Adjuntamos resolución de la Dirección General de Empleo donde figura la orden de la inscripción del convenio en el Registro de convenios y dispone su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) ha valorado positivamente el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en el que entre otras cosas se reconoce el carácter complementario de la seguridad privada con...

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó hoy al Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada con un régimen sancionador exigente.

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.

España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE.

En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.

Después de 15 meses y cuatro pagas extra sin cobrar, los trabajadores de Esabe Vigilancia comienza a sentir lo que es la desesperación más absoluta. Con su presidente, Juan José Pardos del Pino, en busca y captura por un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social, ellos siguen acudiendo religiosamente a sus puestos de trabajo. “Pero es que después de tanto tiempo, ya no sabes qué hacer”, lamentan.

Los cuatro vigilantes cuentan sin embargo con la solidaridad de los alumnos de la Universidad Laboral donde trabajan, que han recolectado alimentos y dinero. En total, de 20 a 30 kilos de comida y 590 euros por cabeza.

Los afectados han expresado su agradecimiento por este gesto, aunque existen dudas legales sobre si pueden aceptar comida en su lugar de trabajo. En cuanto al dinero, prefieren considerarlo un préstamo. En todo caso, sus necesidades son muchas y la ayuda solo les durará un poco de tiempo. Los cuatro trabajadores están dispuestos a llegar hasta el final para defender sus derechos. Y por lo menos uno de ellos ha decidido que se encerrará en las dependencias de la Universidad Laboral en cuanto reciba la notificación de que su empresa, Sequor, ha entrado en concurso de acreedores. En realidad, ellos eran trabajadores de Esabe, pero la Xunta decidió cambiar la concesión en septiembre cuando la empresa les debía ya diez meses. Sin embargo, Sequor ha seguido el mismo camino, quizá porque también era propiedad de Prados del Pino (una circunstancia que la Xunta nunca aclaró), así que esperan recibir la notificación de que ha entrado en concurso de acreedores en breve, el próximo 8 de abril.

Los planes de privatización del Gobierno llegan ahora a las cárceles españolas. A partir del día 1 de abril, con la incorporación de vigilantes de seguridad privada, los centros penitenciarios españoles dejaran de ser competencia excluisva de las Fuerzas y Cuerpos de...

El Gobierno no tiene la intención de revisar la retirada de escoltas por el último comunicado de ETA. Eso sí, con mucha prudencia, precisan que «por ahora» es muy pronto para tomar una decisión al respecto. El Ejecutivo sostiene que no ha bajado la guardia en la lucha antiterrorista y que está muy encima de lo que hace ETA y de los movimientos de su entorno. El plan de reordenación de los servicios de protección ha afectado a políticos vascos y, también, a otros cargos públicos y a altos cargos. Por ejemplo, se ha retirado la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La información que manejan les lleva a pensar que, en estos momentos, la banda terrorista está intentando hacerse valer y llamar la atención, dentro del juego de tira y afloja en el que está inmersa. «Parece que quieren llamar la atención, pero saben que ni España ni Francia vamos a pasar por el aro. De ellos depende todo. No va a haber negociación ni contrapartidas. Lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo», sostienen fuentes del Gobierno.

El problema de ETA, según el Ejecutivo, es que cada vez está más sola y, encima, está constatando el fracaso de su estrategia de internacionalizar el conflicto. En el Gobierno también valoran el hecho de que en el entorno batasuno sostengan que las «consecuencias negativas» de las que la banda habla en su comunicado no se deben entender como una amenaza o una «vuelta atrás».

Los trabajadores y encargados de seguridad del establecimiento que Carrefour explota en la plaza Santos Juanes de Bilbao no quitan el miedo del cuerpo. A principios del pasado mes de enero relataban a este periódico que vivían «un auténtico infierno». En tres días,...

La incorporación de profesionales de seguridad privada en labores de vigilancia de las cárceles de Mansilla de las Mulas (León), Topas (Salamanca), Dueñas (Palencia)y Villanubla (Valladolid) se va a demorar. La idea inicial era que desde el 1 de abril comenzaran a...

Artículo de opinión de Cristina López Schlichting 

En estos tiempos de «polémica Parot» van cayendo los andamios del edificio que se alzó contra el terrorismo. Desde las leyes para perseguir el asesinato, hasta los diques contra la entrada de los terroristas en las instituciones, pasando por la lengua, que vuelve a designar el asesinato como incidente «político». El muro frontal contra ETA lo trabaron los cuerpos de los amenazados, que estallaron por miles.

Y con ellos, delante y detrás, los escoltas. Algún día habrá que escribir la crónica de los miles de muchachos que durante veinte años se empeñaron en ponérselo difícil a los terroristas ¿Dónde están ahora? Hace unos días entró en mi facebook uno de ellos. El paro se está cebando con fiereza entre los que no son de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En el mejor de los casos, se colocan como vigilantes por mil euros, pero son muchos los que, pasados los cincuenta años, tras veinte de servicio, no tienen para mantener a sus familias. Es interesante que se refieren a una especie de síndrome de Vietnam: «En el País Vasco somos apestados, desde luego, pero fuera también nos cubre un manto de silencio. La gente no quiere que le recuerden malos tiempos».

María no empezó a temer de verdad por su vida hasta que una noche, al salir del bar en el que trabajaba, encontró varios folios pegados en el contenedor en el que todos los días depositaba las bolsas de basura: «Eres una hija de puta. No mereces vivir. Zorra». Desde que decidió romper con Iván, María ya había recibido muchas señales a las que, sin embargo, no dio la «importancia que tenían». Tal vez, porque pensaba que el joven vizcaíno con el que había convivido casi dos años acabaría por aceptar que su relación había terminado. Su particular «infierno» empezó con fotos rotas en el portal, llamadas intempestivas y, lo peor de todo, por la sensación de sentirse «permanentemente acosada». Iván conocía al dedillo sus rutinas y le esperaba siempre en las mismas esquinas al salir de casa, del trabajo. Día tras día, se dedicaba a seguirla mientras le lanzaba todo tipo de insultos.

Tras varios meses confiando en que el tiempo enfriaría las cosas, María (algunos datos personales están cambiados por motivos de seguridad) se decidió a denunciar por «acoso» a su expareja. La Justicia condenó a Iván en primera instancia y le puso una orden de alejamiento. Al mismo tiempo establecieron unas medidas de protección para esta joven andaluza, que llegó con su hija a Bilbao hace siete años con un contrato de trabajo bajo el brazo. Básicamente, las medidas seguridad consistían en que «un coche patrulla de la Ertzaintza con agentes uniformados le escoltaban cuando iba y volvía del trabajo».

Lejos de solucionar sus problemas, esta joven de 37 años asegura que las medidas de protección acabaron volviéndose contra ella. Para empezar, no evitaron que Iván siguiese acosándola. Simplemente tuvo que modificar sus rutinas. «Cuando veía el coche patrulla no venía. Pero en cuanto desaparecían los agentes volvía a las andadas. Le he denunciado más de 20 veces. Y llamaba a la Policía, pero cuando venían ya no estaba», relata.