Desde nuestro sindicato, independiente y 100% enfocado en la seguridad privada en Euskadi —sin subvenciones ni liberados que nos aten las manos—, queremos poner el foco en una práctica tan habitual como perjudicial para el sector: el engaño sistemático en las licitaciones y concursos públicos (plicas).
Cada vez que una administración pública saca a licitación un contrato de seguridad —ya sea para la vigilancia de edificios, polideportivos, hospitales, servicios de transporte o contratos de protección—, se pone en marcha una dinámica perniciosa. Los pliegos de condiciones técnicas, que definen el perfil del contratante y de obligado cumplimiento posterior, establecen una serie de opciones y criterios con los que las empresas pueden rascar puntos de forma indiscriminada. Atrapadas en una carrera por rebajar el precio al límite, las compañías de seguridad privada compiten inflando artificialmente sus propuestas técnicas con compromisos y mejoras que saben perfectamente que jamás van a cumplir.
¿Cómo funciona la trampa de las plicas?
Para ganar puntos y hacerse con el concurso público, las empresas adjudicatarias llenan los pliegos de condiciones técnicas con supuestas mejoras gratuitas que encandilan a los órganos de contratación. Entre las más habituales nos encontramos con:
- Formación adicional y especializada: Cursos específicos para la plantilla (violencia de género, nuevas tecnologías, idiomas, etc.) que se prometen como horas formativas anuales, pero que luego se quedan en papel mojado o se imparten en condiciones precarias y fuera de horario sin compensar.
- Medios materiales avanzados: Terminales de comunicación de última generación, sistemas de geolocalización (pensados tanto para el control como para una respuesta rápida ante situaciones de necesidad y auxilio), vehículos con las características exigidas en los pliegos y la obligación de disponer de vehículos de sustitución con esas mismas prestaciones en caso de necesidad —algo que con frecuencia se incumple por completo o se suple con medios inadecuados—, además de medios materiales para la protección y autodefensa del personal, todo lo cual brilla por su ausencia tras la firma del contrato.
- Mejoras de organización y turnos: Supuestas bolsas de horas de libre disposición, refuerzos en fechas señaladas o coberturas de bajas que nunca se materializan, dejando al personal bajo mínimos. Esta situación provoca que, especialmente en periodos de máxima actividad, se acumulen excesos de jornada que superan con creces el marco legal establecido, derivando además en una continua vulneración de los descansos compensatorios.
El coste real lo pagan los profesionales de la seguridad
El resultado de esta dinámica es perverso. Las empresas ganan el concurso a costa de prometer lo que no pueden (o no quieren) pagar, y una vez dentro de la instalación, la realidad es bien distinta:
- Carencias materiales: Trabajamos con recursos obsoletos o insuficientes, poniendo en riesgo nuestra seguridad diaria.
- Negación de derechos formativos: Se nos escamotea la formación continua a la que supuestamente la empresa se comprometió contractualmente.
- Presión operativa: La falta de los medios prometidos recae directamente sobre el hombro del vigilante, obligado a "sacar el servicio adelante" con menos recursos de los estipulados sobre el papel.
Nuestra postura como sindicato
Desde nuestra organización sindical lo decimos alto y claro: Basta de competencia desleal a costa de nuestra salud y profesionalidad. Exigimos a las administraciones públicas vascas un control real y efectivo de la ejecución de las plicas. No vale con adjudicar al mejor postor sobre el papel; hay que fiscalizar que lo prometido se cumpla desde el primer día.
Seguiremos vigilantes, denunciando estas prácticas y exigiendo lo que es nuestro por derecho.
