Ante las declaraciones efectuadas por el delegado del Gobierno de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, en referencia a la inminente sustitución de la Guardia Civil por personal de seguridad privada de “forma experimental”, el sindicato UGT ha mostrado su total...
La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.
Comisiones Obreras y UGT coinciden en subrayar la “menor cualificación de los vigilantes privados en comparación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, un asunto que admiten en Interior y por el que aseguran que la labor del nuevo cuerpo se desarrollará “en las zonas perimetrales de los centros penitenciarios y no en el interior de los mismos”.
Sin embargo, para la AUGC esto no es consuelo. “La vigilancia del recinto es competencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y no por casualidad sino porque legalmente somos los únicos autorizados a realizar identificaciones o detenciones, ya sea en el exterior de las cárceles, en el metro o los aeropuertos”.
Con respecto a la legislación, a finales de 2012, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunció la necesidad de una nueva ley de Seguridad Privada que presumiblemente aumentará las competencias de los vigilantes y cuya elaboración esta ya «muy avanzada», porque la actual normativa está «superada por el tiempo».
Privatización de la seguridad pública
La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Benemérita, que ya ha mostrado su oposición a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato mayoritario en el Cuerpo: “Es un intento claro de privatizar la seguridad pública, igual que está sucediendo con la sanidad y la educación”, denuncia uno de sus portavoces.
La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior.
Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.
Interior habla de «refuerzo» y no de sustitución. En un principio, «dos vigilantes de seguridad» por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. «En ningún caso supondrá una reducción de efectivos» de las unidades policiales, «tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial», por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.
Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se «pretende es que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad del Estado».
Por tod@s es sabido que el Convenio que se firmo el año pasado no se publicó, por fallos en su redacción (A sabiendas o no). Hemos vivido por parte de varias empresas del sector, tramites de descuelgue incluso de hasta sus propios convenios. Tras haber varias...
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un interventor de Renfe, dos vigilantes de seguridad y un cliente de la compañía ferroviaria, acusados de enzarzarse en una pelea después de que este último fuera sorprendido viajando sin billete en un tren...
Vigilantes de seguridad de los Juzgados de la Comunidad de Madrid han denunciado este martes que solo diez de los cerca de 200 efectivos desplegados en las sedes judiciales madrileñas vayan provistos con un arma como consecuencia de los «recortes» de la Consejería de Presidencia y Justicia en este ámbito.
Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que recoge la publicación a principios del pasado enero del contrato de los servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles de órganos judiciales. Según este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los archivos judiciales –situados en dos sedes diferentes– cuentan con ocho vigilantes armados, mientras que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla cuentan con un vigilante armado para el Decanato y otro como jefe de Equipo.
En la Comunidad de Madrid hay cerca de 200 vigilantes de seguridad, de los que un total de 80 deben prestar el servicio armado. Sin embargo, solo diez van provistos de un arma durante su jornada laboral. El resto de sedes judiciales de la región, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, los Juzgados de lo Social, de lo Penal o lo Civil y la totalidad de órganos judiciales periféricos, carecen de vigilantes que lleven consigue un arma.
IMPARTIDO
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Desde la compañía critican que la legislación laboral siempre va por detrás de la realidad. Así, están convencidos de que la última reforma del mercado laboral fue «valiente pero tardía e insuficiente».
“La persona que está en desempleo tiene la obligación de buscar trabajo cada mañana, y para ello tiene que ver si está cualificado para los empleos disponibles”. Una sentencia de Miguel Calvo Calleja, Consejero Delegado del Grupo Norte, con la que pretende desmontar el mito de que el Estado español es responsable del desempleo. “El paro es problema del desempleado, que tiene que ser capaz de cambiar su empleabilidad mediante la formación y analizar posibles alternativas”, ha señalado. En esta misma línea, Calvo ha añadido que existen más alternativas de formación de las que parecen: “hay mucha inercia a la asistencia a cursos pero sin vocación de trabajar en el sector. Es necesario que la formación que se oferta esté mucho más vinculada al empleo real”, ha señalado.
En este sentido, el Consejero Delegado del Grupo Norte se ha referido a la prórroga de los 400 euros a parados de larga duración, que será estudiada por el Ejecutivo durante el día de hoy. Aunque ha criticado que “el apoyo social social se entienda sólo para la prestación Hay que conseguir que el dinero que se invierta en políticas activas tenga un resultado finalista en el empleo, algo que hoy por hoy no es una realidad”. Así, asegura que precisamente desde las empresas de trabajo temporal se promueve que cada euro invertido se sepa que repercusiones va a tener sobre la creación de puestos de trabajo.
