Hace apenas un par de meses, un pasajero del tren Bilbao-Orduña propinaba un puñetazo en la cara a un interventor de Renfe que le pidió que bajara los pies del asiento. El trabajador tuvo que ser atendido en el ambulatorio de Amurrio después de que el agresor, que esperó a que llegaran a la estación para golpearle, la tomara con él. No fue la primera vez, ni la última. El año pasado, un vigilante de seguridad fue víctima de una «brutal agresión» en la estación de Zabalburu –uno de los «puntos calientes» o conflictivos, según describen los afectados–. El empleado había recriminado a un viajero que saltó las máquinas canceladoras de acceso a la estación, y éste reaccionó dándole una paliza por la que tuvo que ser hospitalizado. Tenía golpes por todo el cuerpo y un par de vértebras rotas. El agresor fue detenido por la Ertzaintza poco después en la misma estación.
«¿Es que va a tener que morir un interventor, un vigilante o un viajero para que pongan más medidas de seguridad? Nosotros estamos vendidos, desmotivados, y ya nos da igual todo», sentencia Mikel, interventor en Renfe cercanías desde hace más de dos décadas. Prefiere no revelar su verdadero nombre: hace dos años, un grupo de chavales intentó colarse en su tren y recibió una paliza por llamarles la atención. Sus compañeros no son tan contundentes –la mayoría prefiere no hablar–, pero reconocen que existe un problema que necesita ser atajado «con urgencia». Reclaman que Renfe les haga caso, con «tres agresiones fuertes en el último año»; una cifra que, aseguran, «no se ajusta a la realidad: a diario sufrimos muchísimo».
