Relativamente joven, sobradamente preparada y perteneciente a la familia que controla algo más del 50% de Prosegur, Chantal Gut Revoredo lo tenía todo para convertirse en alta ejecutiva del gigante español de la seguridad privada, que conoce a la perfección porque lleva en su consejo de administración desde el año 1997.

Y así ha sido. Desde el pasado 21 de noviembre, Gut Revoredo es la responsable del área de Expansión Internacional de la compañía, un cargo de nueva creación desde el que se encarga de coordinar el crecimiento exterior de un grupo al que la crisis en España ha obligado a redoblar su apuesta por los nuevos mercados.

Con sus nuevas responsabilidades, la retribución de la hija de la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo Delvecchio (máxima accionista del grupo y una de las grandes fortunas de España) va a rondar los 200.000 euros anuales, a tenor de las cifras remitidas por la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La mayor parte de esos 200.000 euros corresponde a los cerca de 140.000 euros que Chantal Gut ya se embolsaba como miembro del consejo de administración de Prosegur y por su pertenencia a las tres comisiones de ese órgano: la Ejecutiva, la de Auditoría y la de Nombramientos y Retribuciones.

Hasta ahora consejera dominical del grupo, ahora sumará a esos ingresos otros 70.500 euros anuales por sus nuevas responsabilidades como directora de Expansión Internacional de la compañía que pilota su hermano, Christian Gut Revoredo, consejero delegado de Prosegur. Lo hará ya convertida en consejera ejecutiva, un rango que hasta ahora sólo ostentaban su madre y el propio CEO del grupo.

Fue a finales del año 2012 cuando la compañia ferroviaria puso a Vigilantes de Seguridad a realizar labores de Video-Vigilancia, tras casi 17 años incumpliendo la Ley de Seguridad Privada que como todos conocemos data del año 92. Tras haber cumplido con la legalidad...

Son sigilosos y rápidos. Su orgullo es dejar la huella de su arte en los sitios más inaccesibles e insospechados y los trenes, por su carácter itinerante, son lienzos perfectos para sus egos pictóricos y grafiteros. Pocas veces les cazan pero esta vez les han pillado...

«No tenía ningún antecedente penal». «Su informe policíal carecía de antecedentes». «Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado». Tres argumentos genéricos para un indulto polémico. Así ha justificado el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito la reciente concesión al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso de la medida de gracia que ha permitdo a éste eludir el ingreso en prisión por un delito urbanístico. Ramírez Alonso, que figura en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros al partido en 2011 a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, había sido condenado a tres años y un día de cárcel en 2010 por levantar en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria un estanque, dos aparcamientos, un camino y varios muros “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según destaca el fallo. Tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el industrial vio como su pena se reducía a dos años y eludía así el encarcelamiento. Recientemente la Fiscalía se ha querellado contra él, en esta ocasión por delito fiscal.

La respuesta de Justicia es fruto de la pregunta planteada por el diputado de IU José Luis Centella, quien interpeló al Ejecutivo para conocer las circunstancias de dicho indulto dada la conocida afinidad del empresario y presidente del equipo de fútbol con el partido del Gobierno. En su respuesta, el Ejecutivo recalca que en el caso de Miguel Ángel Ramírez había tenido «en cuenta el historial penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta». Asímismo, recalca que «en su informe policial carecía de antecedentes», además de recordar «la ausencia de peligrosidad criminal de condenado». Tres motivos que considera suficientes para otorgarle la medida de gracia que, recalca es «condicionada». ¿A qué? El equipo de Ruiz-Gallardón insiste en que para beneficarse de ella el empresario debera proceder «a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente». Una premisa, por otra parte, que ya estaba incluida en el propio fallo del tribunal que le condenó.

A muchos, el nombre de Michael Larson les sonará, literalmente, a sueco…, a literato sueco. Pero no, Larson no escribe libros; desde una pequeña oficina de Seattle, este ejecutivo lleva dos décadas comprando y vendiendo empresas por todo el mundo en nombre de Bill Gates. Hace un mes se supo que el fondo Cascade, liderado por Larson había adquirido entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, una operación de la que, por cierto, no hay rastro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues Gates no supera el 3% del capital que obliga a informar al regulador.

En España, hay un guardián del orden por cada 144 personas. La cuenta sale de que, según los últimos datos de la patronal del ramo, hay 82.150 vigilantes privados en activo (unos 223.000 con licencia), a los que hay que añadir otros 241.791 agentes públicos, entre guardias civiles y policías nacionales, locales y autonómicos.

Esa proporción da la pista a los asesores de Bill Gates y al resto de inversores de que a la industria de la seguridad le queda mucho recorrido. A medida que desaparecen los bedeles, los funcionarios de prisiones, los ordenanzas, los porteros de finca, los guardeses, los civiles que cachean en los aeropuertos, los celadores sanitarios, los taquilleros del Metro, los ujieres de los juzgados e, incluso, los manitas de los centros de enseñanza… se abren paso los guardias jurado y la industria acorazada de videovigilancia, escáneres…, a los que pronto se unirán otros artilugios como los drones o las googleglass.

Ramón está a un mes de agotar la prestación por desempleo, sufre ansiedad y recurre a pastillas para poder conciliar el sueño. Iñaki tampoco tiene trabajo, está en trámites de separación de su esposa y se ve obligado a alojarse en casa de un amigo para mantener a sus dos hijos. Marcos tiene reconocida incapacidad profesional, tiene su vivienda embargada y recibirá cualquier día la notificación con la fecha del desahucio. Todos ellos comparten un nexo de unión. Ramón, Iñaki y Marcos, nombres ficticios, trabajaban hasta hace poco tiempo como escoltas privados y protegían la vida y la integridad de dirigentes y cargos políticos amenazados por ETA. El ex diputado general de Álava, Ramón Rabanera, el actual alcalde de Vitoria, Javier Maroto, su antecesor en el cargo Patxi Lazcoz, o los parlamentarios Carmelo Barrio y Laura Garrido son algunos de ellos.

La situación personal, laboral y de salud de estos escoltas no puede ni debe generalizarse a todo el colectivo, pero constituye una fotografía real de las dificultades de todo tipo que están atravesando un número importante de los profesionales que permitieron a los partidos vascos, y especialmente a los no nacionalistas, ejercer la política durante los últimos veinte años en unas condiciones mínimas de seguridad y libertad.

Algunos de estos escoltas, incluso, no pudieron hacer frente a estas dificultades y decidieron quitarse la vida como vía para huir de sus problemas.

Los escoltas privados que protegieron durante las dos últimas décadas a los ciudadanos vascos amenazados por el terrorismo de ETA atraviesan una situación personal y laboral muy difícil. La mayoría se encuentra en paro sin alternativas efectivas para reincorporarse al mercado de trabajo y muchos padecen problemas psicológicos y dependen de ansiolíticos para poder dormir.

El Gobierno de España planteó la posibilidad recolocarles como personal de seguridad en la red de centros penitenciarios –el Ministerio de Interior puso en marcha hace siete meses un proyecto piloto y contrató a 95 escoltas– o los pesqueros españoles que faenan en aguas peligrosas por la presencia de piratas. Ninguna de estas vías ha logrado por ahora absorber a los miles de escoltas en desempleo.

El Ministerio del Interior considera que el sector de la seguridad privada funciona adecuadamente pues, en los últimos trece años, sólo ha tenido que imponer 86 sanciones a vigilantes por abuso de autoridad.

Así se pronuncia el Gobierno ante una serie de preguntas planteadas por el portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, registradas en el Congreso a raíz de la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Privada que otorga nuevas atribuciones a los vigilantes jurados.

«Cabe señalar que la actividad de los servicios de seguridad privada, que engloba miles de actuaciones diarias, se desarrolla con normalidad», resume el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press. Concretamente, subraya que «entre los años 2001 y 2013, solamente se han impuesto 86 sanciones por ejercicio abusivo de funciones o falta de respeto a los ciudadanos durante actuaciones de vigilantes de seguridad».

Adif ha sacado a concurso el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad en las estaciones de tren y el resto de sus instalaciones por un importe total de 63,60 millones de euros. El contrato contempla la prestación durante dos años (2014-2016) de...

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Entrará en vigor en dos meses desde su publicación. A continuación el boletín: {source}<iframe class="scribd_iframe_embed"...

 Publicación en el BOE de la TABLA SALARIAL 2014  y la modificación de los artículos 41 Y 42 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. {source}<iframe class="scribd_iframe_embed"...