaso» las investigaciones y que sólo «favorecen a los delincuentes».

Gabirondo realizó estas declaraciones a los periodistas después de comparecer en la ponencia parlamentaria que analiza las duplicidades e ineficiencias del entramado institucional vasco, celebrada a puerta cerrada. El director de la Ertzaintza profundizó con su intervención en la línea política marcada por el Ejecutivo vasco desde el comienzo de la legislatura. En su primera intervención en la Cámara vasca en febrero del pasado año, la consejera de Seguridad ya avanzó su intención de convertir el «repliegue» de las FSE en una de las prioridades de su mandato. Estefanía Beltrán de Heredia anticipó que trasladaría esta exigencia al Ministerio del Interior «con firmeza» y «cuantas veces haga falta».

La pena impuesta a nueve de los 24 acusados de figurar en un entramado que se dedicaba a falsificar certificados para vigilantes de seguridad y guardaespaldas, así como también nóminas para la obtención de créditos resolvieron penalmente con menos de cinco meses de prisión y el pago de multas que, en algunos casos, no llegan a los 600 euros. El fiscal del caso les rebajó en la primera sesión del juicio, celebrada en la Audiencia, la petición inicial al aplicarles dilaciones indebidas en el procedimiento. El asunto fue abierto en el año 2005 por un juzgado que ahora ya no existe.

De los 24 acusados, catorce «amañaron» la pena con el fiscal; dos están desaparecidos y otro fue ingresado en urgencias. Al tribunal de la Audiencia Provincial, que comenzó a juzgarles ayer, le quedan 8 para dictar sentencia, entre ellos un policía nacional de la comisaría de Lugo que, según el fiscal, aceptaría un ordenador a cambio de facilitar su nómina para luego ser falsificada.