Se llama José Miguel Montoro, trabajó en la UGT hasta que le despidieron, hace ocho años y no tiene ningún problema en autoinculparse con tal de sacar a la luz las irregularidades del sindicato. «Tengo un título de un curso de técnico en prevención de riesgos laborales, de 300 horas presenciales, al que no asistí». revela el ex sindicalista, quien también acusa a la organización de pagar en B.

«Yo me autoinculpo y digo cómo se hacían las cosas». José Miguel Montoro Ruiz Míchel, 55 años, habla sin tapujos con EL MUNDO de las presuntas irregularidades que se cometen en el seno de la UGT. El sindicato le despidió hace ocho años y Míchel acudió a un tribunal para denunciarlo, pero sin éxito. Incluso, remitió un escrito a la Agencia Tributaria para dar detalles de una presunta contratación fraudulenta por parte de UGT, pero nunca tuvo respuesta de este organismo.

Llamadas anónimas

Míchel empezó a recibir llamadas de teléfono anónimas y tuvo que abandonar su hogar en Novelda (Alicante) -tiene mujer y tres hijos- para emigrar a otro pueblo, del que prefiere no revelar su nombre y donde lleva dos años viviendo. «Desde entonces, nuestra vida no ha ido nada bien. Estoy en una lista negra y no puedo trabajar en ninguna empresa de la construcción, porque en el momento que aparece mi nombre salta una alarma y me dicen que no puedo seguir».

Es cierto que la piratería en el Índico ha descendido de forma importante gracias al despliegue naval de la UE, de la OTAN y de otros países a nivel particular, como China. Ahora bien, todavía no puede decirse que se haya vuelto a la normalidad. Al contrario, es impensable, al menos para los armadores españoles, pensar en pescar solo con marineros a bordo. Llevar personal de seguridad sigue siendo imprescindible.

Desde que los secuestros empezaron a ser tónica habitual frente a las costas de Somalia -allá por el 2008-, los barcos españoles recurrieron a empresas de seguridad privada para evitar asaltos a sus atuneros. Los empresarios, sin embargo, reclamaban la fórmula que empleaban los franceses y los belgas, que enrolaban a infantes de Marina para atajar los posibles asaltos piratas.

Años después, cuando los armadores ya han desistido de su reclamación, son Francia y Bélgica los que adoptan la fórmula española y adaptan su legislación para permitir vigilantes privados a bordo de los barcos. Lo anunció el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, en una entrevista publicada por la revista especializada en asuntos marítimos Le Marin y extractada por Efe. Según Ayrault, lo que se va a autorizar es «el recurso a equipos privados capaces de completar las misiones de la Marina nacional» y eso se hará bajo una regulación precisa mediante un decreto. En concreto, se darán autorizaciones a los que quieran ofrecer esos servicios para certificar su profesionalidad y que respetan unas «reglas mínimas».

La nueva Ley de Seguridad Privada que tramita el Congreso de los Diputados permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podían ejercer los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de realizar labores de control en los espacios públicos, también podrán efectuar comprobaciones de identidad, registros y detenciones. Así consta en el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada que acaba de aprobarse en la Cámara Baja. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la norma entrará en vigor en un plazo aproximado de dos meses.

La ley actual sólo permite a los vigilantes de seguridad privada actuar en el interior de instalaciones, como empresas, organismos o centros comerciales. Las vías públicas las tienen expresamente vetadas por la legislación actual, con las excepciones de los polígonos industriales y las urbanizaciones privadas. Sin embargo, la nueva ley amplía el ámbito de actuación de estos profesionales, permitiéndoles intervenir en “zonas comerciales peatonales” y en “acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”.

Dos años después de que ETA anunciara el “cese definitivo de su actividad armada”, apenas quedan 200 escoltas en el País Vasco y Navarra. La drástica reducción de la protección a los objetivos potenciales de la banda ha dejado sin trabajo a centenares de escoltas vascos y navarros que no encuentran una nueva ocupación. Para conseguir trabajo, muchos no mencionan en su currículos que pasaron años protegiendo a cargos públicos amenazados por los terroristas.

El 20 de octubre de 2011, ETA emitió un comunicado en el que aseguraba que había tomado la decisión de decretar el “cese definitivo” de los atentados terroristas.

Cinco meses después, elMinisterio del Interior disminuyó un 55% el número de escoltas destinados a proteger personalidades amenazadas por la organización terrorista, en su mayoría concejales del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi.

Ya antes del anuncio de ETA se habían reducido de dos a uno los escoltas destinados a proteger a los ediles populares y socialistas que tomaron posesión tras las elecciones municipales de 2011. Además, el Gobierno Vasco también retiró la protección a otros cargos públicos.

El Confidencial Autonómico ha podido confirmar, de fuentes de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, que el número de personas destinadas a salvaguardar la seguridad de los “objetivos” de ETA ha disminuido de forma radical en estos dos años, lo que ha dejado en el paro a cientos de escoltas.

Cuatro empleados de la empresa de seguridad del aeropuerto de Santiago, Segur Ibérica, han presentado en los juzgados una querella criminal contra su coordinador. 

Denuncian los tratos vejatorios sufridos por parte de su jefe inmediato. La lista de agravios es muy larga, desde la prohibición de ir al baño hasta insultos. Una trabajadora asegura que le llegaron a pedir una previsión por adelantado de sus menstruaciones.

El servicio de seguridad del aeropuerto lo gestionó hasta el mes de julio Eulen y, en la actualidad, se encarga la empresa Segur Ibérica. Sin embargo, los denunciantes han mantenido el puesto al igual que su coordinador. 

Los cuatro trabajadores, entre los que se encuentra un delegado sindical de la CIG, aseguran que fue necesario llegar a la vía penal porque, pese a informar de la situación a la empresa y al aeropuerto, no tomaron medida alguna. 

En realidad, los problemas vienen de atrás. Según el delegado sindical, la primera denuncia data de 2010 y los juzgados dieron la razón a los trabajadores, pero en aquella ocasión denunciaban que el coordinador incumplía los acuerdos para rotar los turnos de trabajo.

Ángel Córdoba asumió en abril la presidencia de APROSER con el principal objetivo de “contribuir al mantenimiento de los aproximadamente 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos del sector”. Para este profesional, procedente del sector financiero, esa meta pasa por anteponer la calidad a los criterios económicos a la hora de contratar servicios de seguridad privada. Un patrón que en la actualidad no se respeta en muchos casos. .

Pero además de este factor, al presidente de APROSER también le parece muy preocupante la posibilidad de que aumenten los descuelgues salariales del Convenio Colectivo, dadas las consecuencias negativas que esto supondría para toda la actividad. Por ello, Córdoba defiende el pacto laboral como “un elemento clave para la estabilidad y el incremento de la profesionalidad del sector en las tres últimas décadas”.

El suceso se registró a las cinco y media de la tarde en la estación ferroviaria ubicada enZabalburu. Dos vigilantes de seguridad sorprendieron a un viajero que viajaba sin billete después de que mantuviera una actitud sospechosa. En el momento que le requirieron el...

Un vigilante de seguridad ha presentado una denuncia contra la diputada socialista Beatriz Sestayo por un supuesto intento de atropello en el acceso al aparcamiento de la sede legislativa en Galicia. En el documento, el empleado alega que «temía por su integridad física» y que «se sentía amenazado» por la conducta de esta mujer.

En la denuncia, el operario relata que el pasado 29 de octubre, sobre las 09:55, Sestayo intentó acceder al Parlamento con un automóvil pese a que ya tenía otro estacionado en el párking desde marzo, por lo que se le hizo saber que «no podía estacionar el vehículo en el que iba hasta que retirara el otro».

Entonces, y siempre según la versión de este trabajador, la parlamentaria socialista hizo «caso omiso» a las indicaciones y el empleado optó por colocarse delante de su coche para impedirle el acceso. En ese momento, la diputada dio «pequeños acelerones» para obligar al hombre a apartarse, «dejando incluso caer el vehículo hacia atrás para volver a acelerar». Cuando el empleado se apartó y Sestayo llegó a la barrera, el operario reiteró que no podía entrar, y la diputada respondió que tenía la autorización de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo.

A. B. Ll., vigilante de seguridad de profesión y residente en El Grao, murió ayer en extrañas circunstancias cuando estaba realizando prácticas de tiro en el Círculo de Cazadores de San Huberto. Como relataron a Mediterráneo fuentes próximas a la empresa de seguridad...

Prosegur ha cerrado los nueve primeros meses con un beneficio de 106 millones de euros, que supone una caída del 6,8% respecto al mismo periodo de un año antes, debido a los mayores costes laborales y las depreciaciones de las divisas.Prosegur reduce un 6,8% su...