Una subrogación no debería convertirse en la firma de nuevas obligaciones laborales

15 Nov 2026

CISPE cuestiona la inclusión de cláusulas adicionales en la documentación de una subrogación del servicio de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.

Una subrogación laboral tiene una finalidad clara: garantizar la continuidad de las relaciones laborales cuando cambia la empresa adjudicataria de un servicio, respetando los derechos reconocidos por la legislación y el convenio colectivo.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando, junto al documento que formaliza ese cambio, se presentan al trabajador nuevas obligaciones que van mucho más allá de la subrogación?

Esta es la situación que ha llegado recientemente al Sindicato Profesional de Seguridad Privada (CISPE), con motivo del cambio de adjudicataria del servicio de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, de ALSE a PROSEGUR.

Las personas trabajadoras han recibido un documento para su firma, acompañado de una comunicación que indicaba un plazo de validez de 24 horas.

La primera página recogía las condiciones propias de la subrogación: identificación de las empresas, antigüedad, categoría profesional y conservación de los derechos laborales. Hasta aquí, nada especialmente llamativo.

El problema aparece en las páginas siguientes

El documento incorporaba cláusulas adicionales relacionadas con la cesión de datos personales a terceros, autorizaciones para comunicaciones comerciales, control empresarial mediante imágenes y sonidos y obligaciones de confidencialidad.

Entre estas últimas destaca una previsión especialmente preocupante: una indemnización mínima equivalente a dos anualidades del salario total del trabajador en caso de incumplimiento del deber de secreto profesional. ¡Tela!

Desde CISPE consideramos necesario cuestionar la proporcionalidad y el alcance de una estipulación de estas características, especialmente cuando se presenta dentro de la documentación de una subrogación laboral.

No discutimos que las empresas tengan derecho a proteger su información confidencial, garantizar la seguridad de los datos personales o ejercer las facultades de control que legalmente les corresponden.

Lo que cuestionamos es que se aproveche un trámite de continuidad laboral para solicitar la aceptación de obligaciones adicionales cuya necesidad y alcance no han sido suficientemente explicados.

La subrogación no es una nueva contratación

El Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad regula las condiciones en las que debe producirse el cambio de adjudicataria y la continuidad de las relaciones laborales.

Cuando concurren los requisitos establecidos, la subrogación no depende de que el trabajador acepte nuevas condiciones contractuales.

Por eso, consideramos que las empresas deberían diferenciar claramente la documentación necesaria para formalizar la subrogación de cualquier otro acuerdo o consentimiento adicional.

También resulta importante que los trabajadores dispongan de información suficiente y tiempo razonable para examinar documentos que pueden afectar a sus derechos.

Un plazo de firma de 24 horas, aunque no constituye por sí mismo una infracción, merece especial atención cuando el documento contiene obligaciones económicas de considerable importancia.

Desde CISPE estamos examinando el alcance de esta documentación. Por el momento, no tenemos acreditado que se haya impuesto su aceptación como condición para incorporarse, ni que se haya distribuido de forma generalizada a todos los trabajadores afectados.

Precisamente por ello, consideramos necesario que PROSEGUR aclare el carácter obligatorio o voluntario de las cláusulas adicionales y garantice expresamente que su rechazo no perjudicará los derechos derivados de la subrogación.

Los derechos laborales no deberían quedar condicionados a la aceptación de obligaciones ajenas al cambio de adjudicataria

La seguridad jurídica exige transparencia, respeto al convenio colectivo y una separación clara entre las obligaciones legales de los trabajadores y aquellos compromisos que requieren una aceptación específica.

CISPE continuará defendiendo estos principios y valorará las actuaciones sindicales y legales que correspondan en función de los hechos que se acrediten.

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