CISPE reclama una transformación profunda de la negociación colectiva en seguridad privada. Los salarios aumentan, pero la jornada permanece inalterada; los derechos sociales avanzan con demasiada lentitud y las mejoras económicas dependen, en ocasiones, de acuerdos particulares de servicio. Mientras tanto, cuatro organizaciones concentran más del 92 % de la representación sindical en Euskadi. Ha llegado el momento de exigir resultados, recuperar la negociación autonómica y situar la dignidad profesional por delante de la propaganda.
Una profesión que merece mucho más
La seguridad privada es una actividad regulada, sometida a requisitos específicos de habilitación, formación y responsabilidad profesional.
Son personas trabajadoras protegen hospitales, edificios administrativos, infraestructuras, transportes, instalaciones industriales y numerosos servicios de interés público y privado.
Trabajan de noche, en festivos y fines de semana. Afrontan riesgos, situaciones conflictivas, cambios de cuadrante y dificultades para conciliar su vida laboral y familiar.
Sin embargo, el reconocimiento económico y social de la profesión sigue sin corresponderse suficientemente con esas exigencias. Durante años hemos asistido a sucesivas negociaciones colectivas, incrementos salariales y anuncios de mejoras.
No negamos que se hayan conseguido avances. Lo que cuestionamos es que esos avances sean suficientes para resolver los problemas estructurales del sector.
Porque el problema no es que no se firmen convenios. El problema es que seguimos firmando convenios sin resolver reivindicaciones que llevan demasiados años sobre la mesa.
251 Representantes sindicales. ¿Dónde están los resultados?
La información oficial de elecciones sindicales del Gobierno Vasco, a fecha del presente, recoge 251 representantes correspondientes al convenio de empresas de seguridad en Euskadi.
| Organización | Representantes | Porcentaje |
|---|---|---|
| CCOO | 80 | 31,87 % |
| USO | 62 | 24,70 % |
| ELA | 50 | 19,92 % |
| UGT | 40 | 15,94 % |
| ASTSP | 9 | 3,59 % |
| CISPE | 4 | 1,59 % |
| ATES | 3 | 1,20 % |
| CSIF | 2 | 0,80 % |
| LAB | 1 | 0,40 % |
| TOTAL | 251 | 100 % |
El mismo documento recoge 5.209 electores, 3.828 votantes y una participación del 73,49 %.
CCOO, USO, ELA y UGT concentran 232 de los 251 representantes: el 92,43 %.
Por su parte, CCOO, UGT y USO, las tres organizaciones sindicales firmantes del convenio estatal vigente, suman 182 representantes en Euskadi.
Estos datos corresponden a la representación electoral territorial y no deben confundirse con las reglas de legitimación de la negociación estatal. Pero permiten formular una pregunta perfectamente legítima:
¿Qué están haciendo las organizaciones que concentran prácticamente toda la representación sindical para conseguir las mejoras estructurales que necesita nuestra profesión?
La representación sindical no debería medirse únicamente por los delegados obtenidos. También debería medirse por las iniciativas promovidas, los objetivos defendidos y los resultados conseguidos.
Los trabajadores tienen derecho a conocer qué se ha negociado, qué propuestas se han rechazado y qué compromisos permanecen pendientes. Y esa obligación de rendir cuentas alcanza a todas las organizaciones, incluida CISPE.
2017: La negociación autonómica que no llegó a nacer
El 18 de julio de 2017 se celebró una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales de Gipuzkoa para intentar constituir una mesa de negociación de un convenio autonómico de seguridad privada.
No fue una ocurrencia improvisada. Durante los meses anteriores se había desarrollado una mesa de trabajo en la que participaron CCOO, ELA, CISPE y otras organizaciones profesionales y minoritarias.
CCOO y ELA promovieron formalmente la convocatoria, dado que entre ambos disponían en ese momento de más del 50% de la representación en Euskadi.
Según la crónica publicada por CISPE el 20 de julio de 2017, se expuso que una parte muy importante de los trabajadores del sector había manifestado su apoyo a la apertura de una negociación propia.
El objetivo era adaptar los salarios y las condiciones laborales a la realidad económica de Euskadi. La patronal defendió el mantenimiento del ámbito estatal. La reunión terminó sin constituirse la comisión negociadora.
CISPE denunció entonces que determinadas posiciones mantenidas durante el encuentro, especialmente la exigencia de una respuesta inmediata que atribuyó a UGT y ELA, habían contribuido a frustrar la continuidad de las conversaciones.
Esa fue nuestra valoración sindical contemporánea de los hechos. No la presentamos como una declaración judicial de responsabilidad ni ignoramos la posición mantenida por las organizaciones empresariales. Pero el resultado histórico es indiscutible:
En 2017 se intentó impulsar un convenio autonómico de seguridad privada y, nueve años después, seguimos sin él.
La pregunta que debemos hacernos es qué iniciativas se han promovido desde entonces para recuperar aquella reivindicación. Porque una oportunidad perdida no puede convertirse en una excusa permanente para abandonar un objetivo.
El convenio Autonómico es una reivindicación jurídicamente fundamentada
Euskadi dispone de un Acuerdo Interprofesional sobre la estructura de la negociación colectiva, suscrito por Confebask y las organizaciones sindicales firmantes. Su finalidad incluye favorecer la negociación colectiva territorial dentro del marco legal aplicable.
Además, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, reformado en 2024, contempla determinados supuestos de prioridad aplicativa de convenios autonómicos cuando se cumplen los requisitos legales y su regulación resulta más favorable.
No estamos defendiendo un convenio autonómico imposible. Estamos defendiendo que las organizaciones legitimadas utilicen las herramientas jurídicas existentes. Eso exige mayorías, una comisión negociadora válidamente constituida y respeto a las materias excluidas por la legislación.
Entre esas exclusiones figura la jornada máxima anual en el régimen de prioridad autonómica del artículo 84.5.
Por tanto, no sería correcto prometer que un convenio vasco puede desplazar automáticamente la jornada estatal. Pero sí existen materias económicas y sociales cuyo desarrollo territorial merece ser estudiado y negociado.
CISPE reclama un convenio autonómico que permita mejorar salarios, complementos y derechos sociales en los ámbitos jurídicamente disponibles.
Y reclama que las organizaciones mayoritarias expliquen públicamente si están dispuestas a impulsar esa negociación.
El convenio 2026-2030: Cinco años de subidas, pero sin una reducción general de jornada
El convenio estatal 2026-2030 fue firmado por FeSMC-UGT, CCOO-Hábitat y FTSP-USO, junto a las organizaciones empresariales APROSER, ASECOPS y FES.
Su artículo 47 establece los siguientes incrementos retributivos:
| Año | Incremento |
|---|---|
| 2026 | 3 % |
| 2027 | 3,5 % |
| 2028 | 4 % |
| 2029 | 4 % |
| 2030 | 4,5 % |
El propio convenio señala un incremento acumulado aproximado del 20,49 % durante su vigencia.
Son incrementos pactados y debemos reconocerlos. Pero un incremento nominal no garantiza por sí mismo una mejora equivalente del poder adquisitivo. Tampoco sustituye otras reivindicaciones fundamentales.
El convenio mantiene una jornada ordinaria de 1.782 horas anuales de trabajo efectivo. Y esa cifra no es nueva. Aparece expresamente en los convenios estatales de 2018, 2022, 2023-2026 y 2026-2030.
Es decir, podemos acreditar documentalmente que durante todo ese periodo la negociación colectiva estatal no ha reducido la jornada ordinaria general.
¿Cuántos convenios más tienen que firmarse para que la reducción de jornada deje de ser una reivindicación pendiente?
Reducir el tiempo de trabajo manteniendo la remuneración supone mejorar el valor de cada hora y, sobre todo, recuperar tiempo para vivir.
La conciliación no se consigue únicamente mediante permisos, también se consigue trabajando menos horas y disponiendo de cuadrantes previsibles.
Los salarios: Lo que dicen realmente las tablas del BOE
La tabla salarial de 2026 permite observar un aspecto especialmente significativo. Para un vigilante de seguridad, sin antigüedad ni complementos variables adicionales, el convenio recoge:
| Concepto | Cuantía mensual 2026 |
|---|---|
| Salario base | 1.161,28 € |
| Plus de peligrosidad | 24,08 € |
| Plus de transporte | 137,81 € |
| Plus de vestuario | 112,28 € |
| Total mensual de tabla | 1.435,45 € |
El total anual publicado para esta categoría es de 20.781,48 euros, teniendo en cuenta la estructura de pagas y conceptos establecida por el convenio.
Es fundamental no confundir el total mensual de tabla con el salario base, ni multiplicarlo simplemente por catorce para calcular la retribución anual.
También debemos distinguir la naturaleza salarial de los distintos conceptos: transporte y vestuario se regulan como compensaciones de gastos. Y aquí aparece una cuestión que merece un debate serio.
El salario base mensual de un vigilante de seguridad en 2026 es de 1.161,28 euros.
El salario mínimo interprofesional vigente se sitúa en 1.221 euros mensuales en catorce pagas. El salario base convencional aislado es, por tanto, inferior a la referencia mensual del SMI.
Esto no significa que el vigilante perciba una remuneración anual inferior al mínimo legal. La comparación jurídica del SMI debe realizarse conforme a las reglas legales sobre retribución y compensación, considerando los conceptos que correspondan.
Pero la diferencia sí permite cuestionar la estructura salarial de nuestra profesión.
¿No debería una actividad regulada, con habilitación profesional y responsabilidades específicas, disponer de un salario base suficientemente elevado por sí mismo?
Desde CISPE creemos que sí. No queremos que el reconocimiento profesional dependa de acumular conceptos hasta alcanzar una cifra aceptable. Queremos una estructura salarial transparente, sólida y acorde con la responsabilidad del trabajo.
El SMI de 2027: Una advertencia sobre el valor de nuestra profesión
El Ministerio de Trabajo ha planteado elevar el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas para 2027. La propuesta equivale a 18.004 euros brutos anuales, a fecha de esta publicación todavía no constituye una cuantía definitivamente aprobada.
Que el SMI aumente es positivo pero su evolución también debería servir para revisar las retribuciones de las profesiones especializadas.
El salario mínimo representa una garantía general para todos los trabajadores. No puede convertirse en el horizonte de una actividad que exige habilitación administrativa, formación y responsabilidades legales específicas.
El salario convencional completo de los vigilantes de seguridad supera esa referencia. Sin embargo, superar el mínimo legal no equivale automáticamente a disponer de un salario profesional suficiente.
El verdadero debate consiste en determinar qué remuneración corresponde a las funciones desempeñadas y qué capacidad adquisitiva conserva el trabajador después de afrontar sus gastos.
La Inflación en Euskadi: Las subidas nominales no cuentan toda la historia
- En septiembre de 2026, el IPC interanual de Euskadi alcanzó el 5 %.
- El incremento retributivo general pactado para 2026 es del 3 %.
No son dos magnitudes referidas a un periodo anual completo idéntico y, por tanto, no permiten afirmar que el salario real de 2026 haya disminuido exactamente dos puntos. Pero sí ponen de manifiesto un riesgo evidente.
Los precios pueden aumentar más deprisa que los salarios pactados
Y cuando eso sucede, una subida salarial puede resultar insuficiente para mantener el nivel de vida. En Euskadi, además, la vivienda constituye una preocupación económica importante para numerosos hogares.
La negociación colectiva debería incorporar mecanismos eficaces de protección del poder adquisitivo y prestar atención a las diferencias territoriales. No basta con publicar porcentajes. Hay que analizar el resultado real de esos porcentajes.
La evolución acumulada de los salarios debe compararse con la inflación del mismo periodo, utilizando conceptos retributivos homogéneos.
No vamos a inventar una pérdida salarial histórica que todavía no hemos calculado. Pero tampoco vamos a aceptar que cualquier incremento nominal se presente automáticamente como una recuperación económica.
Una subida que se consume en el supermercado, el alquiler y los suministros no puede venderse sin más como una gran victoria salarial.
Los "PES": Mejoras que no deberían depender de la suerte de cada servicio
En diferentes centros de trabajo se negocian o aplican pluses específicos de servicio o puesto, conocidos como "PES".
CISPE defiende las mejoras económicas que consigan las plantillas, ni pretendemos eliminar esos complementos ni perjudicar a quienes los perciben, pero su existencia plantea una cuestión estructural.
- ¿Por qué trabajadores con la misma habilitación profesional pueden depender de acuerdos particulares para mejorar sustancialmente su remuneración?
- ¿Por qué determinados centros consiguen complementos mientras otros permanecen sujetos exclusivamente a las condiciones generales?
- ¿No debería existir un suelo económico suficientemente sólido para todos?
Los PES pueden estar plenamente justificados cuando compensan circunstancias objetivamente diferenciadas, pero no deberían sustituir la mejora general del salario sectorial.
El PES debe ser una mejora adicional, no el parche que compensa las insuficiencias del convenio
CISPE defiende un modelo de tres niveles:
- Un convenio estatal fuerte que garantice condiciones dignas para toda la profesión.
- Un ámbito autonómico que permita negociar mejoras económicas y sociales adaptadas a Euskadi.
- Y acuerdos específicos de servicio para compensar circunstancias adicionales, con garantías claras sobre su aplicación y continuidad.
Especial atención merecen la subrogación, la compensación y absorción y la naturaleza jurídica de cada complemento.
No todos los PES tienen necesariamente las mismas características. Por eso deben analizarse individualmente antes de afirmar que se mantienen, se absorben o se transmiten automáticamente.
Conciliación: Siete días de antelación no resuelven todos los problemas
El convenio estatal contiene mejoras sociales que debemos reconocer. Entre ellas, determinados permisos superiores a los mínimos generales y un día de asuntos propios sujeto a condiciones que todos conocemos. También establece reglas sobre descansos y libranza de fines de semana.
Sin embargo, las particularidades de la seguridad privada requieren una regulación especialmente exigente.
El convenio contempla, con carácter general, una antelación mínima de siete días naturales para comunicar las órdenes mensuales de trabajo. Esa previsión puede resultar insuficiente para organizar adecuadamente la vida familiar en servicios con turnos, noches y festivos.
La previsibilidad de los cuadrantes debería constituir una prioridad negociadora.
También deberían serlo la estabilidad de los descansos, la protección de la salud laboral y las garantías frente a modificaciones organizativas.
No basta con disponer de permisos reconocidos sobre el papel. Es necesario que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin dificultades desproporcionadas.
Y debemos distinguir entre los avances conseguidos mediante negociación colectiva y los derechos que proceden directamente de reformas legales generales.
Cumplir el Estatuto de los Trabajadores es obligatorio. La negociación colectiva debería servir para ir más allá.
Las Patronales y las Administraciones también tienen responsabilidad
La situación del sector no puede atribuirse exclusivamente a los sindicatos, las organizaciones empresariales participan en la negociación colectiva y tienen responsabilidad directa sobre las condiciones que se pactan, como también las administraciones públicas desempeñan un papel importante.
Una parte relevante de los servicios de seguridad privada se presta en instalaciones públicas, mediante contratos sometidos a procedimientos de licitación. Siendo las condiciones económicas de esos contratos las que influyen en la organización y prestación de los servicios.
La contratación pública debe respetar la legislación aplicable, pero también debe permitir una prestación de calidad y el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales. No puede exigirse profesionalidad, continuidad, formación y responsabilidad mientras se trata el coste laboral como una variable que debe reducirse permanentemente.
La calidad de la seguridad privada depende también de las condiciones en las que trabajan sus profesionales.
Sindicalismo Profesional: Una voz que necesita más fuerza
CISPE es una organización especializada en seguridad privada, nuestra actividad sindical se centra en los problemas concretos de esta profesión.
Conocemos sus cuadrantes, sus turnos, sus procesos de subrogación, sus condiciones económicas y los conflictos que surgen diariamente en los servicios. Lo que defendemos es que la especialización permite situar las necesidades de la profesión en el centro de la actividad sindical.
Las organizaciones mayoritarias tienen legitimidad para representar a los trabajadores pero también deben demostrar que esa representación se traduce en propuestas y resultados.
CISPE dispone actualmente de cuatro representantes en el informe electoral de Euskadi. No ocultamos nuestra dimensión.
Sabemos que nuestra capacidad de negociación depende también de la representatividad que nos otorguen los trabajadores por eso defendemos que el sector necesita una participación más activa y una evaluación crítica del trabajo de todas las organizaciones.
La representación sindical no pertenece a nadie. Se gana y se renueva con trabajo, transparencia y resultados.
Una propuesta concreta: Volver a intentarlo
CISPE considera necesario impulsar una nueva iniciativa formal para negociar un convenio autonómico de seguridad privada en Euskadi. Reclamando para ello, a las organizaciones con legitimación suficiente que estudien conjuntamente una plataforma negociadora.
Esa plataforma debería abordar mejoras salariales, complementos territoriales, garantías de poder adquisitivo y derechos sociales en las materias legalmente disponibles.
Al mismo tiempo, reclamamos que la negociación estatal asuma objetivos concretos de reducción de jornada, mejora de descansos y conciliación.
No proponemos enfrentar a los trabajadores de distintos territorios, es necesario construir un suelo estatal sólido y permitir mejoras adicionales allí donde exista capacidad jurídica y negociadora.
Tampoco proponemos eliminar los acuerdos específicos de servicio, proponemos que esos acuerdos sean verdaderamente adicionales a unas condiciones generales dignas.
La negociación colectiva debe dejar de funcionar como una sucesión de parches y empezar a construir un modelo coherente de reconocimiento profesional.
A los sindicatos mayoritarios: Menos propaganda y más resultados
No cuestionamos la legitimidad electoral de CCOO, UGT, USO o ELA. Cuestionamos la suficiencia de los resultados obtenidos y la ausencia de una transformación profunda de las condiciones del sector.
- Las tres primeras organizaciones han suscrito el convenio estatal vigente.
- Las cuatro concentran prácticamente toda la representación electoral en Euskadi.
Por tanto, tienen capacidad de influencia y una responsabilidad representativa especialmente relevante. Los trabajadores merecen saber qué objetivos están dispuestas a defender.
- Si apoyan una nueva negociación autonómica.
- Si consideran suficiente la jornada de 1.782 horas.
- Si van a impulsar una estructura salarial más sólida.
- Si están dispuestas a reclamar mayores garantías de conciliación.
- Y qué compromisos concretos pueden asumir para los próximos años.
No queremos más declaraciones genéricas. Queremos propuestas, iniciativas, negociaciones y resultados comprobables.
Porque la seguridad privada no necesita que cada convenio se presente como una victoria histórica, necesita que sus condiciones de trabajo mejoren de manera efectiva.
CISPE exige un cambio de modelo
251 representantes sindicales en Euskadi.
El 92,43 % concentrado en cuatro organizaciones.
Nueve años desde el intento de negociar un convenio autonómico.
Una jornada general de 1.782 horas que continúa sin reducirse.
Un salario base de vigilante que, considerado aisladamente, es inferior a la referencia mensual del SMI de 2026.
Una inflación que puede absorber buena parte de las subidas pactadas.
Y una profesión que necesita reconocimiento económico, social y laboral.
No negamos los avances pero tampoco aceptamos que se utilicen para ocultar todo lo que sigue pendiente.
- Exigimos una negociación autonómica seria.
- Exigimos un convenio estatal más ambicioso.
- Exigimos reducción de jornada.
- Exigimos salarios acordes con nuestras responsabilidades.
- Exigimos conciliación real.
Y exigimos que las organizaciones sindicales rindan cuentas de su actuación no sólo a su afiliación sino a quienes les han legitimado a estar ahí.
A las patronales les reclamamos voluntad negociadora.
A las administraciones, responsabilidad en la contratación de servicios.
A los sindicatos mayoritarios, compromisos verificables.
Y a los trabajadores, participación y espíritu crítico.
Porque después de tantos años ya no basta con firmar convenios. Hay que cambiar las condiciones de trabajo.
