El sindicato tacha la medida de “irresponsable” y la considera como un primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios.

El Ministerio del Interior ha iniciado el proceso de privatización de la seguridadexterior en varios centros penitenciarios entre los que se encuentra la cárcel de Huelva (además de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca y Castellón), según ha podido saber el sindicato CSI-F. Tanto el Ministerio como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han negado a la Central Sindical esta información pero la organización asegura que tiene constancia, a través de fuentes indirectas, de que la seguridad de los centros penitenciarios mencionados ha sido adjudicada a la empresa Ombuds.

De hecho, vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en el País Vasco ya han sido contactados para realizar estas labores. CSI-F teme que, en principio, éste sea el primer paquete de una serie de adjudicaciones más amplias en las que participarán otras empresas. En este sentido, José Miguel Huertas, delegado de CSI-F en la cárcel de Huelva, asegura que “una vez más el Ministerio del Interior subestima la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vulnerando sistemáticamente el Reglamento Penitenciario donde se recoge de forma expresa que la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a este cuerpo de seguridad”.

Siguiendo con este argumento, la Central Sindical subraya que el Estatuto Básico del Empleado Público establece específicamente que “al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia del interés general del Estado y de la Administraciones Públicas”.

Ignorando esta normativa -lamenta José Miguel Huertas- Instituciones Penitenciarias comenzará en breve en el centro penitenciario onubense la sustitución de agentes de la Guardia Civil por empleados de empresas privadas para hacerse cargo de la seguridad exterior.

La juez Mercedes Alaya ha decretado el ingreso en prisión de dos de los principales implicados en el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT y supuesto ‘conseguidor’, y Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia. Por su parte, Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración ante la juez.

El auto se ha conocido ya de madrugada, dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.

Ha sido sobre las 6.50 horas cuando la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha comunicado a Albarracín y a Juan Lanzas el auto de ingreso en prisión tras la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó dicha medida de privación de libertad al entender, en el caso del ex directivo de Vitalia, que su patrimonio «creció mucho» durante el periodo temporal en el que trabajó para Vitalia, entre los años 1995 y 2011.

A Lanzas, que se ha acogido a su derecho a no declarar, la Guardia Civil le ha encontrado 82.000 euros escondidos bajo un colchón en casa de sus padres en Jaén. Su abogado, Pablo Luna Quesada, ha dicho a los periodistas que Lanzas puede justificar los 82.000 euros que los perros adiestrados de la Guardia Civil encontraron el miércoles en una maleta bajo la cama de sus padres, ya que era un dinero que había sacado para que su familia pudiese vivir en previsión de su ingreso en prisión.

Un vigilante de seguridad de la firma Seguriber, contratada la noche de la tragedia del Madrid Arena, ha decidido romper el silencio y revelar a la Justicia los trapos sucios de su empresa, aun a riesgo de perder el puesto. El operario, cuyo nombre e incluso iniciales este medio prefiere esconder pese a que él se ha personado públicamente en el caso Madrid Arena, ha trasladado al juez Eduardo López Palop las “diversas y muy graves irregularidades que se producen en los centros de seguridad de los recintos feriales de la Casa de Campo y la Caja Mágica desde hace varios años”. Según él, esas irregularidades eran fruto de una conchabanza entre un directivo de Seguriber y otro de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa propiedad del Ayuntamiento.

Seguriber es la empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. El trabajador ha denunciado a su superior, el “inspector” Iván Somontes, ante la Agencia de Protección de Datos. En el escrito que dirige al juez incluido en la instrucción sumarial, achaca esas irregularidades a Somontes y al coordinador de Seguridad, José Francisco Caamaño. “Visionan y extraen imágenes del circuito cerrado de televisión –como el que funcionaba en el Madrid Arena durante la tragedia en la que murieron cinco chicas jóvenes- sin orden judicial, amenazando a los operadores que en ese centro de control prestamos servicio con echarnos a la calle si denunciamos dichos delitos tipificados tanto en la Ley de Seguridad Privada como en la Ley de Protección de Datos”.

El trabajador acusa a Somontes de tirar pruebas a la basura. “Los soportes DVD, CD y USB son extraídos y enseñados como trofeos a personas incluso ajenas a la seguridad”, dice en otro párrafo. “Una vez que ya no les interesan, son tirados a la basura sin ni siquiera destruirlos”. De hecho, el operario presenta pruebas en formato CD que dice haber obtenido tras rebuscar entre las inmundicias. “En las imágenes que aporto hay todo tipo de personalidades, como la Casa de su Majestad el Rey”. No sé sabe si se refiere a Juan Carlos I o al séquito que le acompaña.

Ante las declaraciones efectuadas por el delegado del Gobierno de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, en referencia a la inminente sustitución de la Guardia Civil por personal de seguridad privada  de “forma experimental”, el sindicato UGT ha mostrado su total...

La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.

Comisiones Obreras y UGT coinciden en subrayar la “menor cualificación de los vigilantes privados en comparación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, un asunto que admiten en Interior y por el que aseguran que la labor del nuevo cuerpo se desarrollará “en las zonas perimetrales de los centros penitenciarios y no en el interior de los mismos”.

Sin embargo, para la AUGC esto no es consuelo. “La vigilancia del recinto es competencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y no por casualidad sino porque legalmente somos los únicos autorizados a realizar identificaciones o detenciones, ya sea en el exterior de las cárceles, en el metro o los aeropuertos”.

Con respecto a la legislación, a finales de 2012, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunció la necesidad de una nueva ley de Seguridad Privada que presumiblemente aumentará las competencias de los vigilantes y cuya elaboración esta ya «muy avanzada», porque la actual normativa está «superada por el tiempo».

Privatización de la seguridad pública

La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Benemérita, que ya ha mostrado su oposición a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato mayoritario en el Cuerpo: “Es un intento claro de privatizar la seguridad pública, igual que está sucediendo con la sanidad y la educación”, denuncia  uno de sus portavoces.

La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior.

Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.

Interior habla de «refuerzo» y no de sustitución. En un principio, «dos vigilantes de seguridad» por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. «En ningún caso supondrá una reducción de efectivos» de las unidades policiales, «tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial», por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.

Poca información y transparencia

Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se «pretende es que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad del Estado».

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Vigilantes de seguridad de los Juzgados de la Comunidad de Madrid han denunciado este martes que solo diez de los cerca de 200 efectivos desplegados en las sedes judiciales madrileñas vayan provistos con un arma como consecuencia de los «recortes» de la Consejería de Presidencia y Justicia en este ámbito.

Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que recoge la publicación a principios del pasado enero del contrato de los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles de órganos judiciales. Según este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los archivos judiciales –situados en dos sedes diferentes– cuentan con ocho vigilantes armados, mientras que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla cuentan con un vigilante armado para el Decanato y otro como jefe de Equipo.

En la Comunidad de Madrid hay cerca de 200 vigilantes de seguridad, de los que un total de 80 deben prestar el servicio armado. Sin embargo, solo diez van provistos de un arma durante su jornada laboral. El resto de sedes judiciales de la región, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, los Juzgados de lo Social, de lo Penal o lo Civil y la totalidad de órganos judiciales periféricos, carecen de vigilantes que lleven consigue un arma.

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