El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha informado a la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) de la intención de recurrir a la seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles,...
Recientemente el Ministro del Interior presento al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que os adjuntamos integramente así como la valoración de la iniciativa y observaciones al articulado del texto por parte del Colectivo.
La juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha confirmado la imputación en esta causa del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, por su «intervención» en la inclusión de un ‘intruso’ en la póliza de prejubilaciones de la empresa Calderinox.
En un auto dictado el pasado mes de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por el alto cargo de CCOO-A contra el auto dictado el 27 de enero de 2012, en el que lo imputaba después de reconocer ante la Guardia Civil «su intervención» en la introducción de Antonio Fernández Garzón en Calderinox.
La juez pone de manifiesto que, con su inclusión en la póliza de Calderinox, este ‘intruso’ «percibiría una renta de 199.299,96 euros, cuando la única indemnización a la que tenía derecho por la extinción de su relación laboral de la empresa Litalsur, a la cual pertenecía realmente, era de 27.976,44 euros». Así, y según la documentación remitida por Litalsur, este ‘intruso’ «recibió de dicha empresa en el año 2008 la cantidad neta de 27.025,23 euros, equivalentes a 27.976,44 euros brutos, en concepto de indemnización por cese de su relación laboral».
La juez Alaya asevera que el alto cargo de CCOO-A «no puede negar dos hechos», como son que «ni desconoció la falta de rigor administrativo y transparencia con la que se operaba presuntamente en la Consejería de Empleo y pudiera ser que justificara con ello la actuación que se le cuestiona», ni tampoco que «era extraordinariamente irregular que reclamara con insistencia, verbalmente y por escrito, al unísono con el delegado provincial de Empleo», la inclusión del ‘intruso’ «en una póliza que era ajena» al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez.
Una vigilancia un tanto laxa y no por falta de empeño, sino de medios. Los juzgados y otras dependencias judiciales de la provincia de Alicante sufren una serie de carencias que el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha puesto de manifiesto con la presentación dos escritos ante la Dirección General de Justicia y ante la Guardia Civil provincial y autonómica para que pongan freno a esta situación de precariedad. En los documentos la formación sindical describe de forma detallada las infraestructuras que deberían funcionar mejor o simplemente funcionar, de modo que en caso de que algo ocurra «se puedan pedir responsabilidades» a la persona responsable de la Dirección General.
Se trata de escáneres empleados a modo disuasorio, cámaras de vigilancia que graban bien poco o falta de ‘walkie talkies’ para los agentes de la Benemérita y de la empresa adjudicataria de la seguridad de la Conselleria de Justicia. De tal modo que en el Palacio de Justicia de Benalúa, denuncia el sindicato, el escáner y el detector de metales «están rotos», y así lo hace constar en su escrito. Por ello, desde el STAJ recalcan que la seguridad de los trabajadores y usuarios de los edificios judiciales, tales como magistrados, fiscales, secretarios, funcionarios y ciudadanos en general, «es inexistente».
Y no se trata de una situación exclusiva de Benalúa, en Alicante, a tenor de lo relatado por la agrupación de funcionarios. Así, las instalaciones de Pardo Gimeno, ubicadas frente al palacio judicial alicantino, «carecen de escáner». Mientras, cuentan que la cámara de seguridad «no funciona ni en el exterior ni en el garaje», el sistema de grabación «está roto», pues se difumina la imagen, «con lo que no se ven las matrículas» de los vehículos que acceden libremente al ‘parking’.
Adjuntamos resolución de la Dirección General de Empleo donde figura la orden de la inscripción del convenio en el Registro de convenios y dispone su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) ha valorado positivamente el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en el que entre otras cosas se reconoce el carácter complementario de la seguridad privada con...
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó hoy al Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada con un régimen sancionador exigente.
La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.
España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE.
En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.
Después de 15 meses y cuatro pagas extra sin cobrar, los trabajadores de Esabe Vigilancia comienza a sentir lo que es la desesperación más absoluta. Con su presidente, Juan José Pardos del Pino, en busca y captura por un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social, ellos siguen acudiendo religiosamente a sus puestos de trabajo. “Pero es que después de tanto tiempo, ya no sabes qué hacer”, lamentan.
Los cuatro vigilantes cuentan sin embargo con la solidaridad de los alumnos de la Universidad Laboral donde trabajan, que han recolectado alimentos y dinero. En total, de 20 a 30 kilos de comida y 590 euros por cabeza.
Los afectados han expresado su agradecimiento por este gesto, aunque existen dudas legales sobre si pueden aceptar comida en su lugar de trabajo. En cuanto al dinero, prefieren considerarlo un préstamo. En todo caso, sus necesidades son muchas y la ayuda solo les durará un poco de tiempo. Los cuatro trabajadores están dispuestos a llegar hasta el final para defender sus derechos. Y por lo menos uno de ellos ha decidido que se encerrará en las dependencias de la Universidad Laboral en cuanto reciba la notificación de que su empresa, Sequor, ha entrado en concurso de acreedores. En realidad, ellos eran trabajadores de Esabe, pero la Xunta decidió cambiar la concesión en septiembre cuando la empresa les debía ya diez meses. Sin embargo, Sequor ha seguido el mismo camino, quizá porque también era propiedad de Prados del Pino (una circunstancia que la Xunta nunca aclaró), así que esperan recibir la notificación de que ha entrado en concurso de acreedores en breve, el próximo 8 de abril.
Los planes de privatización del Gobierno llegan ahora a las cárceles españolas. A partir del día 1 de abril, con la incorporación de vigilantes de seguridad privada, los centros penitenciarios españoles dejaran de ser competencia excluisva de las Fuerzas y Cuerpos de...
El Gobierno no tiene la intención de revisar la retirada de escoltas por el último comunicado de ETA. Eso sí, con mucha prudencia, precisan que «por ahora» es muy pronto para tomar una decisión al respecto. El Ejecutivo sostiene que no ha bajado la guardia en la lucha antiterrorista y que está muy encima de lo que hace ETA y de los movimientos de su entorno. El plan de reordenación de los servicios de protección ha afectado a políticos vascos y, también, a otros cargos públicos y a altos cargos. Por ejemplo, se ha retirado la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La información que manejan les lleva a pensar que, en estos momentos, la banda terrorista está intentando hacerse valer y llamar la atención, dentro del juego de tira y afloja en el que está inmersa. «Parece que quieren llamar la atención, pero saben que ni España ni Francia vamos a pasar por el aro. De ellos depende todo. No va a haber negociación ni contrapartidas. Lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo», sostienen fuentes del Gobierno.
El problema de ETA, según el Ejecutivo, es que cada vez está más sola y, encima, está constatando el fracaso de su estrategia de internacionalizar el conflicto. En el Gobierno también valoran el hecho de que en el entorno batasuno sostengan que las «consecuencias negativas» de las que la banda habla en su comunicado no se deben entender como una amenaza o una «vuelta atrás».
