El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación que presentó la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los servicios mínimos en la seguridad privada decretados por Interior para la huelga general del 29 de marzo de 2012.

El Supremo ha anulado dicho fallo y ha estimado plenamente el recurso de UGT por la falta de justificación de la esencialidad de los servicios de seguridad privada en hospitales, juzgados y tribunales y dependencias de la Administración Pública y la ausencia de motivación de los porcentajes de servicios mínimos fijados por el Ministerio del Interior.

En concreto, para la huelga general del 29 de marzo, se determinaron unos servicios mínimos de entre el 50% y el 100% para el personal de seguridad privada adscrito a servicios considerados esenciales por el Gobierno, para lo que había tenido en cuenta la «amenaza constante» de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública.

Así, Interior consideraba servicios esenciales las denominadas «infraestructuras críticas», como el transporte, la energía, la salud, la información y las telecomunicaciones, y la alimentación y las finanzas, y se defendía un nivel básico de actividad en la prestación del servicio de seguridad privada en hospitales, juzgados, tribunales y dependencias de las administraciones públicas.

Trabajadores de la plantilla de la empresa Prosegur en A Coruña están concentrados desde la siete de la mañana delante de las instalaciones en la Grela. La medida impidió que los vehículos blindados para el transporte de fondos pudiesen realizar su recorrido habitual,...

El PP se propone limar en el Senado algunos de los aspectos más polémicos del proyecto de ley de Seguridad Privada. El grupo popular de la Cámara alta presentó a última hora del martes, e instantes antes de concluir el plazo de adminisión, doce enmiendas al proyecto. Una de ellas establece que los vigilantes jurados no puedan realizar detenciones en la vía pública, uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa, y cuya retirada era exigida por las fuerzas de la oposición. Con el cambio, solo podrán retener a las personas en espacios delimitados de los establecimientos comerciales.

Según el texto que salió del Congreso, y que contó con el apoyo de PP, CiU y PNV, los vigilantes privados podían detener a los presuntos delincuentes en «zonas comerciales peatonales». Según denunció entonces la oposición, esta disposición permitía que un vigilante detuviera e identificara a los supuestos autores de un delito en la vía pública más allá de su espacio de trabajo, por ejemplo en una calle de establecimientos comerciales. Eso sí, siempre con la obligación de poner a esa persona bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de forma inmediata. De aprobarse los cambios propuestos ahora por el grupo popular, como todo parece indicar que sucederá debido a su mayoría absoluta en el Senado y Congreso, desaparecerá de la ley la definición de «zona comercial peatonal» y se sustituirá por «complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», una acotación que en la práctica viene a excluir la vía pública salvo contadas excepciones.

Tras un lustro de caídas del mercado doméstico, el líder nacional decide “optimizar su cartera de clientes” para ganar rentabilidad. Entre los que ha abandonado por falta de pago figura Metro de Madrid. Algunas fuentes cifran el ajuste en 2.000 efectivos.

Prosegur ha puesto en marcha un plan de “optimización de la cartera de clientes” en España cuyo objetivo es rescindir unilateralmente aquellos contratos con administraciones públicas y empresas privadas que la compañía considera no rentables por falta de pago.

u apariencia descuidada y su merodeo por el aparcamiento sin un rumbo fijo –la policía sospecha que su intención era sustraer una bici– levantó las sospechas de uno de los empleados de seguridad que hacía la ronda en ese momento, que se acercó para identificarlo. Al parecer, y siempre según las fuentes consultadas, el individuo, que iba armado con una pistola, se enfrentó a él. Y se inició un forcejeo entre ambos.

En junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario. Una de las perspectivas desde la que debe estudiarse este proyecto legislativo es su compatibilidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, compatibilidad que exige nuestra propia Constitución, y que es el objeto de este artículo. Pues bien, desde dicha perspectiva internacional deben concurrir dos aspectos fundamentales en las normas que regulan las actividades de empresas seguridad privada para ser consideradas compatibles con los estándares internacionales en la materia: el respeto por los derechos humanos y la supervisión de las actividades de tales empresas por parte de un órgano independiente de rendición de cuentas.

Lo cierto es que la necesidad de regular y controlar las empresas de seguridad privada ha sido un tema central para la ONU en la última década. Como muestra, las palabras del presidente del Grupo de Trabajo, ante la Asamblea General, quien afirmaba en noviembre de 2013 que “Proporcionar seguridad es un derecho humano y una responsabilidad fundamental de los Estados”. También puso de relieve la insuficiencia de las normas nacionales para abordar los desafíos que suponen las empresas militares y de seguridad privadas debido, entre otros, a la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes así como de remedios efectivos para hacer frente a violaciones de derechos humanos. Ello porque sin un control y una supervisión efectivos, las actividades de tales empresas pueden suponer un aumento de inseguridad y entrañar un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos, socavando gravemente el Estado de Derecho.

CiU quiere que los vigilantes de seguridad privada tengan conocimientos de la lengua que sea cooficial en la comunidad autónoma donde vayan a prestar servicios, suficientes para "el normal desempeño" de sus funciones. Así lo contempla una de las 55 enmiendas...

Una detras de otra, todas abandonan el convenio sectorial. Ahora le ha llegado el turno a Protección y Seguridad Técnica, S.A. "PROSETECNISA". Os facilitamos como adjunto la carta remitida a los representantes de los trabajadores, un copia y pega como otros han hecho...

Alcor Seguridad, una compañía con 500 empleados en la comunidad y que lleva la seguridad de la Ciudad de la Cultura, tiene vigente desde el pasado verano un nuevo convenio.

El vertiginoso proceso de devaluación salarial al que se enfrentan los 4.500 empleados del sector de la seguridad en Galicia, en el que las empresas se están descolgando del convenio marco estatal, tiene en una firma de Monforte a su principal exponente. Alcor Seguridad, una compañía con 500 empleados en la comunidad gallega y que lleva la seguridad de la Ciudad de la Cultura, tiene vigente desde el pasado verano un nuevo convenio. Y ha sido la primera en Galicia en acometer un duro ajuste en las condiciones de sus empleados.

Entre la reducción del salario base y la aplicada en algunos complementos, los trabajadores de Alcor perciben ahora unos 300 euros menos cada mes. Con todas las retribuciones prorrateadas, cobran poco más de mil euros al mes (12 mensualidades). La paga de beneficios ha sido eliminada.