La nueva Ley de Seguridad Privada, cuyo proyecto obtuvo el visto bueno del Congreso este martes, ha levantado una polémica política y en los sindicatos y asociaciones que representan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las atribuciones que concede a los vigilantes privados para que, con la autorización pertinente, puedan identificar y detener en la vía pública.

Según el texto, que cuenta con el apoyo de PP, PNV y CiU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural, la norma permitirá a los vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, pero también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

«La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional«, argumentaba el diputado del PP Francisco Márquez este martes en el Congreso, y añadía que, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.

En esa misma línea abunda el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que asegura que estasa medidas ayudarán a la consolidación de un sector en pleo auge -da empleo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros al año- y que la futura ley alcanzará «la meta ambiciosa» de coordinar la seguridad pública con la privada.

«Conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez», ha sentenciado y afirma que esa es la guía del Gobierno para actualizar la normativa de seguridad privada, vigente desde 1992.

Sin embargo, esta legislación, que aún ha de pasar por el Senado, ha generado una fuerte polémica y división de opiniones entre asociaciones jurídicas y los representantes de Policía y Guardia Civil.

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El PP ha logrado con los votos a favor de CiU y PNV aprobar en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Seguridad Privada que será remitida al Senado para continuar su tramitación. Este proyecto ha recibido la oposición del PSOE, UPyD e Izquierda Plural, que acusan a los ‘populares’ de avanzar en la privatización del sector de la Seguridad. Los socialistas van más allá y acusan al PP abrir la puerta a que los vigilantes de seguridad privados puedan identificar, cachear y detener a los ciudadanos en la vía pública.

Los socialistas basan sus críticas en la redacción del artículo 32 de la Ley sobre «Vigilantes de seguridad y su especialidad» en la que se recogen las funciones de los vigilantes. Entre ellas se contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, «llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión». Los socialistas entienden que esa alusión a los «registros» abre la puerta que los ciudadanos puedan ser cacheados.

En ese mismo artículo se otorga a los vigilantes la potestad de «efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades».

En cuanto a la posibilidad de practicar detenciones por parte de los vigilantes de seguridad, la Ley aprobada dice que «en relación con el objeto de su protección o de su actuación» pueden «detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes». «No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades», añade el artículo.

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Se llama José Miguel Montoro, trabajó en la UGT hasta que le despidieron, hace ocho años y no tiene ningún problema en autoinculparse con tal de sacar a la luz las irregularidades del sindicato. «Tengo un título de un curso de técnico en prevención de riesgos laborales, de 300 horas presenciales, al que no asistí». revela el ex sindicalista, quien también acusa a la organización de pagar en B.

«Yo me autoinculpo y digo cómo se hacían las cosas». José Miguel Montoro Ruiz Míchel, 55 años, habla sin tapujos con EL MUNDO de las presuntas irregularidades que se cometen en el seno de la UGT. El sindicato le despidió hace ocho años y Míchel acudió a un tribunal para denunciarlo, pero sin éxito. Incluso, remitió un escrito a la Agencia Tributaria para dar detalles de una presunta contratación fraudulenta por parte de UGT, pero nunca tuvo respuesta de este organismo.

Llamadas anónimas

Míchel empezó a recibir llamadas de teléfono anónimas y tuvo que abandonar su hogar en Novelda (Alicante) -tiene mujer y tres hijos- para emigrar a otro pueblo, del que prefiere no revelar su nombre y donde lleva dos años viviendo. «Desde entonces, nuestra vida no ha ido nada bien. Estoy en una lista negra y no puedo trabajar en ninguna empresa de la construcción, porque en el momento que aparece mi nombre salta una alarma y me dicen que no puedo seguir».

Es cierto que la piratería en el Índico ha descendido de forma importante gracias al despliegue naval de la UE, de la OTAN y de otros países a nivel particular, como China. Ahora bien, todavía no puede decirse que se haya vuelto a la normalidad. Al contrario, es impensable, al menos para los armadores españoles, pensar en pescar solo con marineros a bordo. Llevar personal de seguridad sigue siendo imprescindible.

Desde que los secuestros empezaron a ser tónica habitual frente a las costas de Somalia -allá por el 2008-, los barcos españoles recurrieron a empresas de seguridad privada para evitar asaltos a sus atuneros. Los empresarios, sin embargo, reclamaban la fórmula que empleaban los franceses y los belgas, que enrolaban a infantes de Marina para atajar los posibles asaltos piratas.

Años después, cuando los armadores ya han desistido de su reclamación, son Francia y Bélgica los que adoptan la fórmula española y adaptan su legislación para permitir vigilantes privados a bordo de los barcos. Lo anunció el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, en una entrevista publicada por la revista especializada en asuntos marítimos Le Marin y extractada por Efe. Según Ayrault, lo que se va a autorizar es «el recurso a equipos privados capaces de completar las misiones de la Marina nacional» y eso se hará bajo una regulación precisa mediante un decreto. En concreto, se darán autorizaciones a los que quieran ofrecer esos servicios para certificar su profesionalidad y que respetan unas «reglas mínimas».

La nueva Ley de Seguridad Privada que tramita el Congreso de los Diputados permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podían ejercer los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de realizar labores de control en los espacios públicos, también podrán efectuar comprobaciones de identidad, registros y detenciones. Así consta en el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada que acaba de aprobarse en la Cámara Baja. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la norma entrará en vigor en un plazo aproximado de dos meses.

La ley actual sólo permite a los vigilantes de seguridad privada actuar en el interior de instalaciones, como empresas, organismos o centros comerciales. Las vías públicas las tienen expresamente vetadas por la legislación actual, con las excepciones de los polígonos industriales y las urbanizaciones privadas. Sin embargo, la nueva ley amplía el ámbito de actuación de estos profesionales, permitiéndoles intervenir en “zonas comerciales peatonales” y en “acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”.

Dos años después de que ETA anunciara el “cese definitivo de su actividad armada”, apenas quedan 200 escoltas en el País Vasco y Navarra. La drástica reducción de la protección a los objetivos potenciales de la banda ha dejado sin trabajo a centenares de escoltas vascos y navarros que no encuentran una nueva ocupación. Para conseguir trabajo, muchos no mencionan en su currículos que pasaron años protegiendo a cargos públicos amenazados por los terroristas.

El 20 de octubre de 2011, ETA emitió un comunicado en el que aseguraba que había tomado la decisión de decretar el “cese definitivo” de los atentados terroristas.

Cinco meses después, elMinisterio del Interior disminuyó un 55% el número de escoltas destinados a proteger personalidades amenazadas por la organización terrorista, en su mayoría concejales del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi.

Ya antes del anuncio de ETA se habían reducido de dos a uno los escoltas destinados a proteger a los ediles populares y socialistas que tomaron posesión tras las elecciones municipales de 2011. Además, el Gobierno Vasco también retiró la protección a otros cargos públicos.

El Confidencial Autonómico ha podido confirmar, de fuentes de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, que el número de personas destinadas a salvaguardar la seguridad de los “objetivos” de ETA ha disminuido de forma radical en estos dos años, lo que ha dejado en el paro a cientos de escoltas.