España no es un país donde se trabaja poco y se gana más de la cuenta, como de vez en cuando dejan caer algunos dirigentes empresariales, especialmente desde que se desencadenó la crisis económica. Las estadísticas de la UE, de la OCDE y de otros organismos privados muestran todo lo contrario: los salarios están entre los más bajos de nuestro entorno y la jornada anual, entre las más altas. Por lo que se refiere al ámbito europeo, sólo Grecia, Portugal, Turquía y los antiguos países de la Unión Soviética presentan peores condiciones laborales que las vigentes hoy por hoy en España.

Según datos correspondientes a 2013, después de las rebajas practicadas durante los últimos años, el salario medio de los trabajadores españoles se sitúa en 26.027 euros brutos anuales, la mitad que en Dinamarca (53.061) o Luxemburgo (52.902), y muy inferior al registrado, por ejemplo, en Holanda (48.109), Bélgica (46.810), Alemania (45.170) y Francia (36.980). Por debajo de nosotros se encuentran Grecia (20.604), Portugal (17.335), Turquía (12.530), Estonia (11.664), la República Checa (11.500), Eslovaquia (10.015), Polonia (9.873), Hungría (9.817) o Letonia (9.065).

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.

El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.

Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.

La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.

El Tribunal Constitucional ha anulado parte del articulado de la Ley vasca de Seguridad Pública al considerar que invade la competencia estatal en esta materia. Uno de los preceptos invalidados hace referencia a la posibilidad de que los municipios pequeños puedan...

Los grafiteros han atacado de nuevo, pero esta vez en el metro de Bilbao. Si el sábado pasado fueron detenidos cuatro jóvenes por hacer pintadas en unidades de Euskotren, en la madrugada de este lunes han sido arrestados otros dos, de 22 y 23 años, por 'atacar' varios...

Hace apenas un par de meses, un pasajero del tren Bilbao-Orduña propinaba un puñetazo en la cara a un interventor de Renfe que le pidió que bajara los pies del asiento. El trabajador tuvo que ser atendido en el ambulatorio de Amurrio después de que el agresor, que esperó a que llegaran a la estación para golpearle, la tomara con él. No fue la primera vez, ni la última. El año pasado, un vigilante de seguridad fue víctima de una «brutal agresión» en la estación de Zabalburu –uno de los «puntos calientes» o conflictivos, según describen los afectados–. El empleado había recriminado a un viajero que saltó las máquinas canceladoras de acceso a la estación, y éste reaccionó dándole una paliza por la que tuvo que ser hospitalizado. Tenía golpes por todo el cuerpo y un par de vértebras rotas. El agresor fue detenido por la Ertzaintza poco después en la misma estación.

«¿Es que va a tener que morir un interventor, un vigilante o un viajero para que pongan más medidas de seguridad? Nosotros estamos vendidos, desmotivados, y ya nos da igual todo», sentencia Mikel, interventor en Renfe cercanías desde hace más de dos décadas. Prefiere no revelar su verdadero nombre: hace dos años, un grupo de chavales intentó colarse en su tren y recibió una paliza por llamarles la atención. Sus compañeros no son tan contundentes –la mayoría prefiere no hablar–, pero reconocen que existe un problema que necesita ser atajado «con urgencia». Reclaman que Renfe les haga caso, con «tres agresiones fuertes en el último año»; una cifra que, aseguran, «no se ajusta a la realidad: a diario sufrimos muchísimo».

El consejero de Interior catalán, Ramon Espadaler, ha reclamado este viernes que el Gobierno de la Generalitat pueda participar en el despliegue de la recién aprobada ley de seguridad privada a través de la redacción del reglamento.

En declaraciones a los medios tras inaugurar el I Congreso de Detectives Privados de Catalunya, ha recordado que la Generalitat, a través del grupo parlamentario de CiU en el Congreso, «ha transformado esta ley salvando la competencia que da el artículo 163 del Estatut, que recoge que en Cataluña la administración de referencia para la seguridad privada en general y de los detectives es el departamento de Interior».

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes extender la contratación seguridad privada a todas las prisiones españolas. En Burgos la  medida afectará a 80 guardias de civiles que realizan servicios en la cárcel, que podrían sufrir un traslado de destino forzoso. La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que si hay dinero para contratar empresas privadas, también lo hay para sacar una nueva oferta pública de empleo

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios del país, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de mayo la contratación de empresas de seguridad privada, consolidando un proyecto piloto iniciado el pasado año. Los vigilantes realizarán labores que hasta ahora eran responsabilidad de Guardia  Civil y Policía Nacional, lo que supondrá, a juicio de la asociación, una reducción de los efectivos de las Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad del Estado, con traslados forzosos.

El proyecto piloto se puso en marcha en 21 de los 67 centros dependientes del Ministerio de Interior, con la contratación de 254 vigilantes y un presupuesto de 7 millones de euros. Con el nuevo contrato, el servicio se extiende a todas las prisiones españolas, ampliando el número de efectivos hasta 800 y  con un coste de 33 millones de euros. De acuerdo con los datos facilitados por Jesús Pérez, secretario provincial de AUGC, en el centro penitenciario de Burgos se cuenta con 80 guardias civiles que realizan todo tipo de trabajos de seguridad, vigilancia y traslado de internos.

Un empresa pontevedresa acaba de ser sancionada con 30.100 euros por la Subdelegación del Gobierno en lo que se considera es un caso de intrusismo en la labor que diariamente realizan las firmas dedicadas a dar cobertura de seguridad privada. Las fuentes consultadas reseñaron que esta firma habría cometido una falta muy grave a la normativa aprobada en 1992 al haber llevado a cabo una «prestación de servicios de seguridad a terceros careciendo de la habilitación necesaria».

Se trata, en todo caso, de la multa mínima que recoge la citada normativa para este tipo de supuestos. Y es que las faltas muy graves pueden llegar a estar castigadas con sanciones de hasta 600.000 euros -la legislación en este ámbito, al datar de los noventa, viene expresada en pesetas-.

Las fuentes consultadas precisaron, en este sentido, que el expediente contra la empresa pontevedresa se abrió a instancia de la Policía Nacional. Todo parece indicar que agentes de este cuerpo verificaron, en el transcurso de una inspección, que la compañía en cuestión carecía de autorización alguna para poder dar una serie de servicios que, supuestamente, estaba ofertando. En este sentido, señalaron que la sociedad, que está dada de alta en el Registro Mercantil de Pontevedra, facilitaba personal para labores «de celaduría -vigilancia-, portería y control de accesos».

El Gobierno ha autorizado este viernes la contratación de más de 800 vigilantes de seguridad privada para reforzar la seguridad exterior de 67 prisiones españolas. El coste de esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros, será de 33 millones de euros.

El Ejecutivo ha tomado la decisión de extender este sistema a todas las cárceles tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en 21 de centros penitenciarios con vigilantes de seguridad, encargados de tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos. El contrato afecta a un total de 67 prisiones e implica 202 puestos de trabajo (181 de 24 horas y 22 de 12 horas), lo que supone más de 800 personas empleadas para cubrir todos los turnos.

La Seguridad Social considera que la ansiedad que sufre un vigilante de seguridad desde que fuera agredido en Bilbao por su jefe ha de tramitarse como si de un accidente laboral se tratara y hace responsable a la mutua de trabajo del pago de la prestación económica...